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La Haya acoge el juicio contra Myanmar, acusado de genocidio contra los rohingyas

La Consejera de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, viaja el 8 de diciembre de 2019 desde el aeropuerto de Naypyidaw a La Haya para participar en las audiencias de la Corte Internacional de Justicia que investigan si hubo genocidio contra los rohinyas.
La Consejera de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, viaja el 8 de diciembre de 2019 desde el aeropuerto de Naypyidaw a La Haya para participar en las audiencias de la Corte Internacional de Justicia que investigan si hubo genocidio contra los rohinyas. Myanmar's State Counsellor Office/Handout via REUTERS.

La Corte Internacional de Justicia decidirá si abrir un juicio contra Myanmar en las audiencias que se celebrarán entre el 10 y el 12 de diciembre. La Consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, se encuentra en La Haya para liderar la defensa de su país ante el tribunal internacional.

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La Haya será el escenario del juicio contra Myanmar. Ahí se encuentra la Corte Internacional de Justicia, el ente encargado de dirimir los conflictos entre dos países, que en este caso deberá decidir si abrir o no un proceso penal contra este país del sudeste asiático. 

La acusación es dura: genocidio contra la comunidad rohingya, una minoría étnica y religiosa, ya que son musulmanes en un país principalmente budista. Varias organizaciones de derechos humanos secundan esta acusación, que en este caso ha sido interpuesta por Gambia en representación de la Organización de Cooperación Islámica.

La directora asociada de justicia internacional de Human Rights Watch, Param Preet-Singh, se encuentra en La Haya con otros representantes de ONGs para presenciar el juicio. En una entrevista con la agencia Reuters, Preet-Singh denunció que Human Rights Watch "ha documentado incontables atrocidades del Ejército de Myanmar contra los rohingya... Asesinatos, violaciones, destrucciones de pueblos desde 2012 y antes. Eso conlleva crímenes contra la humanidad", agregó. 

En Twitter también se pronunció el director ejecutivo de la organización, Kenneth Roth: "Cualquier sospechoso de genocidio se merece un abogado, no una ganadora del Nobel de la Paz. Aún así, Aung San Suu Kyi viaja a La Haya para defender a los generales de Myanmar detrás de las atrocidades masivas contra los rohingyas". 

Suu Kyi defenderá a Myanmar ante la justicia internacional

La principal líder política de Myanmar viajó el domingo 8 de diciembre a La Haya para asumir personalmente la defensa de su país frente a la Corte Internacional. Suu Kyi ganó el premio Nobel de la Paz en 1991 por su lucha inspirada en la no violencia por la independencia del país del Reino Unido.

Suu Kyi cuenta con un amplio apoyo de la mayoría budista en Myanmar. Mientras su imagen internacional se deteriora rápidamente por su gestión de la crisis de los rohingya, la sensación dentro del país es distinta. Centenares de personas salieron a las calles para mostrarle a la líder su apoyo antes del viaje a La Haya. 

Así lo explicó Richard Horsey, analista de la organización International Crisis Group, en una entrevista con la agencia EFE: "La percepción pública predominante en Myanmar es que el caso (en la Corte Internacional) es un ataque injustificado contra el país y que la población debe estar unida en su defensa". "Pienso que probablemente sea la persona en el Gobierno más capacitada para defender los intereses en La Haya y que eso muestra a la gente de Myanmar lo serio que su Gobierno se toma el caso", agregó el analista. 

La gente se manifestó en Bago, Myanmar, este 9 de diciembre de 2019 para apoyar a la mandataria San Suu Kyi, quien viajó a la Haya para defender el país frente a la Corte Internacional de Justicia.
La gente se manifestó en Bago, Myanmar, este 9 de diciembre de 2019 para apoyar a la mandataria San Suu Kyi, quien viajó a la Haya para defender el país frente a la Corte Internacional de Justicia. Myat Thu Kyaw / Reuters

De hecho, Horsey considera que Suu Kyi ya está sacando rédito político de su decisión. Por ejemplo, la mandataria vive momentos de tensión con el Ejército, acusado de perpetrar la mayoría de las agresiones contra los rohingyas, porque intenta rebajar el poder del estamento militar en la política civil del país. Sin embargo, esas tensiones se podrían limar al haber decidido ir a defender a la armada en la Corte Internacional. 

Una demanda impulsada por Gambia

El país fue denunciado por Gambia en representación de los 57 países miembros de la Organización de Cooperación Islámica.

"Ciertamente, la OCI es una organización islámica. Se estableció para proteger y preservar los derechos de los musulmanes en todo el mundo. En el caso particular de Myanmar, creo esto va más allá de una cuestión islámica, creo que se trata de nuestra humanidad", afirmó Abubacarr Tambadou, el ministro de Justicia del país. 

El ministro comparó el tratamiento de los rohingyas al los de las víctimas del genocidio en Ruanda en 1994, cuando más de 800.000 fueron asesinados en unos cien días. 

Myanmar argumenta que reaccionó a ataques rebeldes

Tal y como denunciaba Human Rights Watch, la persecución de los rohingyas viene de lejos. Sin embargo, la denuncia actual surge de las dos últimas oleadas de operaciones militares del Ejército de Myanmar en 2016 y 2017.

El Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA), un grupo insurgente, había atacado varios puestos de seguridad en su zona de acción, lo que desató una respuesta de la fuerza armada que dejó miles de civiles muertos. 

Las acciones de ARSA son el argumento que esgrime el Gobierno de Myanmar para justificar las acciones del Ejército. En 2018, Suu Kyi decía estas palabras: "El peligro de las actividades terroristas, que fue la causa inicial de los eventos que llevaron a la crisis humanitaria en Rakhine (el estado donde opera el grupo), sigue siendo real y presente hoy". 

Archivo-Refugiados rohingya continúan su camino después de cruzar de Myanmar a Palang Khali, cerca de Cox's Bazar, Bangladesh, el 2 de noviembre de 2017.
Archivo-Refugiados rohingya continúan su camino después de cruzar de Myanmar a Palang Khali, cerca de Cox's Bazar, Bangladesh, el 2 de noviembre de 2017. REUTERS/Hannah McKay

Sin embargo, la violencia no alcanzó solo al grupo armado, sino a toda la comunidad. Las mismas Naciones Unidas publicaron en 2018 un informe que concluía que "la cúpula militar de Myanmar tenía intención genocida" en su persecución contra los rohingyas y que el Ejército perpetró "asesinatos en masa y violaciones en grupo". 

Gran parte de los rohingyas tuvieron que desplazarse al país vecino de Bangladesh, donde residen como refugiados. Se calcula que, desde agosto de 2017, durante la última oleada de violencia, 740.000 huyeron del país. Pero los que se fueron también enfrentan dificultades: las condiciones en los campos de refugiados dejan mucho que desear y las autoridades no logran gestionar la llegada masiva de rohingyas. Sin embargo, la mayoría lo prefiere a la situación en Myanmar: el 25 de agosto de este año, la ACNUR y el Gobierno bangladesí habían acordado un plan para repatriar a los rohingyas que se presentaran voluntariamente. Ninguno lo hizo. 

Con EFE y Reuters

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