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En la Antártida, los profesionales del turismo son su propia policía

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Isla Media Luna (Antártida) (AFP)

La Antártida, que no es propiedad de nadie según el derecho internacional, es objeto de una gobernanza inusual que deja a los profesionales del turismo -una de las únicas actividades económicas autorizadas en el continente- mucha libertad para la autorregulación.

Firmado hace 60 años, incluso por Estados Unidos y la Unión Soviética -un hecho notable en plena Guerra Fría-, el Tratado Antártico define al continente como una tierra de ciencia y paz y congela las reivindicaciones territoriales.

El tratado se ha complementado con varias herramientas, entre otras el Protocolo de Madrid sobre la Protección del Medioambiente en 1991, cuyo objetivo es minimizar la huella humana.

Al hacer de la Antártida una "reserva natural" donde la explotación de los recursos minerales está prohibida, el Protocolo y sus apéndices condicionan las actividades humanas a estudios previos de impacto medioambiental.

Estos textos proporcionan un marco general para la industria del turismo al prohibir la introducción voluntaria de especies vegetales y animales, las descargas en el mar de hidrocarburos, basura o aguas residuales no tratadas y al exigir la repatriación de residuos.

La industria turística creó en 1991 la Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos (IAATO, por sus siglas en inglés), lanzada por siete turoperadores interesados en tener una coordinación en materia de movimientos de buques, seguridad y protección del medioambiente.

La IAATO, que reúne actualmente casi todas las empresas del sector, es invitada cada año a reuniones de los signatarios del Tratado Antártico donde presenta un balance del turismo en la Antártida y propuestas para definir las normas.

- Ni basura ni grafitis -

Las reglas existentes son bastante estrictas. Estipulan, por ejemplo, que solo los barcos con menos de 500 pasajeros pueden abordar el continente, desembarcando un máximo de 100 personas a la vez, en sitios predeterminados.

Los visitantes deben ser supervisados por guías (con una proporción de 1/20) y no deben llevar alimentos ni dejar nada. Tampoco pueden llevarse ningún recuerdo.

"Todos salen ganando: el medioambiente antártico, los Estados, pero también las propias empresas porque, al imponer estándares ambientales muy altos, aumentan la dificultad y el costo de penetración en el mercado antártico para nuevos actores y evitan el 'sobreturismo'", escribe la experta Mikaa Mered en el libro "Los mundos polares".

Este año, unas 100 empresas miembros de la IAATO se manifestaron a favor de medidas para evitar colisiones de barcos con ballenas y restricciones adicionales sobre el uso de drones. También apoyaron el desarrollo de áreas marinas protegidas.

Con la excepción del que surgió en el mar de Ross en 2016, la creación de santuarios marinos alrededor de la Antártida tropieza desde 2010 con la oposición de China y Rusia.

Pekín y Moscú están preocupados por los efectos que tendrían en el sector pesquero y temen que semejantes regulaciones medioambientales puedan respaldar los reclamos territoriales de los países que las promueven, dijo Mered.

Lanzada por Australia, Francia y la Unión Europea, la iniciativa de crear enormes santuarios en tres áreas marinas fracasó a principios de noviembre en Hobart (Australia) en la reunión anual de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA).

También parte del Sistema del Tratado Antártico, la CCRVMA firmada en 1980 regula la explotación de las poblaciones de peces al tiempo que protege el medioambiente marino.

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