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Argentina: el nuevo gobierno envía al Congreso un proyecto de ley de emergencia

Foto de archivo de unos pesos argentinos a las afueras de un banco en Buenos Aires. 30 de agosto de 2018.
Foto de archivo de unos pesos argentinos a las afueras de un banco en Buenos Aires. 30 de agosto de 2018. Marcos Brindicci / Reuters

El presidente Alberto Fernández envió a Diputados un proyecto de ley llamado "de solidaridad social y reactivación productiva" que contiene un abanico de medidas que buscan recuperar la golpeada economía argentina.

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Es un proyecto de ley, no una ley todavía. Para eso debe aprobarla el Congreso, donde puede sufrir modificaciones, pero no es cualquier proyecto de ley. Es la primera gran apuesta de política pública de la presidencia de Alberto Fernández, el peronista que asumió el 10 de diciembre en el lugar que dejó Mauricio Macri, y que busca reactivar una golpeada economía y a la vez redistribuir riqueza.

Es un proyecto ley muy amplio que se envió este martes 17 de diciembre al Congreso y que tiene como objetivo, según informaron desde el Gobierno, alcanzar la sostenibilidad fiscal, volver más progresivos los impuestos e impulsar a los sectores productivos. "Desterrar el hambre en la Argentina", dice la carta del Ejecutivo que acompaña el proyecto enviado al Congreso, "reducir la desigualdad y volver a crecer, son los nuevos imperativos éticos de nuestra época y la base para edificar una democracia sólida y sostenible en nuestro país que coadyuve también a recorrer un camino de fortalecimiento institucional y democrático en la región".

El ministro de Economía, Martín Guzmán, interviene en una rueda de prensa en Buenos Aires. 11 de diciembre de 2019.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, interviene en una rueda de prensa en Buenos Aires. 11 de diciembre de 2019. Mariana Greif / Reuters

 


El proyecto de ley, no obstante, busca también cuidar las cuentas públicas para que no se dispare el déficit fiscal y propone renegociar la deuda del país con los acreedores externos, que, en caso de fracasar, podría llevarlo a una cesación de pagos en los próximos meses.

En ese sentido, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo en conferencia de prensa: "Queremos hacer promesas que se puedan cumplir".

Emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social

Para empezar, el proyecto propone declarar una emergencia pública múltiple, tanto económica, como financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2020.

Y en el marco de esa emergencia, solicita al Congreso que delegue al poder ejecutivo las facultades que figuran en el proyecto de ley durante la emergencia. Lo que implica darle un enorme poder a la Presidencia para tomar decisiones y ejecutar medidas sin necesidad de pasar por el control del Legislativo.

Por eso, legisladores de la oposición ya se han manifestado en contra de dar una carta blanca tan amplia al presidente y advirtieron que prevén rechazar la delegación de facultades.

Sin embargo, en caso de conseguirlas, el Gobierno plantea utilizarlas, en primer lugar, para renegociar la deuda pública, que hoy representa más de US$330.000 millones, de acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina.

Impuestos nuevos, impuestos más altos

Hay varias medidas que, en línea con la intención de preservar el equilibrio fiscal sin emisión ni toma de deuda de privados, se traducen en aumentos de impuestos o nuevos gravámenes. Todas ellas generarán diversos grados de resistencia entre los sectores a los que afecten.

Por un lado, el proyecto propone implementar un nuevo impuesto, llamado impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria, con vigencia de cinco años, sobre varias operaciones en divisas: desde la compra de moneda extranjera (y cheque de viajeros), hasta el pago de bienes y servicios en el exterior, extracciones de efectivo en el exterior, compras a través de plataformas digitales, pasando por el pago en Argentina de servicios prestados por no residentes (plataformas como Netflix o Spotify, por ejemplo, aunque deja abierta la puerta a reducirlo en estos casos).

En lo que se refiere a la compra de dólares, u otras divisas similares, esta se mantiene en el límite de US$200 mensuales, además del impuesto. De acuerdo con el ministro Guzmán, este umbral se podría ir revisando.

Excluye los gastos por prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros y utilización de plataformas educativas, y los asociados a proyectos de investigación efectuados por investigadores que trabajen en el marco del Estado.

 

 


El proyecto de ley también define que ese impuesto se destinará en un 70% a financiar programas de la seguridad social y el restante 30% para invertir en infraestructura y vivienda social, así como para fomentar el desarrollo del turismo local.

Este nuevo impuesto impactará directamente sobre las clases medias y medias altas, que usualmente han visto en el dólar su principal reserva de valor, su más confiable medio de ahorro.

Por otra parte, aumentan los impuestos a las ganancias y los bienes personales, y aumenta más aún para los bienes en el exterior de residentes argentinos (hasta un 100% más, con la posibilidad de que se devuelva en caso de repatriación de esos bienes, cuando sean activos financieros).

El Gobierno también incorpora en la ley enviada al Congreso un incremento a un impuesto a las extracciones de efectivo de los bancos realizadas por empresas, no personas ni pequeñas y medianas empresas.

Las retenciones al agro, un potencial foco de conflicto

El otro punto potencialmente conflictivo tiene que ver con las llamadas retenciones o derechos de exportación del agro que, según el proyecto, deberían pasar del 30 al 33% en el caso del poroto de soja y de 12 a 15% para trigo y maíz.

Los nuevos porcentajes, según la ley, serían límites máximos que, en el caso de los productos agroindustriales sería del 5%.

 

Imagen de archivo de unos cultivos de maíz al atardecer cerca a Rafaela, Argentina. 9 de abril de 2018.
Imagen de archivo de unos cultivos de maíz al atardecer cerca a Rafaela, Argentina. 9 de abril de 2018. Marcos Brindicci / Reuters

 


Para tener una idea de la dimensión de esta medida puntual vale recordar que Argentina es el tercer exportador mundial de poroto de soja y primero de harina de soja.

Sectores rurales ya se mostraron disconformes ante cualquier aumento, aunque otros productores lo ven razonable. En 2008 una modificación más importante a las retenciones llevó a un enfrentamiento durísimo entre el campo y la Administración de Cristina Fernández, hoy vicepresidenta de la nación.

Incentivos para pequeñas y medianas empresas y consumidores

Como contracara, el proyecto de ley propone una moratoria para deudas impositivas de pequeñas y medianas empresas.

Con el foco en los usuarios residenciales y comerciales, la ley sugiere iniciar negociaciones con las empresas de electricidad y gas natural para revisar las tarifas de esos servicios y congelar por hasta 180 días las tarifas.

También prevé un régimen de reintegro de impuestos para consumidores finales y estímulos para pequeños comercios y prestadores de servicios. Según el proyecto de ley: "Tanto el reintegro como los estímulos deberán priorizar a los sectores más vulnerados de la sociedad y fomentar la inclusión financiera". 

180 días para determinar cómo actualizar las jubilaciones

Por otra parte, la ley propone suspender por 180 días la actual fórmula de actualización de las jubilaciones y facultar al Ejecutivo para determinar los aumentos jubilatorios trimestralmente, priorizando a los pensionados más vulnerables.

Esto despertó preocupación entre los pasivos, porque estiman que para generar un ahorro el Estado hará aumentos por debajo de lo que habría sido de utilizarse esa fórmula, especialmente en el caso de los que cobran por encima de los mínimos.

Estas son algunas de las principales medidas contempladas por la ley, que también incluye la emergencia sanitaria, que le da al Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, facultades para, entre otras cosas, reducir costos de provisión de medicamentos y mejorar el acceso a las prestaciones de salud.

Le otorga también bastante libertad para disponer de partidas presupuestarias.

Libertades como estas son las que preocupan a parte de los legisladores, que serán en definitiva los encargados de determinar si la ley pasa o no, y con qué modificaciones.

En todo caso, con este proyecto de ley, más allá de lo que ocurra en el Legislativo en los próximos días, Alberto Fernández define ya el rumbo, la impronta, que quiere darle a su mandato, en términos de alineamientos sectoriales, de lineamientos económicos, y de prioridades de gobierno.
 

 

 

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