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Presidente panameño exige recuperar la credibilidad del sistema judicial

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Ciudad de Panamá (AFP)

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, planteó este jueves la necesidad de restaurar la confiabilidad del sistema de justicia del país, que ha sido epicentro de escándalos internacionales.

"Panamá exige restaurar una justicia eficaz, transparente y confiable como primer paso para alcanzar el estado de derecho, de ley y orden", dijo Cortizo durante un mensaje con motivo de la apertura del periodo legislativo.

Durante sus primeros seis meses de gobierno, Cortizo nombró a nuevos magistrados para renovar parcialmente la Corte Suprema de Justicia.

También designó a un nuevo fiscal jefe experto en corrupción y delitos financieros, en momentos que el país busca lavar su imagen exterior tras varios escándalos internacionales y acusaciones de ser un paraíso fiscal.

Los nuevos magistrados y el fiscal jefe inician sus funciones este jueves.

"El gran desafío de nuestro gobierno y de todos los panameños" es un "sistema de justicia independiente, con fiscales, procuradores, jueces y magistrados que hagan bien su trabajo", indicó el mandatario durante su discurso.

El Poder Judicial panameño goza de muy poca credibilidad en el país ya que en los últimos cuatro años se abrieron cerca de 30 casos por corrupción pero ningún alto funcionario ha sido condenado.

Escándalos como los Papeles de Panamá, que reveló la creación desde un bufete panameño de sociedades opacas para evadir impuestos en todo el mundo, o el pago de millonarios sobornos por parte de la multinacional brasileña Odebrecht, han quedado en aparente impunidad.

En 2019, la justicia panameña fue también duramente criticada tras absolver al expresidente Ricardo Martinelli, enjuiciado por espionaje y malversación de fondos públicos durante su mandato (2009-2014).

Algunos expertos consideran que no hay separación de poderes en Panamá, un país muy presidencialista donde no hay carrera judicial.

Muchos de los jueces son interinos, lo que limita su independencia frente a los magistrados de la Corte que los han nombrado, y no existe un tribunal independiente que vigile sus actuaciones.

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