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El Congreso argentino aprobó la ley de emergencia pública

Legisladores argentinos participan del debate de la ley de emergencia pública en el Senado, en Buenos Aires, el 21 de diciembre de 2019.
Legisladores argentinos participan del debate de la ley de emergencia pública en el Senado, en Buenos Aires, el 21 de diciembre de 2019. Agustin Marcarian

Con un veloz tratamiento legislativo, ambas cámaras dieron el visto bueno al proyecto presentado por el Gobierno de Alberto Fernández. La norma dispone medidas de urgencia como el congelamiento de tarifas, la suspensión de la fórmula para jubilaciones y un impuesto a la compra de divisas, entre otras.

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En menos de 72 horas, Alberto Fernández concretó su primera gran victoria legislativa desde su asunción como presidente el pasado 10 de diciembre. El proyecto de ley de emergencia pública recibió el apoyo de las cámaras de Diputados y Senadores en sendas sesiones maratónicas con votaciones de madrugada.

En concreto, la norma –denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva- declara la emergencia en once áreas, que van desde lo social a lo sanitario, las cuales regirán hasta el 31 de diciembre de 2020.

Bajo ese arco, el Ejecutivo adopta algunas facultades para la toma de decisiones de urgencia con el objetivo de reactivar la economía, golpeada por, entre otras falencias, una inflación galopante y un endeudamiento millonario con el Fondo Monetario Internacional, compromiso contraído por el gobierno de Mauricio Macri.

Las medidas más salientes –y también criticadas por la oposición- son la implementación de un impuesto del 30% a la compra de divisas y a las transacciones en dólares, el incremento de las tasas a las exportaciones agrícolas, el congelamiento de las tarifas de servicios públicos por 180 días y la suspensión, por el mismo plazo, de la fórmula de actualización de las jubilaciones.

Pese al tratamiento a contrarreloj –el Gobierno insistió a los parlamentarios en la necesidad de poner en marcha la norma cuanto antes y, por eso, habilitó el desarrollo de sesiones extraordinarias en el Congreso-, la ley sufrió varias modificaciones en su paso por la cámara de Diputados, que respaldó la norma el viernes 20 de diciembre en la madrugada, luego de 19 horas de debate.

Precisamente, el conocimiento al detalle de todas las modificaciones estiró el tratamiento de la ley en el Senado, que ratificó la norma en la madrugada del sábado 21 de diciembre, tras otra extensa sesión, que contó con el debut de la expresidenta Cristina Fernández como mandataria de la Cámara Alta.

En esta última votación, la mayoría oficialista fue clave para imponerse por 41 votos a favor –que también incluyó a tres legisladores independientes- contra 23 negativos –con el conjunto de la bancada de Juntos por el Cambio, el espacio del expresidente Mauricio Macri- y una abstención.

Las concesiones de Fernández: sin “superpoderes”, revisión de jubilaciones y fondos para el campo

Pese a su rápido tratamiento en el Congreso, la ley de emergencia pública debió atravesar múltiples obstáculos para su aprobación y sufrió varias modificaciones, producto de las negociaciones entre oficialismo y oposición.

El primer punto que puso en riesgo incluso el quórum para debatir la norma en el Congreso fue el artículo 85 que, según la oposición, era un cheque en blanco para que el Gobierno de Alberto Fernández implementara reformas en organismos del Estado. Ante la férrea postura opositora de no permitir el tratamiento del proyecto si contenía ese punto, el oficialismo accedió a eliminarlo.

Otro punto de controversia fue el impuesto a las exportaciones de productos agrícolas, llamadas retenciones. Si bien el Ejecutivo logró mantener los topes de 33% en las tasas para la soja, de 15% para el maíz y de 5% para el trigo, también debió ceder y establecer la creación de un Fondo Solidario destinado a pequeños productores y cooperativas.

Pero una de las mayores discusiones –y que generó más controversia social- se dio sobre las jubilaciones. Para el nuevo Gobierno, la fórmula de actualización que define los aumentos en las jubilaciones establecida por la gestión anterior no es acorde y, por eso, la ley de emergencia dispone la suspensión de esa fórmula.

Sin embargo, la oposición acusó al Gobierno de querer hacer “pagar el ajuste” a los jubilados y redireccionar los fondos de pensiones. Para calmar las aguas, Fernández dispuso el pago de bonos en diciembre y enero, a la vez que garantizó los aumentos trimestrales por decreto, sin especificar el porcentaje de esas subas.

Además, ordenó al Congreso que realice nuevas sesiones extraordinarias para tratar la eliminación de las jubilaciones de privilegio –destinadas a exmandatarios, diplomáticos y jueces nacionales-, las cuales deberían quedar exentas del congelamiento bajo la nueva ley, punto que despertó malestar social.

En tanto, acerca del impuesto a las divisas, el Gobierno ordenó sumar a la lista de excepciones –que incluye compra de material para investigación y desarrollo, medicamentos y libros, entre otros- a los boletos de viajes a países limítrofes.

¿Impuestos para los ricos o presión sobre la clase media?

Desde el momento de su presentación, Alberto Fernández y sus funcionarios defendieron el proyecto de ley de emergencia por tratarse de una medida que exige “un esfuerzo” a los sectores más pudientes para ayudar a los más vulnerables.

“Queremos ser claros y transparentes en nuestros propósitos. Solo nos importa que la solidaridad de los que más tienen ayude a aumentar los recursos para mejorar la situación de quienes la están pasando mal”, escribió Fernández en Twitter en la previa del tratamiento legislativo.

Sin embargo, los críticos de la iniciativa consideran que la presión impositiva recaerá en las clases medias y medias altas que, por ejemplo, utilizan la compra de divisas como método de ahorro, así como también sobre los jubilados y el sector rural.

“El Gobierno busca un ajuste que le dé recaudación por el 2% del PBI. El ajuste se hace sobre la clase media, el campo y los jubilados”, tuiteó el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Mario Negri, también en la víspera del debate parlamentario.

Con Reuters, EFE y medios locales
 

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