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El Consejo de Estado francés valida la extradición a Argentina del expolicía Mario Sandoval

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París (AFP)

El Consejo de Estado francés confirmó este miércoles la extradición a Argentina del expolicía Mario Sandoval, sospechoso de la desaparición de un estudiante durante la dictadura.

La máxima jurisdicción administrativa francesa estimó que el decreto de extradición, firmado por el gobierno francés el 21 de agosto de 2018, es legal y que Sandoval podrá tener un "juicio justo" en Argentina.

Argentina reclama desde 2012 la extradición de este expolicía para que responda ante la justicia de ese país por el presunto secuestro y desaparición del estudiante Hernán Abriata en octubre de 1976.

Sandoval, de 66 años años, se exilió en Francia tras la caída de la Junta en 1983 y obtuvo la nacionalidad francesa en 1997.

Hernán Abriata, estudiante de arquitectura, fue recluido en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros de tortura de la dictadura argentina (1976-1983), donde desaparecieron unas 5.000 personas, a menudo lanzadas desde aviones al Río de la Plata.

Aunque Argentina sospecha que Mario Sandoval participó en más de 500 asesinatos, torturas y secuestros durante la dictadura militar, se apoyó solamente en el caso Abriata para pedir la extradición porque existen una decena de testimonios que lo implican.

Tras una larga batalla judicial, el gobierno francés dio luz verde a su extradición el pasado 21 de agosto.

Pero el antiguo agente de policía, que niega los hechos de los que se le acusa y que estima que además ya prescribieron, había remitido el asunto al Consejo de Estado, última instancia administrativa del Estado que podría haber impedido la ejecución del decreto gubernamental.

La petición de extradición, presentada por Argentina en 2012, ya fue aprobada anteriormente por el Tribunal de apelación de París y Versalles, y el Tribunal de Casación francés, equivalente al Tribunal Supremo.

Sandoval podría aún recurrir a la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH).

En Argentina, donde la dictadura dejó 30.000 desaparecidos, más de 3.000 personas están acusadas en causas penales por crímenes de lesa humanidad desde la anulación de leyes de amnistía en 2003. Aún hay unas 600 causas en trámite.

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