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Imputan en Nicaragua a opositores que intentaron ayudar a mujeres en huelga de hambre

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Managua (AFP)

La Fiscalía de Nicaragua llevó ante la justicia por tenencia de armas restringidas a la líder estudiantil de origen belga Amaya Coppens y a otros 15 opositores que intentaron auxiliar a un grupo de mujeres en huelga de hambre, informó este lunes un grupo humanitario.

Los detenidos fueron acusados de "delitos relacionados con armas de fuego" en perjuicio de la seguridad pública, confirmó a la AFP la abogada María Oviedo, de la independiente Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

"Esa acusación es infundada, es una falacia, jamás esos jóvenes se van a atrever a andar con un armamento ilegal", dijo Oviedo, quien afirmó que el proceso es parte de una represalia política contra los opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega.

La policía informó que los opositores fueron capturados el pasado jueves con 12 artefactos explosivos, una escopeta, tres revólveres y cuatro armas de fuego, y los acusó de pretender cometer "actos terroristas" en los departamentos de Managua, León y Chinandega (occidente).

"Tenían planificado continuar realizando actos terroristas contra edificios, unidades policiales, alcaldías municipales y monumentos", dijo en rueda de prensa el comisionado Victoriano Ruiz, segundo Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.

Los opositores fueron detenidos tras intentar llevar agua a 11 mujeres que están en huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Masaya, 30 km a al sureste de Managua, para exigir la liberación de unos 139 opositores presos, en el marco de la llamada campaña "Navidad sin presos políticos".

El gobierno de Ortega no reconoce que en Nicaragua haya presos por motivos políticos.

Este lunes, otros nueve opositores –siete mujeres y dos hombres– iniciaron una huelga de hambre en la Catedral de Managua como parte de la misma campaña para liberar a los detenidos por las protestas, informó a la AFP la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

La policía mantiene sitiada la parroquia de Masaya para impedir el acceso a las huelguistas, que este lunes cumplen cinco días de ayuno, y las autoridades cortaron además el servicio de agua, mientras la policía mantiene sitiado el lugar.

José Borgen, un médico que intentó sin éxito entrar a la iglesia de Masaya, dijo que a los problemas de deshidratación que padecen las huelguistas, se agrega el estrés que les causa "el asedio policial".

Los uniformados también cortaron el acceso a la catedral de Managua.

Los detenidos fueron trasladados este lunes esposados y con uniformes azules a los juzgados de Managua, donde un juez decidirá la apertura de juicio, según fotografías divulgadas por la CPDH.

El delito de tenencia ilegal de armas conlleva una sentencia de seis a ocho años de prisión, según Oviedo.

Coppens, de 25 años, es una de las líderes del movimiento estudiantil que en abril del 2018 salió a protestar junto a miles de nicaragüenses contra el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007.

La joven, de doble nacionalidad belga y nicaragüense, fue encarcelada por primera vez en septiembre del 2018, en medio de la represión contra los manifestantes, que dejó al menos 325 muertos y cerca de 70.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Fue liberada en junio pasado junto a cerca de 500 manifestantes presos, bajo una polémica ley de amnistía.

Fue detenida nuevamente el jueves pasado en compañía de otros líderes sociales, tras solidarizarse con las mujeres en huelga de hambre.

- Otros cuatro detenidos -

La policía indicó que otras cuatro personas fueron detenidas por cargos de intentar volar con explosivos un puente y una torre eléctrica en el occidente del país.

La Secretaria General de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el domingo el "asedio y hostigamiento a los familiares de presos políticos" en Masaya y la detención "improcedente, abusiva y arbitraria" del grupo que intentó ayudar a las mujeres en huelga de hambre, de quienes pidió su "inmediata liberación"

Los opositores denuncian que muchas viviendas de manifestantes que fueron excarcelados bajo la amnistía han sido asediadas por la policía, y en algunos casos han sido recapturados, como ocurrió con Coppens.

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