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El acuerdo de paz en Colombia cumple tres años con más retos que victorias

Un simpatizante de la FARC se manifiesta en los alrededores de la Oficina del Fiscal General en Bogotá el 9 de abril de 2018, en contra de la detención del ex negociador de paz de las FARC, Jesús Santrich, a solicitud de un tribunal de Estados Unidos por narcotráfico
Un simpatizante de la FARC se manifiesta en los alrededores de la Oficina del Fiscal General en Bogotá el 9 de abril de 2018, en contra de la detención del ex negociador de paz de las FARC, Jesús Santrich, a solicitud de un tribunal de Estados Unidos por narcotráfico Raúl Arboleda / AFP

Hace tres años que la guerrilla de las FARC aceptó dejar sus armas gracias a un pacto con el Gobierno colombiano. Sin embargo, la implementación avanza lentamente bajo el Ejecutivo del conservador Iván Duque. 

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Los que entonces eran comandantes de la guerrilla son ahora senadores. Los que fueron negociadores del acuerdo de paz anunciaron su regreso a las armas. Los que rechazaron el pacto en el plebiscito de 2016 son ahora los encargados de implementar el acuerdo.

Han cambiado muchas cosas desde que el líder de la entonces guerrilla Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmaran el acuerdo de paz definitivo en Bogotá, la capital del país. Desde entonces, el 24 de noviembre de 2016, hace exactamente tres años, la implementación avanza entre enormes retos y episodios de violencia que aún sacuden buena parte de Colombia. 

Los protagonistas del episodio recordaron la necesidad de un fuerte compromiso con el acuerdo. Santos fue contundente: "Una paz imperfecta siempre será mejor que una guerra perfecta". Londoño subrayó que el partido político FARC surgido de la guerrilla sigue "firme por el sueño de un país en paz y reconciliado". 

Por su parte, la sociedad civil reclama más voluntad política al Gobierno colombiano de Iván Duque, quien forma parte del partido Centro Democrático y que se opuso a los diálogos de paz desde su inicio. En medio de la ola de protestas que atraviesa el país, una de las denuncias que más se escucha es la violencia que aún no ha abandonado todos los rincones de Colombia.

La reforma rural o la sustitución de cultivos no avanza

"El país percibe que el proceso de paz no está siendo implementado. El Gobierno dice estar comprometido con el cumplimiento de algunos puntos y tiene objeciones a otros, pero la mayor parte de los compromisos asumidos no están siendo llevados a cabo". Así opinó en una entrevista con France 24  Alberto Yepes, el director del Observatorio de los derechos humanos de la plataforma Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Coeuropa).

El Instituto de Estudios Internacionales de Paz Kroc pone números a esa afirmación. Según la entidad, encargada de monitorear la implementación, "más de un tercio" de los compromisos del acuerdo "se han completado o han avanzado sustancialmente, mientras que "el 30% de los compromisos no han iniciado su implementación". 

Un simpatizante de la FARC se manifiesta en los alrededores de la Oficina del Fiscal General en Bogotá el 9 de abril de 2018, en contra de la detención del ex negociador de paz de las FARC, Jesús Santrich, a solicitud de un tribunal de Estados Unidos por narcotráfico.
Un simpatizante de la FARC se manifiesta en los alrededores de la Oficina del Fiscal General en Bogotá el 9 de abril de 2018, en contra de la detención del ex negociador de paz de las FARC, Jesús Santrich, a solicitud de un tribunal de Estados Unidos por narcotráfico. Luis Robayo / AFP

En su último informe, que analiza la situación hasta abril de 2019, el Instituto destacó que solo dos áreas del total de seis que incluía el documento se acercan al 50% del cumplimiento, y se tratan sobre todo de los puntos que hablan del fin del conflicto, la dejación de armas, la transición de la guerrilla a la vida política y la implementación de los sistemas de verificación al avance del acuerdo. Por contra, hay apartados especialmente olvidados, como la reforma rural o la sustitución de cultivos. 

Según Yepes, los temas que han visto menos avances son aquellas "reformas estructurales" que estaban destinadas a "atacar las causas que originaron y agudizaron el conflicto", como la distribución desigual de tierras o el narcotráfico. "Este Gobierno no está interesado en la reforma rural", sentenció el director del Observatorio. 

De hecho, desde que Iván Duque se convirtió en presidente de Colombia en agosto de 2018, "el ritmo del proceso de implementación se ha ralentizado", según el Instituto Kroc, que lo atribuye a el reajuste de "la nueva administración". "El Gobierno ha introducido un nuevo marco conceptual y político centrado en la legalidad", agregó el documento. 

El presidente colombiano, Iván Duque, habla al país desde Bogotá tras las primeras movilizaciones del paro nacional, el 22 de noviembre de 2019
El presidente colombiano, Iván Duque, habla al país desde Bogotá tras las primeras movilizaciones del paro nacional, el 22 de noviembre de 2019 Presidencia de Colombia vía Reuters

Duque se comprometió a "no hacer trizas" el acuerdo de paz, a pesar de haberse opuesto a él. Sin embargo, organizaciones y entidadaes, además de la propia FARC, denuncian una falta de voluntad política para impulsarlo. Por ejemplo, el nuevo Ejecutivo recuperó la erradicación forzada de los cultivos ilícitos de coca, una práctica que no se contemplaba en el acuerdo sino que se apostaba por la sustitución voluntaria como método a largo plazo

"El Gobierno hace una simulación de que sí está comprometido (...) pero en realidad hay parálisis e involución", aseguró Yepes. El Instituto Kroc, en cambio, dio margen al optimismo: "A pesar de los retos que existen en el proceso de paz, estos niveles de implementación son comparables con otros acuerdos" alrededor del mundo. 

Sigue la violencia contra líderes sociales y exguerrilleros

Uno de los peores retos de la paz en Colombia es el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos en las zonas rurales del país. La organización Somos Defensores registró 59 homicidios solo en la primera mitad de 2019. Es la cifra más alta contabilizada por la plataforma. Estos homicidios no han dejado de aumentar desde 2013, en el inicio de los diálogos de paz. En ese año, los asesinatos fueron 78. Solo cinco años después, en 2018, alcanzaron los 155, dos veces más. 

"En la mayoría de asesinatos a líderes sociales no se sabe quién es su autor, aparecen como actores desconocidos, lo que evidencia un esfuerzo por ocultar quién está detrás", analizó Yepes. El director del Observatorio agregó que es una evidencia de dos de los principales incumplimientos del Estado respecto al acuerdo de paz: por un lado, "el desmantelamiento del paramilitarismo", y por otro "la obligación de hacer presencia institucional" en los territorios abandonados por la guerrilla "para garantizar los derechos de las personas". 

Personas se manifiestan en Bogotá el 30 de octubre de 2019 contra una ola de asesinatos contra líderes indígenas en el departamento del Cauca
Personas se manifiestan en Bogotá el 30 de octubre de 2019 contra una ola de asesinatos contra líderes indígenas en el departamento del Cauca Luisa Gonzalez / Reuters

Según el Kroc, "la falta de garantías adecuadas para la seguridad de líderes sociales" es un "gran reto" para la paz en Colombia. "Muchos territorios no cuentan con suficiente protección, lo que pone en riesgo a las comunidades", agregó el Instituto. Además, también puso sobre la mesa el asesinato de exguerrilleros de las FARC: según la Fiscalía, 129 antiguos combatientes han muerto desde la firma del acuerdo, mientras que el partido FARC denuncia que son 170. 

Estos agravios contra los exguerrilleros se suman, en opinión de Yepes, a los problemas que presenta su reincorporación a la vida civil. "Los proyectos productivos que se les prometieron no se llevaron a cabo", apuntó. Las últimas cifras de la Agencia Nacional para la Reincorporación muestran 12.958 exguerrilleros en el proceso de transición civil, mientras que solo 1.244 participan en algún proyecto productivo activo. Eso supone el 9,6% del total de antiguos combatientes. 

Para Yepes, esta "falta de garantías" para los exguerrilleros podría empujarlos a sumarse a las disidencias de las FARC, grupos de guerrilleros que rechazaron el acuerdo de paz y que en algunos casos operan como bandas narcotraficantes mientras que en otros mantienen un ideario político. De hecho, uno de los mayores golpes a la línea de flotación de la paz fue cuando los excomandantes Iván Márquez y Jesús Santrich anunciaron su regreso a las armas en agosto de 2019, alegando una falta de seguridad jurídica y el incumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno.

Ambos habían sido altos cargos en la guerrilla y negociadores del mismo acuerdo de paz. Además, debían ocupar asientos en las cámaras parlamentarias colombianas. Sin embargo, se encuentran en paradero desconocido y aún no se sabe si lograron acuerdos con otros grupos disidentes. Yepes valoró que "no hay muchas posibilidades de que las FARC vuelvan a renacer y situarse en el mismo nivel que antes".

También mostró optimismo en el hecho de que "la gran mayoría de miembros de las antiguas FARC están absolutamente comprometidos (con la paz), eso es una esperanza para el país". 

Regresa el fantasma de los falsos positivos

Otro fantasma planea encima del Gobierno de Duque: los falsos positivos. Así se conoce en Colombia a los asesinatos extrajudiciales de civiles para hacerlos pasar como bajas militares. Esta práctica afectó el país especialmente durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), mentor del actual mandatario, y se calcula que se cobró 2.248 víctimas entre 1998 y 2014. Según una investigación del New York Times, altos cargos del Ejército habrían vuelto a implementar este método para mejorar sus registros militares. 

Una manifestante denuncia la muerte de menores de edad en un bombardeo del Ejército durante las movilziaciones del paro nacional en Cali,Colombia, el jueves 21 de noviembre
Una manifestante denuncia la muerte de menores de edad en un bombardeo del Ejército durante las movilziaciones del paro nacional en Cali,Colombia, el jueves 21 de noviembre Ernesto Guzmán / EFE


La noticia sacudió el país, pero no fue nada comparado con el escándalo que acaparó titulares hace apenas unas semanas: un bombardeo del Ejército mató al menos a ocho menores de edad, según la fiscalía, al atacar un campamento de disidentes. Otras investigaciones periodísticas apuntan a que los muertos llegaron a los 18. Cuando salió a la luz, el exministro de Defensa, Guillermo Botero, tuvo que renunciar.

Las manifestaciones que recorren el país a partir del paro nacional del jueves 21 de noviembre recuerdan esos asesinatos. La indignación que provocaron los hechos en amplios sectores sociales han sido uno de los motores que propulsaron las protestas que ya duran cuatro días consecutivos. 

Para Yepes, si "el Gobierno insiste en incumplir" las perspectivas de paz de Colombia "es fácil que se generen nuevos actores armados que prolonguen durante décadas la lucha armada". "El Gobierno tiene la posibilidad de corregir, y esta movilización nacional le indica esto" al Ejecutivo. 

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