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El "Luanda Leaks" suscita preocupación y molestia en Portugal

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Lisboa (AFP)

Las autoridades portuguesas y los socios locales de la mujer más rica de África, Isabel dos Santos, hija del expresidente angoleño, han reaccionado con preocupación y molestia tras las revelaciones sobre el origen dudoso de su colosal fortuna, gran parte invertida en este país.

"El ministerio público no dejará de analizar toda la información divulgada", aseguró el martes la fiscalía portuguesa, saliendo al paso de la divulgación, el domingo, de una investigación periodística que acusa a Dos Santos de haber "saqueado" las cajas públicas del país con ayuda de decenas de sociedades.

"El gobierno no tiene comentarios que hacer", declaró el lunes el ministro portugués de Relaciones Exteriores, Augusto Santos Silva, limitándose a recordar la independencia de las autoridades judiciales y de los reguladores financieros de Portugal, antigua potencia colonial.

"Esperamos serenamente a que los reguladores hagan su trabajo", insistió el secretario de Estado de Finanzas, Ricardo Mourinho Félix.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) analizó más de 715.000 documentos filtrados para revelar ""cómo un ejército de firmas financieras occidentales, abogados, contadores, funcionarios gubernamentales y compañías de gestión ayudaron" a Isabel dos Santos "a esconder activos a las autoridades fiscales".

Este "Luanda Leaks", por el nombre de la capital angoleña, vió la luz gracias a la filtración de datos orquestada desde su sociedad de gestión financiera con sede en Portugal, después de que el actual presidente angoleño Joao Lourenço arremetió contra el clan de su predecesor Jose Eduardo dos Santos, en nombre del combate contra la corrupción.

- ¿Complicidad? -

Principal inversora angoleña en Portugal, la emprendedora de 46 años y su entorno poseen participaciones importantes en al menos 17 empresas portuguesas.

"El robo al pueblo angoleño fue realizado por Isabel dos Santos y su familia con la complicidad de las élites políticas y económicas portuguesas", denunció el lunes la dirigente del Bloque de izquierda (izquierda radical), Catarina Martins.

"Portugal y muchos portugueses son presentados en el mundo como los cómplices, por acción u omisión, de la cleptocracia angoleña", lamentó la exeurodiputada socialista Ana Gomes.

Isabel dos Santos controla entre otros al operador de telecomunicaciones portugués NOS en asociación con el grupo Sonae, que sigue las repercusiones del "Luanda Leaks" con "atención y preocupación".

Interrogado por la AFP, el importante grupo petrolero Galp Energia ha rechazado hacer comentarios.

El banco Eurobic, que habría permitido a Dos Santos desplazar fondos de origen dudoso, decidió por su parte poner fin a toda "relación comercial" con su principal accionista. En un comunicado, la institución financiera anunció una auditoría cuyas conclusiones serán comunicadas al Banco de Portugal.

- Cooperar con Luanda -

El Banco Central aseguró por su parte que "sacará las consecuencias que se imponen", en función de las informaciones que le lleguen.

"Durante los últimos años, el Banco de Portugal siguió de cerca la actividad de Eurobic", agregó el regulador para defenderse de los críticos que desde hace años se preguntan sobre el origen de la fortuna de la "princesa", como la llaman los angoleños.

En diciembre, la justicia angoleña decidió congelar los activos de la millonaria, sospechosa de haber desviado más de mil millones de dólares de las cuentas de empresas públicas de Sonangol (petróleo) y Endiama (diamantes) para inyectar en sus propios negocios.

Tras la presentación de una querella por blanqueo de dinero, la justicia portuguesa confirmó a principios de enero que había abierto una investigación a la empresaria angoleña.

Según el diario Publico, otra investigación ya está en marcha desde 2011 sin que nadie haya sido acusado.

Cuando el presidente Lourenço visitó Portugal en noviembre de 2018, para normalizar las relaciones diplomáticas tras un periodo de crispación, Lisboa le prometió ayuda para recuperar el dinero procedente de la corrupción que estaría invertido en el país.

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