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Garantizar seguridad de líderes sociales: uno de los más urgentes retos de la implementación de la paz en Colombia

el presidente Iván Duque, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu y el alto consejero para la estabilización Emilio Archila en Bogotá, Colombia el 8 de enero de 2019.
el presidente Iván Duque, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu y el alto consejero para la estabilización Emilio Archila en Bogotá, Colombia el 8 de enero de 2019. © CortesíaTwitterPresidenteIvánDuque
Texto por: Andrea Rincón
6 min

La Misión de Observación de la ONU entreó su informe trimestral sobre la implementación del proceso de paz en Colombia y fue clara: si bien avanza los desafíos son amplios y garantizar la seguridad de las comunidades, excombatientes y líderes sociales amenazados, es uno de los más urgentes.  

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La primera reunión del año entre el presidente Iván Duque; el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu y el alto consejero para la estabilización, Emilio Archila; fue larga, matizada y moderadamente optimista. El objetivo: dar un parte sobre el estado de la implementación del Acuerdo de paz, previo a la presentación del informe que hará el próximo lunes esta misión ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York.

En el panorama que dibujó Ruiz Massieu, la implementación del proceso de paz equivaldría a un paciente que intenta sobrevivir a una cirugía a corazón abierto. Todos los signos apuntan a que su recuperación, aunque lenta, avanza favorablemente, pero todavía los lastres de la cirugía hacen que los riesgos no hayan desaparecido. Y el hospital, vendría siendo el Gobierno. Uno que, aunque no ha dado prioridad a su caso, le ha dado algunos de los medicamentos necesarios para no desfallecer.

El representante de las Naciones Unidas resaltó varios de los puntos en los que se ha avanzado durante el Gobierno de Iván Duque. Resaltó particularmente la ruta de reincorporación que estableció esta administración poco antes de que terminara el 2019, haciendo énfasis en el trabajo conjunto que se realizó con algunos de los líderes del partido FARC.

Proyectos productivos, el enfoque territorial y la justicia transicional: los temas en verde del Acuerdo

En esta línea, destacó además la aprobación de proyectos productos fuera de los ETCR, los espacios de reincorporación asignados para los excombatientes tras la firma del proceso en 2016 y el desarrollo de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETS), el esquema que se creó con el Acuerdo de Paz para priorizar la presencia del Estado en los lugares que ha desatendido y que han sufrido los estragos de la guerra en Colombia.

A pesar de todas las trabas y complejidades que ha suscitado la justicia transicional, Ruiz Massieu subrayó su importancia y su avance en su énfasis en las víctimas del conflicto. El funcionario aseguró además que “a las Naciones Unidas no le cabe duda alguna que 2020 será un buen año para la implementación de los acuerdos de paz”. Duque, que nunca mencionó “Acuerdo de Paz”, sino la frase que usa su Gobierno “Paz con legalidad”, acompañó estos logros y reiteró que este proceso no es solo un asunto de su administración sino de todo el país.

El presidente reiteró además a Ruiz Massieu que el deseo de su Gobierno "es que la misión nos acompañe durante todo nuestro periodo hasta agosto de 2022, para que ese seguimiento de Naciones Unidas contribuya a que la evaluación de la política de paz con legalidad se totalmente veraz y ajustada a indicadores medibles”.

La falta de seguridad: la deuda del Estado con el proceso de paz en Colombia

Esta es una zona gris oscura, en la que el Gobierno colombiano ha fallado y la ONU así lo reconoció. Cuando habló de “desafíos”, el jefe de la misión de la ONU señaló que “la principal preocupación es sobre la seguridad de excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos en algunos departamentos como Chocó y Nariño”.

El asesinato de Gloria Ocampo, una destacada líder social del departamento de Putumayo, de 37 años y que respaldaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos el 7 de enero así lo confirma. Pero no es solo la muerte de los más de 200 líderes sociales que se han producido durante 2019 según organizaciones defensoras de derechos humanos. Son también las denuncias de la presidencia de “más de 300 hombres armados” en la población de Pogue, que sus líderes dicen que se trata de paramilitares.

Aunque el Gobierno de Iván Duque prometió acciones militares para minimizar su presencia, el líder social y comunitario de Bojayá, Leyner Palacios, entregó este miércoles 8 de ener una carta al presidente en la que expresó que “la actuación de los grupos paramilitares se realiza en connivencia con la Fuerza Pública".

La comunidad de Pogue que hace parte de Bojayá, unos días antes de la incursión paramilitar que denuncian los habitantes y las organizaciones civiles.
La comunidad de Pogue que hace parte de Bojayá, unos días antes de la incursión paramilitar que denuncian los habitantes y las organizaciones civiles. David González / France 24

Ruiz Massieu explicó que entre las causas de esa inseguridad emergen las economías ilícitas y la presencia de grupos armados ilegales. El funcionario, sin embargo, celebró que Duque convocara para este 8 de enero, por tercera vez en lo que va de su Gobierno, a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Esta entidad estatal nació en el seno del Acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, con el objetivo de detener la violencia en los territorios y desarticular organizaciones criminales herederas del paramilitarismo que amenazan la implementación del acuerdo.

También instó al mandatario colombiano a reactivar la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz, que todavía no cuenta con el decreto para funcionar, para que el Gobierno y los dirigentes de las FARC, resuelvan las diferencias.

El llamado final de la ONU fue volver a las instituciones que se crearon en el Acuerdo para resolver los grandes impases que tienen a Colombia al borde de un nuevo conflicto, que ya empieza a arreciar en las regiones más abandonadas.

Con medios de comunicación locales

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