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En Chile, el Gobierno rechaza el informe de Amnistía Internacional sobre abusos policiales

Detención violenta de un manifestante por los carabinerios durante una protesta contra el Gobierno en Santiago, Chile, el 21 de noviembre de 2019.
Detención violenta de un manifestante por los carabinerios durante una protesta contra el Gobierno en Santiago, Chile, el 21 de noviembre de 2019. Pablo Sanhueza / Reuters

La ONG denunció una “política de castigo” generalizada en contra de los manifestantes, entre los cuales se deploran muertos y miles de heridos. El Ejecutivo admitió posibles atropellos de las fuerzas de seguridad, para las cuales, insiste, habrá consecuencias ante la Justicia, pero rechaza “categóricamente” las conclusiones de la investigación de AI.

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Este jueves 21 de noviembre, Amnistía Internacional (AI) corroboró las denuncias formuladas por actores de la protesta que ha sacudido a Chile durante las últimas seis semanas. La ONG británica lamentó haber tenido que reportar agresiones que no se habían visto desde la dictadura de Pinochet y publicó sus conclusiones un día después de que Human Rights Watch se pronunciara con la misma severidad.

“Las fuerzas de seguridad (…) están llevando a cabo ataques generalizados utilizando fuerza innecesaria y excesiva con la intención de herir y castigar a los manifestantes”, resalta la nota publicada por AI, que además asegura que no “son incidentes aislados o esporádicos, sino que revelan un patrón constante de violaciones en todo el país”.

“Cuando llegaron a un parque local, los soldados dispararon indiscriminadamente contra los manifestantes reunidos allí”, detalla la organización refiriéndose a la muerte de dos personas sobre un total de cinco que perdieron la vida a causa del actuar del ejército o de los carabineros (policía nacional).  En los casos mencionados, se evidenció el uso de “armas de grado militar”, sin aviso previo, contra manifestantes desarmados. En total se cuentan 23 muertos en Chile desde el inicio de las manifestaciones. 

Miles de heridos y tiempos que recuerdan a Pinochet

Amnistía Internacional registró también casos de maltratos, de torturas e incluso de abusos sexuales por parte de los agentes del Estado, que dejaron también a miles de heridos. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entre el 17 de octubre y este jueves 21 de noviembre, se registraron 2.535 heridos entre los más de 1.500 sufrieron disparos de balas, perdigones, balines o armas de fuego no identificadas. En medio de este balance, se contabilizan 223 lesiones oculares. Se sospecha que fueron perpetradas por un uso indebido de los balines o de perdigones, cuyo uso fue suspendido esta semana a raíz de esta polémica.

“Hemos tenido que enviar a nuestro equipo de crisis, un equipo que cubre generalmente situaciones de gran magnitud y que este año ha estado en Honduras y en Venezuela, países donde generalmente vemos una constante violación a los derechos humanos", explicó a la agencia de noticias EFE Erika Guevara, la directora para las Américas de AI. "Nos sorprende ver y documentar casos de tortura que son bastante similares a los casos de tortura que Amnistía Internacional documentó hace 30 años bajo la dictadura de (Augusto) Pinochet en Chile”, enfatizó, “no esperábamos que el Estado respondiera de esta manera tan brutal”.

 

 

“No es suficiente investigar a quien cometió directamente la violación a los derechos humanos, también se tienen que investigar a los mandos que, o bien ordenaron, o bien toleraron los atropellos”, dijo la representante de la ONG, que apunta al papel de la cadena de mando en esta crisis.

El Gobierno rechaza el informe de Amnistía Internacional al tiempo que promete cambios

El Presidente, Sebastián Piñera, respondió a estas acusaciones admitiendo que “en algunos casos no se cumplieron los protocolos, no se cumplió la ley, se cometieron excesos, se pudo cometer abusos, todo eso está siendo investigado por la fiscalía y va a ser conocido y juzgado por los tribunales de justicia”, insistiendo en el papel de la Fiscalía, que ya abrió varias investigaciones.

La subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno, Lorena Recabarren, por su parte, rechazó “categóricamente” las conclusiones de Amnistía Internacional. “El informe que hemos conocido hoy lamentablemente incluye aseveraciones que son irresponsables sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas”, aseveró la funcionaria, quien criticó a la ONG por “ni siquiera solicitar información al Gobierno”.

 

 

Recabarren resaltó la existencia de “un proyecto de ley que significa una profunda modernización de Carabineros, con especial énfasis en la formación del respeto y resguardo” de los derechos fundamentales y recordó de paso que el Presidente Piñera invitó a la “Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a la organización Human Right Watch (HRW) a visitar nuestro país y observar la situación”.

Fue precisamente al salir de este encuentro que el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, aseguró que no había “duda” acerca de la responsabilidad de las autoridades en cuanto a la existencia de los abusos denunciados.

Estas duras críticas en contra de la gestión de la seguridad por parte del Gobierno, que hablaba de una “guerra” al inicio del movimiento, llegan mientras arrancó un proceso político de largo aliento que surgió de las demandas de los manifestantes: la aprobación de una hoja de ruta para un proceso constituyente que podría desembocar en la redacción de una Carta Magna totalmente nueva. Los chilenos será consultados, a través de un plebiscito, en abril de 2020. 

Con Reuters y EFE

 

 

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