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La CIJ ordenó medidas cautelares para proteger a los rohingyas en Myanmar

El juez presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, lee la orden de aplicación de medidas provisionales contra Myanmar por el presunto genocidio de la minoría musulmana rohingya en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, Países Bajos, el 23 de enero de 2020.
El juez presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, lee la orden de aplicación de medidas provisionales contra Myanmar por el presunto genocidio de la minoría musulmana rohingya en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, Países Bajos, el 23 de enero de 2020. © David Morales Urbaneja / EFE

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Myanmar la aplicación de medidas cautelares para proteger a la minoría musulmana rohingya de un genocidio.

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En una victoria legal radical para los miembros de la minoría musulmana rohingya, el máximo tribunal de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, ordenó este 23 de enero a Myanmar que tome todas las medidas en su poder para evitar el genocidio contra esta comunidad.

El presidente del tribunal, el juez Abdulqawi Ahmed Yusuf, dijo que la CIJ "es de la opinión de que los rohingya en Myanmar siguen siendo extremadamente vulnerables". Además, en el fallo que constó de cinco puntos, la CIJ agregó que su orden para las llamadas "medidas provisionales" destinadas a proteger a los rohingyas es vinculante "y crea obligaciones legales internacionales" para Myanmar.

El Ejército de Myanmar también deberá evitar otros delitos que puedan cometerse contra la minoría musulmana, como que sus miembros sean víctimas de "daños mentales o corporales" o la imposición de medidas "que prevengan el nacimiento" de rohingyas. Asimismo, tanto el Ejército de Myanmar como los "grupos armados irregulares", no podrán cometer actos que supongan la comisión del delito de genocidio o de intento de genocidio.

Al final de una sesión de una hora en el Gran Palacio de Justicia en La Haya, Países Bajos, con paneles de madera de la corte, los jueces también ordenaron a Myanmar informarles en un plazo de cuatro meses sobre las medidas que el país tomará para cumplir con la orden y luego informar cada seis meses, a medida que el caso avance lentamente por la corte mundial.

Un "triunfo de la justicia internacional", según Gambia, el país denunciante

Aunque la decisión final de la corte podría tomar años, y el fallo del jueves solo trató la solicitud de Gambia de medidas preliminares, este fue aclamado por el ministro de Justicia de ese país, Abubacarr Tambadou, como un "triunfo de la justicia internacional".

Gambia, un pequeño país africano de población en su mayoría musulmana, presentó el caso en noviembre de 2019 bajo el argumento de que todas las naciones tienen el deber legal universal de prevenir el genocidio y acusó a Myanmar de violar la convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la ONU, y presentó sus alegatos basándose en un informe de la ONU que alertó de elementos en la actuación del Ejército de Myanmar desde agosto de 2017, que podrían definirse como un "intento de genocidio".

La decisión también fue celebrada por activistas de derechos humanos. "La orden de la CIJ a Myanmar de tomar medidas concretas para prevenir el genocidio de los rohingyas es un paso histórico para detener más atrocidades contra una de las comunidades más perseguidas del mundo", dijo Param-Preet Singh, director asociado de justicia internacional de Human Rights Watch (HRW) en Nueva York. "Los gobiernos preocupados y los organismos de la ONU ahora deberían intervenir para garantizar que la orden se cumpla mientras avanza el caso de genocidio", añadió Singh.

La Corte Internacional de Justicia ordenó a Myanmar la aplicación de medidas cautelares para proteger a la minoría musulmana rohingya de un genocidio, en La Haya, Países Bajos, el 23 de enero de 2020.
La Corte Internacional de Justicia ordenó a Myanmar la aplicación de medidas cautelares para proteger a la minoría musulmana rohingya de un genocidio, en La Haya, Países Bajos, el 23 de enero de 2020. © David Morales Urbaneja / EFE

El caso fue discutido en diciembre por algunos de los mejores abogados de derechos humanos del mundo, y la líder de facto de Myanmar, Aung San Suu Kyi, asistió personalmente a las audiencias en La Haya para pedirles a los jueces que lo desestimen. Más de 730.000 rohingyas huyeron del país después de una ofensiva liderada por los militares en 2017, y fueron obligados a acampar en la frontera en Bangladesh. Los investigadores de la ONU concluyeron que la campaña militar había sido ejecutada con "intención genocida".

Myanmar, de mayoría budista, siempre ha considerado a los rohingyas como "bengalíes" de Bangladesh a pesar de que sus familias han vivido en el país durante generaciones. A casi todos se les ha negado la ciudadanía desde 1982, lo que los ha convertido en apátridas. También se les niega la libertad de movimiento y otros derechos básicos.

El país dijo en su defensa que las operaciones de sus Fuerzas Militares formaban parte de una lucha contra grupos armados que atacaron comisarías de policía. La premio Nobel de la Paz y líder de facto de Myanmar, Aung San Suu Kyi, acudió a La Haya el pasado diciembre para defender al Ejército y aseguró que el sistema de justicia militar de su país procesará a los sospechosos de los abusos.

Aung San Suu Kyi a su llegada a la corte de justicia de La Haya, en Países Bajos, el 10 de diciembre de 2019.
Aung San Suu Kyi a su llegada a la corte de justicia de La Haya, en Países Bajos, el 10 de diciembre de 2019. Yves Herman / Reuters

Las medidas de la CIJ podrían ser insuficientes y el fallo final podría tomar años

Las órdenes de la CIJ son legalmente vinculantes, pero depende de la ONU agregar presión política, si es necesario, para hacerlas cumplir, pues los países ocasionalmente las han burlado y el tribunal no tiene un mecanismo formal para hacerlas cumplir.

Yusuf, el juez presidente, dijo que el tribunal no estaba satisfecho con los propios esfuerzos de Myanmar "para facilitar el regreso de los refugiados rohingyas exiliados en Bangladesh, para promover la reconciliación étnica, la paz y la estabilidad en el estado de Rakhine, y hacer que sus militares sean responsables de las violaciones internacionales del derecho humanitario y de derechos humanos". 

Más de 100 grupos de la sociedad civil de Myanmar publicaron una declaración diciendo que esperaban que los esfuerzos de la justicia internacional "revelaran la verdad" y pusieran fin a la impunidad. "Las políticas estatales y militares siempre se han impuesto con violencia e intimidación sobre el pueblo de Myanmar de forma sistemática e institucional sobre la base de sus creencias políticas y religiosas e identidades étnicas, y continúan hasta el presente", dijo el comunicado. 

Se espera que la CIJ tome años para emitir un fallo final en el caso.

Con Reuters, AP y EFE

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