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Justicia brasileña aumenta la condena de Lula a 17 años de cárcel por corrupción

El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en un mítin del Partido de los Trabajadores en Sao Paulo, Brasil el 22 de noviembre de 2019
El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en un mítin del Partido de los Trabajadores en Sao Paulo, Brasil el 22 de noviembre de 2019 Nacho Doce / Reuters

La justicia brasileña volvió a considerar que el expresidente de Brasil, Lula da Silva, es culpable de corrupción y blanqueo de capitales. Mientras tanto, el político sigue defendiendo su inocencia y su voluntad de seguir en política.

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Nuevo cerco judicial contra el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que hoy fue condenado en segunda instancia a 17 años, un mes y 10 días de prisión por corrupción y lavado de dinero. Los tres jueces del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4) fallaron por unanimidad que Lula es culpable de los delitos imputados y aumentaron su pena en cinco años por el caso conocido como ‘finca de Atibaia’.

Se trata de un proceso relacionado con la Operación Lava Jato, en el que Lula es acusado de haberse beneficiado de obras de mejoría en una finca en el interior de São Paulo, que frecuentaba junto a su familia. Según la Fiscalía, varias empresas de construcción, que obtuvieron beneficios gracias a la red de corrupción destapada por la Operación Lava Jato, habrían destinado cerca de un millón de reales, equivalentes a 234.500 dólares, para la reestructuración de la finca con la finalidad de agradar al exmandatario.

En febrero de este año, Lula ya había sido condenado por este crimen a 12 años y 11 meses de cárcel en primera instancia. En aquella ocasión también fueron inculpados el expresidente del Grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, y Léo Pinheiro, expresidente de la constructora OAS, entre otros imputados. La condena de Marcelo Odebrecht, sin embargo, fue suspendida porque el empresario más temido de Brasil resolvió colaborar con la justicia a través de un mecanismo jurídico llamado “delación premiada”.

Periodistas observan en directo el proceso judicial contra el expresidente brasileño, Lula da Silva, en las cortes de apelación de Porto Alegre, Brasil, el 27 de noviembre de 2019
Periodistas observan en directo el proceso judicial contra el expresidente brasileño, Lula da Silva, en las cortes de apelación de Porto Alegre, Brasil, el 27 de noviembre de 2019 Diego Vara / Reuters

Los abogados de Lula insistieron en su inocencia y alegaron que ha sido condenado sin pruebas. De hecho, el expresidente no es propietario de la finca de Atibaia, que está a nombre del empresario y amigo Fernando Bittar. Los defensores de Lula habían pedido la anulación de la sentencia en primera instancia por 13 motivos, entre ellos la sospecha de que Sérgio Moro, el juez que encabezó la Operación Lava Jato y que hoy ocupa el cargo de ministro de Justicia, habría cometido un delito de prevaricación al actuar con motivaciones políticas.

La novedad es que Lula no tendrá que volver a la cárcel y podrá recurrir en libertad esta nueva sentencia, ya que recientemente el Tribunal Supremo Federal decidió prohibir la prisión tras las condenas en segunda instancia. Según la doctrina jurídica actualmente en vigor y basada en la presunción de inocencia, los imputados solo serán recluidos cuando se hayan agotado todo los recursos en las instancias superiores.

El año pasado, Lula fue condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión por haber recibido sobornos en forma de obras en el triplex de Guarujá, en el litoral São Paulo, otro inmueble del que tampoco posee las escrituras. En abril de 2018 se entregó a la justicia en la sede de la Policía Federal de Curitiba y quedó detenido hasta noviembre de este año. El 9 de noviembre recuperó su libertad, tan solo un día después del fallo de la Corte Suprema.

Seguidores del expresidente brasileño Lula da Silva se concentraron frente a las cortes de apelación en Porto Alegre, Brasil, el 27 de noviembre de 2019
Seguidores del expresidente brasileño Lula da Silva se concentraron frente a las cortes de apelación en Porto Alegre, Brasil, el 27 de noviembre de 2019 Diego Vara / Reuters

La nueva sentencia en segunda instancia por el caso de Atibaia deja a Lula cada vez más lejos de la presidencia de Brasil. De momento, no puede presentarse a las elecciones de 2022, ya que la Ley de la Ficha Limpia, impulsada por el propio Lula y aprobada en 2010, prevé la inhabilitación de los políticos condenados en segunda instancia durante un periodo de ocho años. Para volver a ser candidato, un tribunal superior debería anular ambas sentencias, la del triplex y la de la finca de Atibaia. Es un escenario considerado bastante improbable por juristas y politólogos brasileños. Aún así, la defensa de Lula está a la espera de que el Tribunal Supremo Federal se pronuncie en las próximas semanas sobre la sentencia del triplex. Pide que sea anulada y que Moro sea condenado por prevaricación.

Cabe recordar que el otrora presidente más popular de Brasil está imputado en otros siete juicios, en los que es acusado de corrupción y tráfico de influencias, entre otros delitos. Los procesos más mediáticos son el que involucra el Instituto Lula en un esquema de corrupción y el que acusa al expresidente de una mediación fraudulenta entre el Gobierno de Guinea Ecuatorial y la empresa brasileña ARG.

 

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