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El gobierno de Ortega volvió "inviable" la democracia en Nicaragua, dice Comisión OEA

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Washington (AFP)

El gobierno de Daniel Ortega volvió "inviable" la democracia en Nicaragua, concluyó el martes la comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creada para buscar una solución pacífica a la crisis en el país centroamericano.

Nicaragua está sumida en una crisis política y social desde las masivas protestas que estallaron en abril de 2018 contra el gobierno de Ortega, cuya represión dejó cientos de muertos y detenidos y decenas de miles de exiliados a los países vecinos.

"La Comisión entiende que los mecanismos de control y subordinación que el Gobierno de Nicaragua ha venido desarrollando hacia los demás poderes del Estado, incluidos los poderes Legislativo, Judicial y el Consejo Supremo Electoral, entre otros, hacen inviable el funcionamiento democrático del país, transformándolo en un Estado cooptado e incompatible con el Estado de derecho", concluyó la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre Nicaragua.

El grupo, creado en la Asamblea General de la OEA en junio en Medellín y conformado en agosto con representantes de Argentina, Canadá, Estados Unidos, Jamaica y Paraguay, señaló una "alteración del orden constitucional" en el país por las acciones de Ortega.

"La Comisión opina que la grave y continua violación de derechos humanos, así como el abuso de poder por el Gobierno de Nicaragua contravienen su propia Constitución de 1987, lo que da lugar a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua, como se describe en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana", indicó.

La "crítica situación" en Nicaragua requiere la "urgente atención" de la comunidad internacional, dijo el grupo, señalando que para restablecer la democracia se deben restaurar las "cercenadas libertades civiles y políticas" y hacer reformas institucionales, en primer lugar para poder celebrar "elecciones justas, libres y transparentes".

La represión de las manifestaciones antigubernamentales en Nicaragua, que surgieron por una reforma propuesta del sistema de seguridad social pero derivaron en un movimiento para que Ortega abandonara el poder, dejó al menos 328 muertos, 130 detenidos y 88.000 exiliados, según el último reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA.

- "Persecución estatal" -

El martes, la CIDH condenó "la persecución estatal a la que son crecientemente sometidas en Nicaragua las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familias" y urgió a las autoridades "a cesar la represión y el cierre de los espacios democráticos".

Ortega, en el poder desde 2007, denunció las movilizaciones opositoras como un intento fallido de golpe de Estado respaldado por Washington.

En su informe, la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre Nicaragua dijo que el gobierno de Ortega se negó a reunirse con sus integrantes, a quienes se les prohibió el ingreso al país.

"No obstante, la Comisión pudo escuchar los testimonios de varias víctimas y partes interesadas", indicó, destacando el apoyo de El Salvador para facilitar allí reuniones con "importantes testigos".

Ante la negativa del gobierno de Ortega de colaborar o regresar al diálogo con la oposición, terminado por el mandatario el 30 de julio tras la suspensión de las pláticas en mayo, la Comisión declaró "infructuosas" las gestiones diplomáticas.

Por eso, recomendó al Consejo Permanente de la OEA, órgano ejecutivo que reúne a los 34 países activos en el bloque regional, que "declare que hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua y convoque inmediatamente un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General".

Fuentes de la OEA señalaron que no hay fecha aún para tratar el tema.

En un tuit, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, uno de los cinco integrantes de la Comisión, apoyó la convocatoria a una Asamblea General especial "para considerar los próximos pasos".

Además de Trujillo, integraron la Comisión Leopoldo Francisco Sahores, subsecretario de Asuntos de América de la cancillería de Argentina; Sébastien Sigouin, director para América Central, Cuba y República Dominicana de la cancillería de Canadá; y las embajadoras ante la OEA Audrey Marks (Jamaica) y Elisa Ruiz Díaz Bareiro (Paraguay).

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