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Entre 30 y 50 años prisión para los acusados del asesinato de Berta Cáceres

Manifestantes sostienen letreros ante el tribunal donde se lleva a cabo el juicio contra los acusados ​​por el asesinato de la activista ambiental indígena Berta Cáceres, en Tegucigalpa, Honduras, el 29 de noviembre de 2018
Manifestantes sostienen letreros ante el tribunal donde se lleva a cabo el juicio contra los acusados ​​por el asesinato de la activista ambiental indígena Berta Cáceres, en Tegucigalpa, Honduras, el 29 de noviembre de 2018 Jorge Cabrera / Reuters

Casi cuatro años después de la muerte de la activista, siete de ocho los acusados son los primeros que irán a prisión por su participación en el crimen que, según su familia, sigue estando impune hasta que se sancione a los autores intelectuales.

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El último año fue definitivo en el caso por el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres. El 30 noviembre de 2018 siete personas fueron declaradas culpables por el crimen y el lunes 2 de diciembre la justicia hondureña dio a conocer las sentencias.

A 30 años de prisión fueron condenados Sergio Rodríguez, gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (Desa); Douglas Bustillo, exjefe de seguridad de esa compañía; y el mayor del ejército, Mariano Díaz, quienes, según la decisión de un juzgado en Tegucigalpa tras analizar las pruebas recopiladas, coordinaron para contratar a cuatro sicarios que asesinaran a la líder indígena.

Estas cuatro personas son Edilson Duarte, Henry Javier Hernández, Elvin Rápalo y Óscar Torres, quienes deberán pagar 34 años de cárcel por el homicidio de Cáceres y 16 más por tentativa de homicidio contra el también ambientalista Gustavo Castro, quien se encontraba con ella la noche de su muerte, lo que lo convierte en el único testigo de los hechos.

Según la ley hondureña, estos siete hombres tendrán derecho a apelar en un plazo de 20 días.

"Aquí no acaba el camino" hija de Berta Cáceres

La noticia fue bien recibida por los familiares de Berta Cáceres, pero dijero no estar satisfechos hasta que también se condene a los autores intelectuales del crimen.

"Aquí no acaba el camino para nosotras. Porque la impunidad no va romperse con una sentencia a los autores materiales. Nosotros seguimos demandando justicia integral, que todas las personas que se han visto involucradas en este crimen sean condenadas y enjuiciadas" dijo su hija, Berta Zúñiga en conjunto con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la organización que Cáceres ayudó a fundar.

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras recordó "la importancia de que el resto de las investigaciones en curso avancen de manera pronta y expedita" y considera que esta sentencia constituye "un primer paso hacia la identificación y sanción exhaustiva de todos los partícipes del crimen, incluyendo las autorías intelectuales".

El octavo acusado y quien hasta ahora ha sido señalado como el único autor intelectual es Roberto David Castillón, también ligado a Desa. Por ahora continúa detenido y a la espera de su sentencia.

El asesinato de Berta Cáceres y el papel de Desa

De acuerdo con los relatos, a la medianoche del 2 de marzo de 2016, dos personas ingresaron a la casa de Cáceres ubicada en el municipio de La Esperanza y la asesinaron a tiros. Gustavo Castro, recibió un disparo en la oreja y logró sobrevivir tras permanecer en el suelo fingiendo estar muerto.

Junto a la Copinh, la activista libraba una batalla para evitar que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), llevara a cabo un proyecto hidroeléctrico de $50 millones de dólares en las tierras consideradas sagradas por el pueblo Lenca.

La obra en el río Gualcarque fue paralizada con protestas, bajo al argumento de que probablemente causaría grandes daños a su suministro de agua y alimentos. En 2018, el tribunal concluyó que el personal de Desa consideraba que con el asesinato de Cáceres se podía dar continuidad al proyecto.

Con AFP, Reuters y EFE

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