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Piñera busca que militares se mantengan en las calles para proteger infraestructura

Soldados patrullan frente a la Casa de Gobierno en Santiago durante un toque de queda, el 21 de octubre de 2019.
Soldados patrullan frente a la Casa de Gobierno en Santiago durante un toque de queda, el 21 de octubre de 2019. Pedro Ugarte / AFP

El presidente de Chile anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas colaboren en el resguardo de “infraestructura crítica” sin la necesidad de decretar un estado de excepción. La iniciativa recibió cuestionamientos de la oposición.

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El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este domingo 24 de noviembre el envío al Congreso de un proyecto de ley que busca mantener a las Fuerzas Armadas en las calles para proteger infraestructura del país, sin la necesidad de decretar un estado de excepción y con el objetivo de liberar de esas funciones a los Carabineros.

En el marco de una visita a la escuela de suboficiales del cuerpo policial de Carabineros, el mandatario señaló que los militares podrían resguardar “infraestructura crítica, incluyendo servicios públicos esenciales como el sistema de abastecimiento eléctrico, de agua potable o la infraestructura policial” con la misión de sumar más oficiales policiales y “mejorar los mecanismos de control del orden público y dar un mejor resguardo a nuestros compatriotas”.

De aprobarse esta medida en el Legislativo, las Fuerzas Armadas podrían salir a las calles “sin necesidad de decretar Estados de Emergencia Constitucional, ni de restringir las libertades y derechos de los ciudadanos”, agregó Piñera.

La propuesta se da en medio de los centenares de denuncias que recaen sobre los agentes del Estado por posibles violaciones de derechos humanos en el marco de las acciones efectuadas para repeler las protestas que estallaron en el país desde el 18 de octubre, en reclamo por un modelo socioeconómico más equitativo.

Desde el inicio de las protestas, al menos 23 personas han muerto, miles han resultado heridas y más de 460 querellas fueron presentadas contra oficiales. El accionar de las fuerzas –principalmente de Carabineros, pero también del Ejército que, durante los primeros 9 días de protestas, patrullaron las calles en buena parte del país en el marco de los estados de emergencia decretados por el Gobierno- ha merecido duros cuestionamientos por parte de organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otras.

Piñera además anunció otras medidas como la asesoría profesional de las policías de España, Inglaterra y Francia a Carabineros para “mejorar su capacidad operativa” y la incorporación de 4.354 oficiales de carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI) en los próximos 60 días a partir del reintegro de personal recientemente retirado y con buenas calificaciones y del anticipo del egreso de nuevas camadas.

Legisladores de la oposición cuestionaron el proyecto de Piñera

En su alocución, Piñera consideró que el proyecto de ley para permitir que las Fuerzas Armadas protejan “infraestructura crítica” se da en el marco de un llamado a un “gran acuerdo por la paz y contra la violencia que comprometa a policías, fiscales, jueces, Gobierno, Poder Legislativo y ciudadanía”.

Sin embargo, en primera instancia, algunos parlamentarios de la oposición cuestionaron la decisión del presidente.

Varios diputados que integran la coalición de izquierda Frente Amplio coincidieron en rechazar la posibilidad de mantener en las calles a las Fuerzas Armadas.

Claudia Mix, del partido Comunes, expresó en Twitter que Piñera “otra vez pone bencina al fuego” con su iniciativa porque “los militares no están preparados para labores de ‘orden público’, es una tremenda irresponsabilidad”. "Piñera no ha aprendido nada de lo que ha pasado en Chile estos últimos 36 días, no entiende que el uso abusivo de la fuerza solo genera rechazo y aumenta el malestar. El presidente no escucha a los organismos internacionales de DD. HH., solo les hace caso a sus halcones del segundo piso”, subrayó.

En la misma línea se expresó Catalina Pérez, de Revolución Democrática, quien recalcó que “el problema sigue siendo social, político, no militar”. “En un contexto de impunidad y vulneración sistémica de DD. HH. el gobierno debe dar respuesta a la demanda por dignidad y derechos. Presidente Sebastián Piñera, entienda que no habrá paz sin justicia social”, escribió a través de Twitter.

También cuestionó la medida Heraldo Muñoz, de la formación de centroizquierda Partido por la Democracia, que la catalogó de “desconcertante” y consideró que “no es el camino el desplegar a las Fuerzas Armadas en instalaciones e infraestructura incluso policiales”.

Quien sí apoyó el proyecto de Piñera fue el diputad del espacio de centro Partido Demócrata Cristiano, Matías Walker Prieto, que aseguró que las “FF. AA. no estarán en las calles, sino resguardando infraestructura crítica”.

La Mesa de Unidad Social convoca a una huelga general para lunes y martes

Más allá de las posibles medidas, las protestas en Chile prometen continuar. La Mesa de Unidad Social -un conglomerado que reúne a más de 200 organizaciones sociales, sindicales, educativas y de otros sectores- anunció la convocatoria a un paro sectorial y huelga general para este lunes 25 y martes 26 de noviembre.

En concreto, el lunes 25 de noviembre comenzaría con una movilización y un paro progresivo en diversos sectores, según señaló la Central Unitaria de Trabajadores (que integra la mencionada Mesa). Además, por la tarde, se realizará la marcha contra la violencia de género y, por la noche, un ‘cacerolazo nacional’.

En tanto, el martes 26 se efectuará la huelga general con suspensión de actividades y movilizaciones en distintas ciudades del país, además de un nuevo ‘cacerolazo nacional’ al cierre de la jornada.

Además de medidas sociales como un plan de empleo, el incremento del salario mínimo y de las pensiones y el rechazo a lo que consideran la “inmunidad” ante la violación de los derechos humanos, la Mesa de Unidad Social también realizó esta convocatoria en repudio al acuerdo alcanzado por los partidos políticos para avanzar con la reforma constitucional, que consideran fue realizado “a espaldas de la ciudadanía” y que “abandona la idea de una Asamblea Constituyente Soberana”.

Con EFE y medios locales
 

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