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Resumen 2019

Los retos en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia para 2020

Colectivos feministas y sociedad civil marchan en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre de 2019 en Bogotá, Colombia.
Colectivos feministas y sociedad civil marchan en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre de 2019 en Bogotá, Colombia. Mauricio Dueñas Castañeda / EFE
28 min

La sustitución de cultivos no avanza, los asesinatos de líderes sociales y excombatientes no paran y el 2019 termina en medio de protestas para pedir, entre otras demandas, que se implemente lo acordado en La Habana. Repaso a un proceso que avanza a pesar de sí mismo.

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Un mes de protestas para cerrar el año. En Colombia, las movilizaciones en contra del gobierno del presidente Iván Duque iniciaron el 21 de noviembre de 2019. En menos de un mes, se convocaron tres huelgas generales en un país donde, por tradición, miedo y falta de organización, las movilizaciones sociales no suelen tener suficiente fuerza para desestabilizar gobiernos.

A mediados de diciembre todavía se seguían haciendo llamados a las calles (aunque cada vez con menos fuerza) y a dos días de Navidad un concierto alineado con las protestas en Medellín pareció acabar con las movilizaciones en 2019. El efecto de estas jornadas de paro nacional todavía está por verse.

Al menos en Bogotá, el paro empezó a convocarse a principios de noviembre, cuando se conoció que al menos 18 niños, víctimas de reclutamiento forzado, murieron luego tras un bombardeo de las Fuerzas Militares a un campamento de disidentes de la exguerrilla de las FARC. Antes de que se hiciera pública la muerte de los menores, el Gobierno de Duque había presentado el operativo como "un éxito". El entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, renunció antes del 21 de noviembre, pero el caso desentonó en muchos sectores que ven en el proceso de paz una oportunidad para dejar en el pasado este tipo de episodios. 

Muchas causas se sumaron a las protestas que empezaron el 21 de noviembre, pero algunos salieron a las calles con el único propósito de exigir que se implemente lo acordado.

El proceso de reparación a las víctimas, un punto que busca recursos

El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame Estados Unidos fue designado por las partes firmantes del acuerdo para hacer seguimiento a la implementación. Desde 2006 han publicado tres informes, el más reciente se hizo público en abril de 2019. El equipo de David Huey, representante del Kroc en Colombia, adelantó algunos elementos del cuarto informe que será publicado en 2020.

Según Huey, el punto 5 del acuerdo, que apunta al sistema integral de reparación a las víctimas del conflicto, es uno de los que más ha avanzado. En parte debido a la llegada de la Justicia Especial para la Paz (JEP) a muchas zonas aisladas y golpeadas por la guerra. "Sin embargo, es necesario que tanto el Gobierno nacional como las FARC cumplan con los compromisos del acuerdo respecto a la política pública de reparación general a víctimas", sostiene Huey.

Antes del acuerdo, en Colombia se había firmado una ley de víctimas, que buscaba reparar a quienes habían sido afectados por el conflicto. Ese protocolo, y la institucionalidad que se creó alrededor, tenía una vigencia de diez años. Hace menos de un mes, la Corte Constitucional ordenó al Congreso ampliar la vigencia de la ley y adaptarla para que se articule con el acuerdo firmado entre el Gobierno y las FARC.

Pero en el primer debate al respecto en la Cámara baja, el partido de Gobierno votó en contra de las modificaciones. En resumen, todavía hay mucho por ajustar. "Cuando se originó esa ley el universo de víctimas era mucho más reducido y no los siete millones que tenemos hoy", resalta Huey y añade que parte de los retos de todo el proceso radica en esclarecer el presupuesto y el origen de los recursos para financiarlo.

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"Estamos enfrentando el mismo reto con la ley de víctimas y con el acuerdo en general, que es clarificar cuánto vale todo ese paquete y cómo se va a financiar", dice Huey. Al respecto, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas, compuesta por distintas entidades del sector público, resaltó en un documento publicado en agosto, que entre 2012 y 2019 el Gobierno colombiano invirtió 96,6 billones de pesos (29,4 billones de dólares) en esa ley. Según el informe de la Comisión, la cifra supera lo que se había presupuestado, pero resulta insuficiente para cumplir los compromisos con las víctimas.

Lo anterior es solo una parte de un punto de los seis que contempla el acuerdo firmado entre el Gobierno y la exguerrilla de las FARC. Un complejo documento que asumió 578 compromisos que van desde una reforma integral del campo, pasan por la participación política de los exmiembros de la guerrilla, buscan salidas al conflicto, abordan el punto ya mencionado de reparación a las víctimas, proponen un sistema de monitoreo y verificación del acuerdo y, entre otros elementos, buscan una solución al asunto de los cultivos ilícitos, uno de los elementos más rezagados.

Los cultivos ilícitos, punto de quiebre de los acuerdos

Parte de la estrategia para resolver el problema de los cultivos ilícitos está enfocada en el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), una política que adquirió compromisos con miles de familias durante el anterior gobierno de Juan Manuel Santos y cuya implementación ha sido "accidentada", en palabras de Huey. Según Pedro Arenas, líder de un observatorio sobre drogas declaradas ilícitas en Colombia y miembro de la Corporación Viso Mutop, parte de las demoras han estado justificadas en la falta de presupuesto o en el estudio que ha hecho el Gobierno Duque a lo pactado en el gobierno anterior. 

Dice Arenas que esto "los llevó a plantear que había muchos problemas de diseño de planeación del programa PNIS, que el programa costaba mucho dinero, que se habían asumido muchos compromisos con las comunidades y eso les sirvió para tomar tiempo". Sin embargo, el Gobierno muestra sus propios resultados.

Desde el Kroc, David Huey resalta que, independientemente de los cumplimientos del gobierno, "el programa ha sido muy bien recibido, hay mucha gente comprometida con la sustitución. Hay 99.000 familias dentro del programa por todo el país. Y hay otras 30.000 que quedaron en la puerta de entrada". Parte de las críticas a la gestión de Duque es que no ha buscado mecanismos para integrar más comunidades al programa y, en cambio, tiene una apuesta decidida por la erradicación forzada, particularmente a través de la aspersión aérea con glifosato.

Este 30 de diciembre, el Gobierno presentó un nuevo borrador de decreto con el que busca atender a los requerimientos que la Corte Constitucional había estipulado en 2017 para reanudar la fumigación aérea con glifosato. Las comunidades y defensores de la naturaleza han denunciado los riesgos de esta actividad para el medio ambiente y la salud de los pobladores aledaños a las zonas objetivo. La decisión revive un largo debate en el país, sobre todo desde quienes resaltan que la sustitución de cultivos es más eficiente que la erradicación forzada.

"Lo que está demostrándose es que la sustitución es mucho más efectiva para erradicar cultivos que la erradicación forzosa o el glifosato", dice Huey, "la sustitución está teniendo una resiembra del 0,5% mientras que la erradicación forzosa tiene como el 30%".

El investigador Pedro Arenas, por su parte, explica que mientras la sustitución de cultivos ofrece alternativas a los cultivadores de coca, la erradicación forzada no ofrece otras opciones y hace que muchos campesinos busquen otras zonas para volver a cultivar coca, lo cual, entre otros fenómenos, causa más deforestación.

El profesor Santiago Saavedra de la Universidad del Rosario en Colombia es uno de los que ha presentado estudios sobre la efectividad de la sustitución.

De forma paralela, aumentan los asesinatos de líderes comunitarios a favor del PNIS, defensores de derechos humanos, líderes medioambientales y excombatientes de las FARC.

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Un asunto que que hizo parte de la lista de motivos del grupo de guerrilleros que volvió a las armas en septiembre, en cabeza de 'Jesús Santrich' e 'Iván Márquez', dos exnegociadores del Acuerdo de Paz. Para los analistas del Kroc, "se preveía" que algunos miembros de las FARC volverían a las armas, pero resaltan que son una minoría frente quienes siguen comprometidos con la implementación. 

Por otro lado, los investigadores coinciden en que el actual Gobierno parece más interesado en apostarle a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), una propuesta enfocada a los territorios más afectados por el conflicto. Pero una vez más, según resalta Pedro Arenas, la financiación del programa no está resuelta.

Los organizadores del Paro Nacional dicen que volverán a salir a las calles en enero. En el primer día de 2020 se renovarán los gobiernos regionales en Colombia, un recambio que podría darle un nuevo aire al proceso en algunos territorios.

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