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La lucha contra la corrupción está en juego en las legislativas de Perú

El Congreso de Perú está compuesto por 130 legisladores. Lima, septiembre de 2019.
El Congreso de Perú está compuesto por 130 legisladores. Lima, septiembre de 2019. © Paolo Aguilar / EFE

Este domingo cerca de 25 millones de peruanos elegirán a los nuevos congresistas en unas votaciones atípicas, inmersas en los problemas de corrupción y choques entre el Legislativo y el Ejecutivo que enfrenta el país en los últimos años.

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Perú tendrá este domingo unas elecciones legislativas tan atípicas que no se ha visto nada similar en la historia reciente del país suramericano. 

Los ciudadanos elegirán a un nuevo Congreso que no tendrá los cinco años que normalmente tiene para legislar, sino tan solo un año y cuatro meses. Además, distinto a como siempre se hace, estas votaciones no serán a la par de las presidenciales.

Este nuevo escenario es el resultado del choque de poderes que ha habido en Perú entre el Ejecutivo y el Legislativo desde 2016 y que llegó a su momento culmen en septiembre de 2019, cuando el presidente Martín Vizcarra disolvió el Parlamento, dominado por la mayoría opositora de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori. Y en respuesta, la mayoría de los legisladores sustituyeron al mandatario, aunque su decisión no tuvo efectos legales.

Es así como Perú llega al día electoral en medio de las disputas entre las fuerzas de centro derecha del presidente y las del fujimorismo, y los grandes escándalos de corrupción que han sacudido la política y la justicia del país con las investigaciones por el caso Odebrecht y las de los cuellos blancos del puerto. 

Por eso, en las urnas se juega la renovación de los pulsos políticos en el Congreso y quienes serán los beneficiados de esto. Además, los nuevos congresistas tendrán en su poder mover o no las investigaciones contra la corrupción, que hasta ahora se denuncia que la mayoría fujimorista ha blindado desde el Legislativo. 

La corrupción como trasfondo de las elecciones

A pesar de que Perú es el segundo país de América Latina que más ha avanzado en el proceso de indagaciones en la trama de corrupción ligada a Odebrecht, después de Brasil, las 46 investigaciones en curso todavía no terminan después de tres años. Esto ha despertado críticas sobre la velocidad de los fiscales e incluso opiniones en contra de la figura de la prisión preventiva, bajo la cual se puede encarcelar a una persona hasta 36 meses sin que haya terminado el juicio en su contra. 

Este escándalo ha sido tan grande en Perú que Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a políticos de ese país para obtener contratos multimillonarios de obras públicas. Las investigaciones han involucrado no solo a alcaldes, fiscales y un político del círculo más cercano de Vizcarra sino también a cuatro expresidentes: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García, quien se suicidó en abril de 2019 al enterarse que tenía una orden de captura preventiva. En la lista también de los investigados también está la líder opositora Keiko Fujimori. 

Guilliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori, asistió en diciembre de 2019 a un nuevo pedido de prisión preventiva por 36 meses para la política peruana.
Guilliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori, asistió en diciembre de 2019 a un nuevo pedido de prisión preventiva por 36 meses para la política peruana. © Paolo Aguilar / EFE

Pero el de Odebrecht no ha sido el único escándalo que ha salpicado a las esferas del poder en el país. En 2018, estalló lo que es conocido como el caso de los cuellos blancos del puerto. Este se originó con la revelación de unos audios telefónicos que evidenciaban que jueces y fiscales vendieron sentencias y movieron sus influencias para que las decisiones judiciales favorecieran a grupos delincuenciales y a políticos acusados de corrupción.

El caso llevó a 12 magistrados a la cárcel y puso en el ojo del huracán al entonces fiscal general Pedro Gonzalo Chávarry. Hasta el presidente Vizcarra pidió su renuncia acusándolo de proteger al fujimorismo con sus acciones judiciales. 

Sin embargo, la comisión del Congreso encargada de investigar el caso, y dominada por el fujimorismo, absolvió al fiscal en octubre de 2018. Un mes después, otra comisión del Legislativo también blindó a Alan García y a Keiko Fujimori por las investigaciones de Odebrecht. Los casos dieron pie a que se hablara de que parte de la Justicia está al servicio de la política. 

“Por eso es que a estas elecciones se llega en medio de una fuerte crisis institucional, que ha dado como resultado que la fiscalía y el poder judicial tengan una presencia pública que no es usual, porque están actuando en casos políticos”, aseguró a France 24 Luis Benavente, analista peruano y director de Vox Populi Consultoría.

La popularidad de la anti-corrupción

Las tensiones entre los grandes poderes de derecha del país comenzaron en las elecciones presidenciales de 2016, cuando el empresario Pedro Pablo Kuczynski le ganó por un corto margen de menos de 40.000 votos a Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por corrupción y violación a los derechos humanos. Pero el partido fujimorista Fuerza Popular obtuvo 73 de las 130 curules del Congreso. 

Esto no solo causó que varias de las iniciativas presidenciales fracasaran en el parlamento sino que le restó respaldo político a Kuczynski en los dos procesos de destitución que enfrentó. El primero fue por sus presuntas relaciones con Odebrecht y el segundo por las posibles prebendas a congresistas por parte de políticos cercanos al presidente a cambio de que votaran en contra de la destitución.

La presión política creció hasta el punto que Kuczynski renunció a la Presidencia antes de que el Congreso votara su segundo proceso de vacancia. Fue cuando Martín Vizcarra, el entonces primer vicepresidente, asumió como líder del Ejecutivo. 

Consciente de los nuevos escenarios políticos en los que ya se evidenciaba el inconformismo generalizado de los votantes, el presidente Vizcarra puso la lucha anticorrupción en el centro de sus banderas, como explica el corresponsal de France 24 en Perú, Francisco Zacarías. 

Por ejemplo, tras los audios que daban señales de que la corrupción alcanzó al poder judicial, Vizcarra no solo habló en contra del “enorme grado de inmoralidad” sino que anunció que propondría una reforma a esta rama del poder. Con el tiempo, no presentó una sino cuatro reformas constitucionales y aseguró que ayudaban a combatir la corrupción. Además, convocó a un referendo para que la gente las aprobara o rechazara. Tres de las cuatro fueron aprobadas por voto popular. Solo la propuesta de establecer la bicameralidad en el Congreso de la República fue rechazada. El resultado fue que Vizcarra obtuvo una favorabilidad de cerca del 80% en septiembre de 2019 y de 56% a finales de ese año.

Además, tiene el respaldo de varios medios de comunicación, de un sector de la Justicia y especialmente de la Fiscalía que investiga los casos de sobornos a políticos, según Benavente: “la Fiscalía ha probado una acción antiaprista y antifujimorista con la publicación de audios que afectan, principalmente, a los adversarios del gobierno al margen de si son corruptos o no”.

El choque de las ramas del poder 

La tensión entre el Ejecutivo y el Congreso tuvo su punto más álgido con la elección en 2019 de los magistrados del Tribunal Constitucional, la entidad superior para los temas relacionados con la constitución peruana. 

Por ley, el Congreso debía elegir a seis de los siete magistrados que ya habían cumplido sus cinco años de labor. Existían denuncias de que las colectividades mayoritarias en el Congreso, Fuerza Popular y Partido Aprista, presionaron para que sus candidatos fueran elegidos como magistrados del Tribunal. Al punto que uno de los candidatos, Gonzalo Ortiz, era primo del entonces presidente del Congreso Pedro Olaechea. 

Por eso, Vizcarra le pidió al Congreso a través de la figura de cuestión de confianza que suspendiera la elección de los magistrados. Pero el Congreso continuó con la votación. 

El presidente interpretó esto como el segundo “rechazo fáctico”, después del que hubo en 2017, y basado en ello, anunció la disolución del Parlamento.

En respuesta, los 86 legisladores que quedaban en el Hemiciclo suspendieron a Vizcarra como presidente por 12 meses por “incapacidad temporal”. Sin embargo, esta decisión no quedó en firme porque se probó que el mandatario disolvió el Congreso antes de que lo destituyeran. 

El día que Vizcarra disolvió el Congreso, hubo celebraciones en las calles peruanas. Esto se suma a la alta desfavorabilidad que tienen la mayoría de las instituciones como la Fiscalía con un 60% de mala imagen o el Congreso con un 88%. El descontento continúa al punto que cuando faltaban solo 10 días para las elecciones, la mayoría de los votantes seguían indecisos frente a su voto.

Lo que está en juego

Con este panorama de corrupción, tensiones entre las ramas del poder y el descrédito por parte de la mayoría de la población se llega a unas elecciones parlamentarias que no se habían visto antes y que podrían traer renovación al país, aunque sin asegurar una calidad en el cambio, según los analistas consultados. De los nuevos congresistas depende, en parte, las pujas de Vizcarra y el fujimorismo, y las investigaciones por corrupción. 

Primero porque las elecciones del domingo no están tan marcadas por la eventual llegada de tercerías políticas sino por el rechazo o el respaldo a los políticos involucrados en casos de sobornos, como explica Benavente.

Esto hace que el partido tradicional Acción Popular, uno de los más antiguos de Perú, pudiera revivir en estas elecciones, pasando de solo cinco curules a ser una de las fuerzas políticas más votadas, como indican varios sondeos de opinión. Mientras que Fuerza Popular puede dejar de ser mayoría y obtener cerca de 20 escaños, de acuerdo a las estimaciones de Benavente. 

El candidato al Congreso Pedro Morales es uno de los aspirantes del partido político Acción Popular que podría fortalecerse en las elecciones legislativas de Perú. Lima, enero 2020.
El candidato al Congreso Pedro Morales es uno de los aspirantes del partido político Acción Popular que podría fortalecerse en las elecciones legislativas de Perú. Lima, enero 2020. © Christian Ugarte / EFE

Si este panorama se concreta, uno de los más beneficiados durante 16 meses será el presidente Vizcarra, a pesar de que no tiene ninguna bancada ni colectividad que haga campaña en su nombre. “El hecho de que ya no haya una mayoría como la del fujimorismo atacando al Ejecutivo, será una victoria para Vizcarra”, explicó el analista y exministro del Interior Fernando Rospigliosi.

Esto no solo ayudaría a distensionar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino que además puede favorecer que el Congreso entrante apruebe los más de 20 decretos de urgencia que ha hecho Vizcarra desde la disolución del parlamento. 

Del nuevo Congreso también dependerá, en gran medida, cómo se mueven las investigaciones de casos de corrupción, que hasta ahora han favorecido a ciertos grupos políticos. 

Esto es porque en Perú el Parlamento tiene la potestad para crear comisiones que realicen informes sobre la presunta responsabilidad o no de políticos investigados. Es así como los nuevos legisladores conformarán la Comisión Lava Jato que se encarga del caso de Odebrecht, la Comisión de Fiscalización que investiga si la empresa CyM Vizcarra del presidente tiene conexiones con la multinacional brasilera o la Comisión de Ética que analiza las denuncias que existen contra los congresistas. 

Además, tendrán el poder de elegir la mayoría del Tribunal Constitucional que es la última instancia que podría definir los procesos de los políticos implicados en los casos de corrupción. 

La duda de los analistas consultados por France 24 es qué tan capacitados en política están la mayoría de los candidatos a las elecciones. El economista y periodista peruano Augusto Álvarez, Benavente y Rospigliosi coinciden en que la mayoría de los aspirantes son nuevos en la política y, mayoritariamente, desconocidos por los votantes. 

Por un lado, esto puede significar una renovación importante del Congreso. Pero por otro, a los analistas les preocupa el bajo nivel de debate que ha habido. “Han sido más insultos y discriminación que otra cosa”, indica Zacarías y menciona el caso del candidato Mario Bryce que le dio dos jabones al exprocurador y candidato Julio Arbizu. En Perú, un agravio usado es decirles a las personas de piel oscura que se bañen.

Por eso estas elecciones pueden traer nuevos aires para enfrentar los problemas que han sacudido a Perú como la corrupción y las tensiones entre el Legislativo y el Ejecutivo, aunque solo en el camino se sabrá qué tan eficaz puede ser, o no, esa renovación.

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