Saltar al contenido principal

Grupos armados ilegales imponen su ley en la frontera entre Colombia y Venezuela, según HRW

El director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, participa en el repaso del informe anual de Derechos Humanos en Ciudad de México, México, el 15 de enero de 2019.
El director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, participa en el repaso del informe anual de Derechos Humanos en Ciudad de México, México, el 15 de enero de 2019. © Sáshenka Gutiérrez/EFE

Las agrupaciones que se pasean entre el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure controlan de forma violenta el día a día en esa región fronteriza, de acuerdo con lo indicado en un nuevo informe de Human Rights Watch.

Anuncios

En una amplia franja de la frontera que divide a Colombia y Venezuela, del costado oriental colombiano y occidental venezolano, grupos armados ilegales son amos y señores del control de la región y la población civil es víctima de sus amenazas, multas, reclutamiento de menores, violaciones sexuales o trabajos forzados e, incluso, la muerte. Así lo alertó este 22 de enero un nuevo informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), presentado en Bogotá por su director ejecutivo para las Américas, José Miguel Vivanco.

Esta situación se presenta en el departamento colombiano de Arauca y el vecino estado venezolano de Apure, región fronteriza a merced de grupos guerrilleros y otras organizaciones armadas que cometen todo tipo de abusos que casi siempre terminan en impunidad. Los grupos extorsionan prácticamente a todos los residentes para quitarles dinero.

El informe de 69 páginas titulado 'Los guerrilleros son la Policía: Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure', documenta crímenes cometidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y el “Frente Décimo Martín Villa”, un grupo disidente formado a partir de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el extinto grupo guerrillero que se transformó en un partido político tras el Acuerdo de Paz de La Habana firmado con el Estado colombiano en 2016.

Mapa de los departamentos de Arauca, en Colombia, y Apure, en Venezuela, en la región fronteriza entre ambos países, donde según un informe de Human Rights Watch (HRW), grupos armados ilegales imponen su control territorial abusando de la población civil.
Mapa de los departamentos de Arauca, en Colombia, y Apure, en Venezuela, en la región fronteriza entre ambos países, donde según un informe de Human Rights Watch (HRW), grupos armados ilegales imponen su control territorial abusando de la población civil. © FRANCE24

"Los residentes en Arauca y Apure viven con miedo, ya que los grupos armados reclutan a sus hijos e imponen sus propias reglas, amenazan a los residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con asesinatos o meses de trabajo forzado en los campos", dijo Vivanco. El informe, concluye que estos grupos al margen de la ley imponen a la fuerza normas que, normalmente, cumpliría un gobierno.

El equipo de investigación de HRW visitó Arauca en agosto de 2019. Entrevistaron a 105 personas, incluidos líderes comunitarios, víctimas de abusos y sus familiares, actores humanitarios, funcionarios de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas. De igual manera, fueron hechas solicitudes de información a autoridades colombianas y venezolanas, y se consultaron numerosas fuentes de información y otros documentos.

La imposición a la fuerza de la propia ley en un territorio

Si bien las autoridades colombianas han intentado contrarrestar el poder de los grupos armados, la impunidad sigue siendo la norma y la protección para los residentes es insuficiente. HRW subraya que, en esa parte de la frontera entre Arauca y Apure, "los grupos armados no estatales usan la violencia para controlar la vida cotidiana de las personas".

Las estrictas reglas impuestas por el ELN, el FPLN y los disidentes de las FARC, incluyen medidas de carácter judicial como toques de queda, "prohibiciones de violación, robo y asesinato" y regulaciones que rigen las actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y los horarios de cierre de bares. En algunas zonas, los grupos prohíben usar cascos a quienes circulan en motocicleta para que los miembros de los grupos armados puedan verles el rostro a las personas que circulan.

“Acá se hace lo que ellos dicen o uno se muere”, le dijo a HRW una residente que se desplazó de su vereda tras ser amenazada por un grupo armado. “Las reglas son: no se le puede hablar al Ejército, no se puede salir tarde en la noche. Y, si no las cumplimos, el objetivo o la pena es la muerte”.

Ciudadanos de la región son obligados a trabajar sin recibir pago alguno, a veces durante meses, en actividades como la agricultura, la limpieza de caminos o cocinando en los campamentos de los grupos armados, que suelen estar en Venezuela. Además, muchas mujeres son sometidas a explotación sexual y coacción para intercambiar relaciones sexuales por dinero.  

Xenofobia y fenómeno migratorio en medio del control territorial de grupos armados ilegales

La xenofobia es un fenómeno extendido en Arauca. A menudo, los residentes culpan a los venezolanos por la delincuencia. Y, en medio de esta grave situación en esa zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, está el fenómeno migratorio de venezolanos que huyen de su país por la crisis humanitaria, económica y política. Cerca de 44.000 viven en Arauca. La mayoría de ellos empezaron a llegar desde 2015 y viven en condiciones económicas precarias, duermen en la calle o en asentamientos improvisados. Y, desde luego, han sufrido también estos abusos por parte de los grupos armados ilegales que imperan en la región.

Colombia y Venezuela, que no tienen relaciones diplomáticas desde febrero de 2019, comparten una frontera de 2.219 kilómetros, donde operan grupos guerrilleros, bandas criminales herederas de los paramilitares colombianos, contrabandistas, narcotraficantes y delincuentes comunes. 

Venezolanos compran alimentos en las orillas del río Arauca en Arauca, Colombia, en la frontera con Venezuela, el 15 de mayo de 2019.
Venezolanos compran alimentos en las orillas del río Arauca en Arauca, Colombia, en la frontera con Venezuela, el 15 de mayo de 2019. © JuanBarreto/AFP

Al parecer, los grupos armados tienen mucha más libertad de acción en Venezuela que en Colombia, según el informe de HRW, en varias oportunidades, los grupos han trasladado a víctimas secuestradas en Arauca a campamentos y otras instalaciones que tienen en el vecino país. 

Habitantes, líderes comunitarios, periodistas y trabajadores humanitarios aseguraron a HRW que, en algunos casos, "los grupos armados actúan en connivencia con las fuerzas de seguridad venezolanas y las autoridades locales". Por eso, Vivanco subrayó que es necesario incrementar la presión internacional sobre el mandato de Nicolás Maduro, pues puede seguir "siendo una herramienta importante para prevenir abusos y que se haga justicia por los crímenes cometidos en Venezuela".

Vivanco agregó que “los gobiernos de América y Europa deberían imponer sanciones específicas, como el congelamiento de activos y la prohibición de ingreso a países de la región, dirigidas a altos funcionarios venezolanos que hayan sido cómplices en abusos cometidos por grupos armados en Venezuela”.

Mayor protección a la población y fortalecimiento del poder judicial para evitar que empeore la situación

La investigación de HRW sugiere que es improbable que la situación en Arauca mejore si el Gobierno de Iván Duque sigue enfocando su estrategia en enviar militares, sin reforzar la protección de la población y adoptar medidas para asegurar un acceso adecuado para los civiles a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos.

De igual forma, se estima que, si no logran fortalecer el poder judicial para eliminar la impunidad que reina en el territorio, las cosas difícilmente mejorarán. Los grupos armados son responsables de al menos 161 homicidios que se registraron entre enero y finales de noviembre de 2019, una cifra que va en aumento cada año.

A su vez, el informe también recomienda mayor eficacia en la implementación de planes de desarrollo local vinculados con el fortalecimiento del poder judicial y la protección de líderes comunitarios. En Colombia, en promedio, muere un líder social a diario. Estas medidas podrían contribuir a "contrarrestar el poder de los grupos armados y prevenir violaciones de Derechos Humanos en Arauca", concluye el informe de HRW.

Con EFE

Boletines de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24

Página no encontrada

El contenido que solicitó no existe o ya no está disponible.