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Las claves de la controvertida Ley de Ciudadanía que desató la furia en India

Un manifestante muestra un cartel durante una protesta contra la nueva Ley de Ciudadanía, en Chennai, India, el 16 de diciembre de 2019.
Un manifestante muestra un cartel durante una protesta contra la nueva Ley de Ciudadanía, en Chennai, India, el 16 de diciembre de 2019. P. Ravikumar / Reuters

La nueva ley propone que ciudadanos de las minorías religiosas hindú, sij, budista, jain, parsi y cristiana de países como Pakistán, Bangladesh y Afganistán que accedan a India como migrantes indocumentados puedan obtener la nacionalidad, siempre y cuando no sean musulmanes.

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La enmienda a la Ley de Ciudadanía ha desatado numerosas protestas en toda India, que comenzaron el pasado miércoles 11 de diciembre, cuando se aprobó la norma en el Parlamento. Las manifestaciones iniciaron en el noreste del país, en los estados de Assam y Tripura, donde el Ejecutivo decretó el toque de queda y desplegó fuerzas militares. Seis y muertos y decenas de heridos es el balance hasta el 17 de diciembre.

Más allá de la rabia y las protestas, ¿en que consiste exactamente esta nueva ley tramitada de forma veloz?, ¿a quiénes afecta?

El primer ministro indio, Narendra Modi, anunció la aprobación de la enmienda como un hecho histórico. Y ciertamente lo es. La anterior Ley de Ciudadanía del país fue promulgada hace 64 años, en 1955, y era estricta con el control migratorio. De hecho, aseguraba que todo aquel migrante indocumentado que entrase en el país, sería automáticamente detenido y deportado. Esto parece que cambiará para determinados ciudadanos -que hayan entrado a India antes del 31 de diciembre de 2014- pertenecientes a minorías religiosas, perseguidos en sus países de origen pero que no sean musulmanes.

Modi se propuso con esta nueva Ley facilitar la nacionalizar a todas aquellas minorías religiosas residentes en Pakistán, Bangladesh y Afganistán, países de mayoría musulmana. Entre ellos, se incuyen religiones tan dispares como la hindú, sij, budista, jain, parsi y cristiana. Pero la polémica viene de la exclusión que hace la norma a aquellos que profesan la religión del Islam. 

Los críticos sostienen que la medida es discriminatoria, va en contra de la Constitución secular de India -alcanzada con la independencia del país asiático- y es parte de la agenda nacionalista del Gobierno de Modi para marginar -aún más- a los más de 200 millones de musulmanes indios. Sin ir más lejos, la Liga Musulmana de la Unión India, partido político que defiende y representa a esta población, pidió a la Corte Suprema que dicha ley sea declarada ilegal.

Por otro lado, los ciudadanos de los lugares fronterizos con Pakistán o Bangladesh temen que una avalancha de migrantes en busca de la nacionalidad india colapse sus ciudades y pueblos. Los manifestantes de Assam, que comparte 200 kilómetros de frontera con Bangladesh, y donde reina un fuerte sentimiento antiinmigración sin importar la religión, acusan al Estado de transformación demográfica de la región.

India es el segundo país más poblado del mundo y su crecimiento hace indicar que pronto superará a China. Esto ya genera problemas de abastecimiento, reparto de tierras e higiene y una medida así puede empeorar la situación en algunas regiones.

Los puntos más controversiales de la Ley de Ciudadanía 

Hasta ahora, aparte de ser deportados si estaban en situación ilegal, los migrantes debían acreditar, al menos, 11 años trabajados en India para poder optar a la nacionalidad. Ahora eso ya no será necesario: se requerirán seis años.

La nueva norma también sostiene que las personas que tengan una tarjeta de ciudadanía india de ultramar, un estatus migratorio que le permite a extranjeros de origen indio vivir y trabajar en India indefinidamente, pueden perder este derecho si violan las leyes locales. Este proceso podría causar que decenas de miles de ellos se conviertan en apátridas.

Es necesario recordar que hasta el proceso de independencia, en 1947, Pakistán, India y Bangladesh eran el mismo país y que durante estos años miles de personas se vieron forzadas a emigrar fuera de India, a pesar de haber vivido ahí siempre, por el hecho de profesar la religión musulmana.

Manifestantes queman copias del proyecto de Ley de Enmienda de Ciudadanía durante una protesta en Nueva Delhi, India, el 10 de diciembre de 2019.
Manifestantes queman copias del proyecto de Ley de Enmienda de Ciudadanía durante una protesta en Nueva Delhi, India, el 10 de diciembre de 2019. Adnan Abidi / Reuters

La oposición se levanta contra Modi

El nacionalista Narendra Modi ganó las elecciones de mayo de 2019 junto a su formación, el partido Bharatiya Janata, con mayoría absoluta y por segunda legislatura consecutiva. Desde entonces, el primer ministro ha elaborado una agenda política enfocada en el nacionalismo hindú y muy centrada en la marginación de la minoría musulmana presente en el país.

El Ejecutivo de India, país que no cuenta con una regulación específica para refugiados, justifica la ley en la necesidad de dar asilo a estas minorías perseguidas en sus lugares de origen.

La oposición también cree que medidas como esta son excluyentes y violan los principios seculares consagrados en la Constitución de India. Por ello, argumentan que la fe no puede convertirse en una condición para obtener la ciudadanía.

La Constitución de India prohíbe la discriminación religiosa contra sus ciudadanos y garantiza a todas las personas la igualdad ante la ley.

Los críticos de la ley aseguran que, si verdaderamente esta es una para proteger a las minorías y no para discriminar a los musulmanes, se debería haber incluido a los rohingyas, que actualmente están en una situación extrema en campos de refugiados en Bangladesh, pero que son musulmanes, o los iugur en China, ambos países fronterizos. 

Organizaciones en favor de los derechos humanos han recordado que la enmienda se enmarca en un contexto más amplio en el que el Gobierno indio ha declarado su intención de realizar un censo en todo el país para identificar a inmigrantes irregulares poniendo especialmente en riesgo a los musulmanes.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó a ley de "fundamentalemte discriminatoria". 

Con EFE y medios locales 
 

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