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Argentina: aun si Alberto Fernández avanza en legalizar el aborto, persisten las barreras

Cientos de mujeres participaron en una concentración a favor del aborto legal durante el Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata, Argentina, el 12 de octubre de 2019.
Cientos de mujeres participaron en una concentración a favor del aborto legal durante el Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata, Argentina, el 12 de octubre de 2019. Demian Alday Estévez / EFE
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En Argentina el aborto no está penado en caso de violación o cuando hay riesgo para la vida o la salud de la madre; sin embargo muchas mujeres que solicitan la intervención dentro de este marco se enfrentan con serias dificultades de acceso.

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Hoy esto ya causa un serio impacto en aquellas que no consiguen ser atendidas en tiempo y forma. Pero, además, da cuenta de un problema que podría enfrentar el sistema de salud en caso de que se legalice o despenalice totalmente la práctica, algo que puede no estar tan lejano en el tiempo.

Recientemente el presidente entrante, Alberto Fernández, le dijo al diario 'Página/12': "Yo soy un activista de ponerle fin a la penalización del aborto. Va a haber un proyecto de ley mandado por el presidente".

Eso implica que más temprano que tarde podría volver a tener tratamiento legislativo la modificación de esta norma que data de 1921 (en 2018 el aborto estuvo cerca de ser legalizado, luego de que la cámara de Diputados diera media sanción a una ley en ese sentido, pero el Senado la rechazó).

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, toma posesión junto a la nueva vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, después de que jurara como máxima autoridad ejecutiva y política de Argentina, en Buenos Aires, el 10 de diciembre de 2019.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, toma posesión junto a la nueva vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, después de que jurara como máxima autoridad ejecutiva y política de Argentina, en Buenos Aires, el 10 de diciembre de 2019. Agustin Marcarian / Reuters

Pero aun de aprobarse una modificación, el sistema deberá adaptarse para poder satisfacer la demanda de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.

Desde la kafkiana burocracia, hasta la ignorancia de profesionales de la salud que no conocen bien la letra de la ley, pasando por la objeción de conciencia

En 2018 se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires 4858 interrupciones legales del embarazo, según le dijo a France 24 en Español Sebastián Crespo, médico general y de familia, que pertenece a la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y que asiste a mujeres que solicitan un aborto legal en la capital argentina y en una zona de la periferia de la ciudad.

Se espera que para 2019 esa cifra crezca, solo por el incremento de solicitudes de abortos hoy considerados legales.

Por otro lado, según estimaciones no oficiales, los abortos clandestinos en Argentina se encuentran en torno a los 450.000 al año: esa es la escala de la demanda que podría enfrentar el sistema ante la legalización.

Pero aún hoy existen barreras al acceso, desde la kafkiana burocracia, hasta la ignorancia de profesionales de la salud que no conocen bien la letra de la ley, pasando por la objeción de conciencia.

En algunos centros de salud o servicios médicos el nivel de objeción de conciencia es total, por lo que si una mujer llega a uno de ellos para solicitar la práctica, nadie la atenderá.

Cientos de mujeres participan en una concentración a favor del aborto legal durante el XXXIV Encuentro Nacional de Mujeres el 12 de octubre del 2019.
Cientos de mujeres participan en una concentración a favor del aborto legal durante el XXXIV Encuentro Nacional de Mujeres el 12 de octubre del 2019. Demian Alday Estévez / EFE

Y en algunos lugares del país es incluso posible que la señalen de estar realmente solicitando una interrupción voluntaria sin causa (hoy ilegal) y la denuncien a la Justicia, aun cuando supuestamente está protegida por la ley, según lo dispuso en un fallo de 2012 la Corte Suprema de Argentina.

La objeción de conciencia en el centro del debate...

La cuestión de la objeción de conciencia es central porque hay quienes consideran que debería poder ser no solo individual, de cada profesional, sino también institucional, de todo un centro de salud, por ejemplo, como política de la clínica o sanatorio.

Así lo dijo en julio de 2018 María de los Ángeles Carmona, jefa del Servicio de Ginecología del Hospital Eva Perón de San Martín, durante presentaciones ante los legisladores que se hicieron en el marco del debate sobre la legalización del aborto. "La objeción de conciencia debe ser institucional o individual, parcial o total, privada, transitoria o definitiva", sostuvo.

Para ella, "la objeción de conciencia (...) no debe ser considerada como un inclumplimiento voluntario de una norma legal vigente, sino como respeto a la persona en su individualidad y en sus derechos en términos de justicia para el médico".

Y reveló que en el servicio de que es jefa, "hay solamente dos personas que no son objetoras de conciencia, y si se ponen a ahondar, en la mayoría de los hospitales no alcanza la cantidad de médicos que están trabajando hoy en los hospitales públicos para hacerse cargo de esto".

... Un debate con opiniones opuestas

No todos lo ven igual.

"El sistema tiene absolutamente cantidad de recurso humano para responder", le dijo a France 24 en Español la psicóloga Sandra Bernabó, que co-coordina en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires un dispositivo de interrupción legal del embarazo (ILE), un área que comenzó asesorando hasta que médicos se sumaron para poder prestar el servicio de ILE.

Como en el servicio de ginecología de ese hospital prima la objeción de conciencia, son profesionales de otras áreas médicas las que trabajan junto a Bernabó.

"El tema es que a los trabajadores de salud muchas veces les cuesta entender que hay leyes que regulan su funcionamiento además de su disciplina, y las leyes valen para todos", agregó Bernabó.

Además, la ILE no tiene por qué llevarse adelante en un hospital.

Puede proveerse en centros de baja complejidad, como la sala de atención primaria en la que trabaja el doctor Crespo, porque hasta las 12,6 semanas de gestación se suele realizar utilizando medicamentos (en el caso de Argentina la droga aprobada para ese fin es el misoprostol).

Pero, como dice el propio Crespo, las mujeres más vulnerables suelen llegar a solicitar la práctica con embarazos más adelantados: "Por ejemplo una mujer en situación de violencia, que es encerrada, que es violentada, que no se le permite ir a un centro de salud, llega tarde a una consulta sanitaria; entonces esa mujer, probablemente, aún en un contexto de legalización siga viniendo a las 14, 15, 16 semanas, cuando nota que su embarazo es visible, o que pudo salir de esa situación que le costó tanto".

Eso que obliga a que el aborto tenga que ser realizado en un centro hospitalario y aumenta el riesgo de que la mujer encuentre barreras o dificultades de acceso.

"No se puede interferir en el cumplimiento de la ley, para eso está el Estado, para garantizar que la ley se cumpla"

Y eso tiene secuelas, dice Berbabó: "La verdad es que las mujeres llegan a veces con un nivel de maltrato que uno no puede creer; desde enjuiciamientos, 'para qué lo hiciste, ahora jodete', cantidad de maltrato liso y puro a 'ahora lo que tenes es un bebé' y mostrarles maquetas que no corresponden ni nada".

Estas experiencias pueden llegar a ser tan graves, que según el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas "la denegación o la postergación del aborto sin riesgo (...), la continuación forzada del embarazo y el abuso y el maltrato de las mujeres y las niñas que buscan información sobre salud, bienes y servicios sexuales y reproductivos, son formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante".

Para evitar esto y garantizar el acceso, Crespo cree que es necesaria la iniciativa de las autoridades, que hace falta "una fuerte decisión política y una conducción de rectoría del Ministerio de Salud de la Nación, tanto en recomendaciones a los equipos de salud como también en capacitación y supervisión de las prácticas que se hacen".

En principio, el entrante ministro de Salud, Ginés González García, que ya estuvo al frente de esa cartera entre 2002 y 2007, le dijo a este medio que harán cumplir la normativa vigente: "Es cierto que hay gente que quiere interferir, pero no se puede interferir en el cumplimiento de la ley, para eso está el Estado, para garantizar que la ley se cumpla".

En el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires eso le será relativamente fácil. También en provincias progresistas como Santa Fe, o algunas localidades puntuales del territorio nacional.

Pero en gran parte de Argentina seguirá siendo un gran desafío, se legalice o no se legalice totalmente el aborto en el país.
 

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