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Comienzan las investigaciones en la Fiscalía tras el regreso de las “chuzadas” en Colombia

El presidente Iván Duque saluda durante la ceremonia de nombramiento del nuevo comandante del Ejército Nacional, en Bogotá, Colombia, el 30 de diciembre de 2019.
El presidente Iván Duque saluda durante la ceremonia de nombramiento del nuevo comandante del Ejército Nacional, en Bogotá, Colombia, el 30 de diciembre de 2019. © Luisa González,Reuters

Tras el escándalo de interceptaciones ilegales que sacudió a Colombia este fin de semana, la Fiscalía y la Procuraduría anunciaron una pesquisa para establecer quiénes están detrás del espionaje a magistrados, periodistas y opositores. También buscan determinar si el exjefe del Ejército estuvo involucrado.  

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Una vez más el Ejército colombiano está en el ojo del huracán, y a su lado, el Gobierno de Iván Duque. Después de que el país conoció a través de una denuncia realizada por la revista Semana, que las “chuzadas” -como se conocen a las interceptaciones ilegales en el país- regresaron, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, solicitó una investigación.

Poco después el fiscal Fabio Espitia asumió ante la Corte Suprema de Justicia una investigación para determinar quiénes estarían involucrados en el espionaje a jueces, periodistas e integrantes de la oposición. "La Fiscalía General de la Nación inicia hoy una investigación en relación con estos hechos. Dado que se menciona a un general de la República, obviamente corresponde al funcionario de la oficina en la Corte Suprema", dijo Espitia. 

El fiscal se refiere al exgeneral Nicacio de Jesús Martínez Espinal, que el 27 de diciembre, en medio de las festividades navideñas, presentó su renuncia alegando motivos personales. Esta dimisión, que pasó desapercibida para entonces, hoy levanta toda clase de suspicacias entre los círculos de opinión y sectores de oposición, quienes creen que su salida está relacionada con las interceptaciones ilegales de las que ahora trata de marcar distancia el presidente.


Martínez, sin embargo, salió al paso a las denuncias y negó cualquier responsabilidad. “No tengo nada que ver con la publicación realizada por Semana y me encuentro totalmente ajeno a ese tipo de acciones ilegales e injuriosas". Pero su gestión está manchada de episodios cuestionados. Estuvo involucrado en una denuncia que hizo The New York Times en mayo de 2019, en el que presuntamente dio órdenes para duplicar los muertos en combate. Según el diario estadounidense, tras su llegada al cargo, también se ordenó disminuir del 80% al 60% o 70% el nivel de certeza exigido para lanzar un ataque sobre un objetivo.

Además, el exgeneral fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada del Ejército a la cual la Fiscalía le abrió una pesquisa por 23 ejecuciones extrajudiciales, conocidas con el nombre de “falsos positivos”, que marcaron al Gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

Espionaje a jueces clave en proceso contra Uribe mina credibilidad del Gobierno

 

El jefe del ministerio de Defensa pidió un “acto de fe” a los colombianos en las instituciones que van a desarrollar estas investigaciones y acto seguido, intentó apagar el incendio asegurando que ordenó una revisión del trabajo de inteligencia militar realizado durante la última década y reiteró que el Gobierno de Duque tendrá "cero tolerancia" con los actos ilegales.

Los hallazgos, sin embargo, apuntan hacia otras direcciones. No solo se encontraron micrófonos en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, quien hasta mayo del año pasado llevó el caso contra el expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema por presunta manipulación de testigos, sino que el fiscal Espitia confirmó que también se hallaron micrófonos en la oficia del magistrado César Reyes, quien ahora maneja el caso de Uribe.

"Efectivamente se encontró ese micrófono en dependencias de oficina del magistrado, estamos preparando un informe técnico de cuándo fue encontrado, qué conexiones tenía, cuáles eran las anteriores oficinas que existieron allí”, indicó.

Archivo: El presidente de Colombia, Iván Duque, junto al expresidente Álvaro Uribe en un acto en Bogotá, Colomnia.
Archivo: El presidente de Colombia, Iván Duque, junto al expresidente Álvaro Uribe en un acto en Bogotá, Colomnia. Reuters

Semana denunció que la información que se recolectaba de estas “chuzadas” llegaba a un “reconocido político del Centro Democrático”, partido del que proviene Duque. Pero para los colombianos, los episodios de espionaje no son nuevos. Durante los dos periodos de Gobierno de Uribe (2002-2010), esta actividad se realizó bajo el auspicio del ya desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que interceptó ilegalmente a políticos de oposición, periodistas y magistrados. 

A pesar de las promesas del presidente Duque, los colombianos ya no confían en las instituciones encargadas de impartir justicia en el país. De acuerdo con un informe de 2018 realizado por la Registraduría Nacional, frente a la pregunta, “¿qué tan probable es que un delito sea sancionado y castigado por la justicia en Colombia?”, sólo el 18% de los encuestados lo consideran probable y el 35% creen que es improbable.

Con Reuters y medios de comunicación locales
 

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