Argentina: polémica sobre el aborto ocasionó ira de Macri y renuncia de secretario

A menos de tres semanas de dejar su cargo como presidente de Argentina, Mauricio Macri volvió a poner sobre la mesa uno de los temas más polémicos de su mandato: el aborto.

Este viernes 22 de noviembre de 2019, su Gobierno derogó la Resolución 3158 de 2019 que actualizaba el protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), un documento firmado apenas dos días atrás por su secretario de Salud, Adolfo Rubinstein.

Según Macri, "la resolución citada fue dictada por la Secretaría de Gobierno de Salud sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas".

Tomar una decisión sin consultar a su jefe le costó el cargo a Rubinstein, quien presentó renuncia irrevocable efectiva a partir del lunes 25 de noviembre, tras expresar su inconformismo con la derogatoria de la medida. El Gobierno considera que hubo una reprochable “decisión unilateral” de su parte.

Y aunque parezca una simple discrepancia por la supremacía del jefe de Estado Argentino sobre uno de sus funcionarios, el tema tiene tanto de ancho, como de largo.

El protocolo de la discordia

La polémica estalló el miércoles, luego de la publicación en el Boletín Oficial de una actualización del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, firmada por Adolfo Rubinstein.

El protocolo propuesto habría ampliado los criterios bajo los cuales se permite el aborto. Por ejemplo, consideraba que todas las niñas embarazadas de 13 años o menos que hubieran sido violadas, eran elegibles para el aborto. Incluso, todas las niñas de 15 años o menos que hubieran tenido "riesgos físicos y psicológicos".

También garantizaba a las adolescentes el poder decidir abortar en los supuestos que hoy son legales, sin depender de la decisión de sus padres o de los médicos y siempre que no supusiera un riesgo grave para su salud.

El código penal argentino, que se remonta a 1921, solo permite interrumpir el embarazo en Argentina en casos de violación o amenaza a la vida o la salud de la madre, aunque las autoridades locales tienen la potestad para decidir qué casos están bajo los criterios.

Sin embargo, en diversas ocasiones se han dado casos de niñas -mayores y menores de 13 años- que quisieron abortar y, por conflictos con las autoridades de su provincia, su propia familia o los médicos, por la objeción de conciencia, no pudieron hacerlo.

Grietas en el oficialismo

El mayor ejemplo de discordancia sobre lo ocurrido con el protocolo llegó desde la Unión Cívica Radical (UCR) -la más histórica de las formaciones que integran el oficialismo- que dio su apoyo al secretario e incluso elaboró -de mano de varios diputados radicales- un proyecto para convertir en ley la controvertida resolución derogada.

Para el conservador Mauricio Macri, Rubinstein actuó más allá de su autoridad al firmar este nuevo protocolo. El funcionario se defendió diciendo que la publicación del mismo respondió a la necesidad de actualizar la normativa actual sobre el tema, adaptándola al Código Civil argentino e incluyendo las recomendaciones internacionales acerca de los medicamentos y procedimientos para esta práctica.

“La resolución lamentablemente derogada daba el marco jurídico y normativo que varias provincias argentinas reclamaban para reforzar las acciones necesarias (…) para realizar la ILE en personas gestantes, incluidas niñas adolescentes en condiciones seguras y con los mejores estándares de calidad", afirmó Rubenstein.

Y defendió su postura de que el protocolo era de competencia de la autoridad sanitaria, por lo que no tenía que consultar con otros organismos gubernamentales. Pero Mauricio Macri no lo ve con los mismos ojos.

“Nosotros somos un equipo de trabajo. Desde el primer día yo aposté, al igual que en todas las cosas de mi vida, a trabajar en equipo, debatir y discutir”, afirmó el mandatario.

Aborto: un tema controversial

El aborto es un tema muy polémico en Argentina. El Ministerio de Salud estima que hay al menos 350.000 interrupciones ilegales del embarazo cada año en el país, aunque los grupos internacionales de derechos humanos dicen que el número puede ser mayor.

El presidente electo Alberto Fernández, quien asumirá el cargo el próximo 10 de diciembre, dijo que favorece los derechos al aborto y prometió enviar un proyecto de ley al Congreso una vez que esté en el poder.

Las propuestas para ampliar la disponibilidad del aborto han sido rechazadas entre la Cámara Baja y el Senado durante años, lo que ha generado múltiples protestas y hasta la creación de varios movimientos que constantemente se manifiestan a favor de la legalización.

En mayo pasado, por octava vez en poco más de una década y tras el último fracaso de 2018, diversas organizaciones volvieron a presentar en el Congreso el proyecto de ley para lograr el aborto legal, seguro y gratuito, que busca que todo ser gestante pueda interrumpir legalmente su embarazo en el sistema de salud hasta las 14 semanas, y más allá de ese plazo para los supuestos ya permitidos.

Con EFE y Reuters