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La Justicia catalana inhabilita al presidente regional Quim Torra por desobediencia

El presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, comparece ante la prensa en el Palau de la Generalitat, en Barcelona, el 19 de diciembre de 2019.
El presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, comparece ante la prensa en el Palau de la Generalitat, en Barcelona, el 19 de diciembre de 2019. Albert Gea / Reuters

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó la inhabilitación para ejercer cargos públicos al presidente del Gobierno catalán Quim Torra por desobedecer una orden de la autoridad electoral. El mandatario apelará al Tribunal Supremo, aunque admitió que no confía en la Justicia española.

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Un nuevo revés judicial sacude al independentismo catalán. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó al presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, a un año y medio de inhabilitación para ocupar cargos públicos por desobedecer una orden de la Junta Electoral Central española.

En concreto, Torra fue condenado por negarse a retirar del Palau de la Generalitat (el palacio de gobierno catalán) pancartas y símbolos que pedían la libertad de los líderes independentistas encarcelados, a los que sus partidarios consideran "presos políticos". El pedido fue realizado por la JEC durante la campaña electoral de los comicios generales del 28 de abril.

En su sentencia, el TSJC justificó el fallo al señalar que Torra incurrió en una "recalcitrante y reiterada actitud desobediente" al negarse a quitar esos mensajes de apoyo a los dirigentes catalanes encarcelados como consecuencia del referendo de independencia de Cataluña en 2017, el cual fue considerado "ilegal" por el Gobierno español.

Según el TSJC, la postura de Torra demuestra una "voluntad consciente y una disposición anímica inequívoca" de contrariar los mandatos de la autoridad electoral española con "alarde público" de ello.

En noviembre, al declarar ante el tribunal, el mandatario catalán dijo que desoyó la orden de la JEC porque era "ilegal" y había sido dictada por un órgano que "no tenía la competencia" para ello y que no es superior jerárquicamente al gobierno regional de Cataluña.

Por esa razón, Torra había denunciado en aquella audiencia que el dictamen suponía un caso de "censura" y vulneración del derecho a la libertad de expresión.

Torra apelará la sentencia al Tribunal Supremo, aunque admitió que no confía en la Justicia española

En una comparecencia en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, el líder catalán anunció que apelará la sentencia ante el Tribunal Supremo español, a pesar de que expresó su confianza "nula" en el sistema de Justicia español.

"Por razones lógicas, mi defensa apelará contra este fallo, simplemente para volver a solicitar un derecho que no fue respetado en el Tribunal Superior de Justicia, así como plantear una cuestión perjudicial a las instancias europeas", anticipó.

No obstante, Torra, aclaró que "mi confianza en la Justicia española es nula" después del proceso que llevó al Tribunal Supremo español a condenar, el 14 de octubre pasado, a penas de entre 9 y 13 años a nueve dirigentes independentistas –que ya estaban presos de manera provisional- por delitos de sedición y malversación en relación al referendo de independencia de la región autónoma en 2017.

La decisión de la defensa de Torra responde a la necesidad de agotar todas las instancias para intentar revertir la sentencia. Si el máximo tribunal español mantiene firme la condena, el mandatario catalán se vería obligado a dejar su cargo.

En esa línea, Torra aseguró que la condena del Tribunal Superior de Justicia catalán es "eminentemente política, con el único objetivo de inhabilitarme y, de esta manera, intervenir en la situación política de Cataluña". "Esta justicia no es imparcial y completamente injusta", subrayó.

En ese sentido, el mandatario catalán advirtió que "un tribunal con motivaciones políticas no me prohibirá, porque solo el parlamento de Cataluña puede hacer eso", razón por la cual pidió a los grupos parlamentarios que le ratifiquen su apoyo en una votación en el legislativo regional.

"No se trata de apoyarme a mí. Debe quedar claro, por supuesto, que los tribunales no deben decidir quiénes son los presidentes (de las regiones) en este país a través de procedimientos irregulares, politizados y con fallos ya escritos antes del juicio", sentenció.

Con EFE y Reuters

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