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¿Cómo se está implementando el acuerdo de ‘tercer país seguro’ en Guatemala?

Migrantes que se dirigen hacia los Estados Unidos descansan en la frontera entre Honduras y Guatemala el 16 de enero de 2020.
Migrantes que se dirigen hacia los Estados Unidos descansan en la frontera entre Honduras y Guatemala el 16 de enero de 2020. © Fabricio Alonso / Reuters

A pesar de que ya está en implementación la pactado, ni el presidente Alejandro Giammattei ni las organizaciones de la sociedad civil que atienden a los migrantes parecen dominar los alcances del pacto que firmaron los gobiernos de Donald Trump y del saliente Jimmy Morales.

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Los que menos saben son los principales afectados: las personas que han sido devueltas de Estados Unidos, cuyo anhelo de migrar ha sido frustrado y que se ven obligadas a volver a sus países, a pesar de los riesgos que corren y de las pocas oportunidades que les esperan.

En la práctica, el pacto está sirviendo para que los migrantes retornados de Estados Unidos simplemente hagan una parada de 72 horas en Guatemala, antes de verse obligados a regresar a su país de origen. No se les ofrece la alternativa de pedir asilo ni a Estados Unidos ni a esa nación.

El Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), firmado entre Estados Unidos y Guatemala, se empezó a implementar en noviembre de 2019. Unas 160 personas hondureñas y salvadoreñas han sido trasladadas en avión de Estados Unidos a Guatemala, muchas son familias completas que incluyen a menores de edad.

Un retorno sin opción

Tras vivir el maltrato de las autoridades estadounidenses en los centros de detención, los migrantes son trasladados por aire con muy poca o nada de información sobre sus opciones legales y de estadía.

Una vez aterrizan en suelo guatemalteco, quienes se encargan de asistirles humanitariamente y brindarles asesoría son organizaciones de la sociedad civil, como el Refugio de la Niñez y la Casa del Migrante, con el apoyo de agencias de Naciones Unidas como Unicef y ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados).

Jorge, su esposa e hijas, de 11 y 15 años, se entregaron a las autoridades estadounidenses el 31 de diciembre. Viajaron desde Honduras y creyeron que una vez presentaran su solicitud de asilo empezarían una nueva vida. Más bien fue el inicio de un episodio angustiante: pasaron diez días en una de las carpas que funcionan como centro de detención de migrantes muy cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

Ahí estaba Heydy, hondureña también, embarazada de seis meses y con un hijo de 3 años. Pasó 17 días en esa carpa y, a pesar de que avisó sobre su estado de salud, dice que los oficiales de Migración no le creyeron. “Estuve siempre en unas condiciones malas, durmiendo en el suelo, bañándome a los cinco días, sin ropa, poniéndome la misma ropa sucia”, narra.

Finalmente, fueron trasladados a Guatemala como parte del acuerdo de ‘tercer país seguro’ y están ahora en el albergue Casa del Migrante, en el centro histórico de la capital.

La respuesta estatal

El Estado de Guatemala no está dando ningún tipo de respuesta, dice Leonel Dubón, miembro del Refugio de la Niñez, la otra institución que está recibiendo a quienes llegan bajo el ACA.

Dubón teme que el número de migrantes enviados por Estados Unidos a Guatemala aumente y solicita que se conozca el acuerdo en su totalidad, que se involucre de lleno el Estado guatemalteco para dar respuestas más efectivas y que participen también los estados de los países de origen. “No hemos visto a los cónsules de El Salvador o de Honduras preguntar por sus ciudadanos”, explica.

“Tenemos serios problemas en la región de movilidad humana. Sin embargo, creemos que los problemas de fondo aún están sin resolverse en los países y, en consecuencia, simplemente estamos dando vueltas alrededor de un mismo círculo”, añade.

El presidente Alejandro Giammattei ha dicho desconocer hasta ahora el contenido del pacto migratorio y afirmado que aspira proponer modificaciones sobre cantidad y las nacionalidades de los migrantes, quienes asumirían los gastos.

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