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Reforma previsional en Chile: el gran clamor en medio del estallido social

Un manifestante besa a una mujer mapuche durante una demostración antigubernamental en Santiago, Chile, el 24 de enero de 2020.
Un manifestante besa a una mujer mapuche durante una demostración antigubernamental en Santiago, Chile, el 24 de enero de 2020. © Edgard Garrido / Reuters

El sistema pensional del país austral, la principal preocupación de los chilenos, es un reflejo de un modelo privatizado que se instaló durante la dictadura y que conserva su esencia 40 años y varios gobiernos democráticos después.

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"Soy clase media, sin derecho a nada", le dijo a France 24 Carmen Gajardo, una chilena de 67 años que trabajó 40 en el sector bancario. Con un salario promedio de 1.500.000 pesos chilenos (unos 1.900 dólares, al cambio actual), se pensionó con 180.000 pesos (228 dólares). Adicionalmente, recibe el 60% de la pensión de su esposo, ya fallecido. De esta manera, su pensión total asciende a 521.000 pesos chilenos (662 dólares). Según datos de la Superintendencia de Pensiones de Chile, el promedio de las pensiones pagadas en marzo de 2019 fue de 259.000 pesos (330 dólares).

Carmen aclara que el monto tan bajo de su pensión se debe a que decidió jubilarse anticipadamente, lo que le permitió seguir trabajando. Además, optó por una renta vitalicia, una renta fija mensual que se obtiene a través de un contrato irrevocable con una compañía de seguros. "Es un poco más baja que estar en AFP (Administradora de Fondos de Pensiones), pero en esta última el dinero se puede acabar si tus expectativas de vida son mayores al cálculo de vida que hacen las AFP. En cambio, en rentas vitalicias es hasta que mueres".

La modalidad que escogió Carmen hace parte del pilar voluntario, uno de los tres que componen el sistema previsional en Chile y al que solo pueden acceder personas con cierta capacidad de ahorro. Los otros dos son el pilar básico solidario, para las personas de menos recursos, y el pilar contributivo. Este último, de carácter obligatorio para todos los cotizantes es, como lo señala Aldo Madariaga, profesor del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, en Santiago, "el corazón del sistema".


"Es una cuenta completamente individual, en la que cada trabajador ahorra para sí mismo. Esa cuenta la maneja una administradora privada (AFPs), esos dineros se invierten en distintos instrumentos financieros, obtienen una rentabilidad y al final de la vida laboral se le dan algunas alternativas de pensión, pero básicamente ese monto se divide en los años que se espera que ese trabajador viva", explicó Madariaga en entrevista con este medio.

Esa modalidad, en la que se eliminó el sistema de reparto, se impuso en mayo de 1981 y se replicó en muchos países, "en pocos con la radicalidad con la que se aplicó aquí en Chile", según Madariaga. Sin embargo, mientras en otras partes se ha ido adoptando un sistema mixto, en Chile persiste el modelo implantado durante la dictadura de Augusto Pinochet, luego de siete gobiernos democráticos y casi 40 años después.

A pesar de ser "un caso especial", como ella misma lo describe, Carmen se considera una afectada más por el sistema pensional de su país. Una operación por un melanoma la obligó a sacar un crédito con una caja de compensación, y por "imprevistos en el camino" ha tenido que renegociarlo. Al pago de ese crédito, que le descuentan de su pensión, se suman los medicamentos que tiene que pagar para tratar la artritis, una enfermedad crónica.

"Lo peor es que estoy en un rango en que no tengo derecho a ningún beneficio porque para todo toman en cuenta tus ingresos brutos", explica Carmen. Pero en realidad, lo que recibe no le permite vivir tranquila. "He pasado a la línea de la pobreza", afirma.

Bajas pensiones, una de las grietas del modelo chileno

"En este país todo es negocio, la salud, la educación (…) puedes ver que el estallido social es porque la gente ya reventó de tanta injusticia", señala Carmen, refiriéndose a las protestas callejeras que comenzaron en octubre del año pasado y continúan en el 2020. Más allá de una manifestación contra el Gobierno de Sebastián Piñera -que también lo es-, muchos chilenos han salido a las calles, y continúan saliendo, para exigir un cambio de modelo social y económico.

Una de las grandes grietas de ese modelo es el sistema pensional. Según un sondeo realizado por Statknows, las pensiones son la principal preocupación de los chilenos. De acuerdo con la encuesta, el 57,3% de los entrevistados no estaba 'nada satisfecho' con las medidas anunciadas por el Gobierno para atacar este problema.

 Una encuesta realizada por Credit Suisse en 16 países desarrollados y en vías de desarrollo, mostró que Chile es el segundo país en donde más se percibe deterioro en el sistema de pensiones durante los últimos 10 años (después de Sudáfrica) y el segundo en donde las personas están más inseguras acerca de contar con los recursos suficientes para su retiro (después de Rusia).
 

El sistema de pensiones ha sido duramente criticado en las protestas iniciadas a mediados de octubre en Chile.
El sistema de pensiones ha sido duramente criticado en las protestas iniciadas a mediados de octubre en Chile. © Ivan Alvarado / Reuters

 

Según Diego Rosas Bertin, profesor de Derecho del trabajo y Seguridad social de la Universidad de Concepción, el problema del bajo monto de las pensiones en Chile obedece a varios factores: el bajo promedio de remuneraciones, las lagunas previsionales, el bajo porcentaje de cotización (solo del 10% a cargo exclusivamente del trabajador) y los problemas de rentabilidad, "debido a que los fondos de los cotizantes se ven sujetos a las variaciones del mercado".

Además, como le explicó a France 24, "el sistema no tiene reales elementos de solidaridad intergeneracional; lo que en Chile se denomina pilar solidario son en verdad prestaciones de nivel asistencial entregadas por el Estado a quienes nunca han aportado al sistema o lo han hecho en porcentajes tan bajos que no logran financiar un monto mínimo de pensión".

La única excepción son las Fuerzas Armadas, que se negaron a someterse al esquema de ahorro individual que se les impuso a los ciudadanos durante la dictadura. Este segmento conservó el sistema de seguridad social, con un alto costo para el Estado. Según un informe de la Fundación SOL, las cajas previsionales CAPREDENA Y DIPRECA pagaron, a diciembre del 2018, pensiones por retiro y antigüedad (análogas a las pensiones de vejez pagadas por AFPs) por montos promedio de 972.354 pesos (1.237 dólares) y 1.085.708 pesos (1.381 dólares), respectivamente.

De acuerdo con el reporte, "en el año 2018, el Estado chileno destinó más de 2.434 millones de dólares para pagar jubilaciones, pensiones y montepíos en CAPREDENA Y DIPRECA, cubriendo a 174.000 pensionados" mientras que "para financiar a 1,5 millones de personas beneficiadas con el pilar solidario se destinaron casi 2.000 millones de dólares".

Propuesta de reforma pensional: ¿Reforma estructural o buenos primeros pasos?

"Esta nueva reforma representa un cambio estructural y crea un nuevo ‘sistema de pensiones'", aseguró el presidente Sebastián Piñera el 15 de enero, cuando presentó la nueva reforma que se discute este 29 de enero en el Congreso. Entre los cambios más significativos que comprende esta propuesta está el aumento gradual del 6% en las cotizaciones, pasando del 10% actual a un 16%.

El Ejecutivo propone que la mitad de ese aumento vaya a un fondo solidario (de reparto) y la otra parte a las cuentas de ahorro individual. Este es uno de los mayores desacuerdos con la oposición, que considera que el total de esos 6 puntos porcentuales debe ir a reparto. De acuerdo con el Gobierno, este pago adicional lo haría el empleador, que actualmente solo está a cargo de un pequeño porcentaje para pensiones de muerte e invalidez.

 

La propuesta también contempla que esa cotización adicional sea administrada por una institución pública autónoma, y no por las AFP, y que estas devuelvan las comisiones que cobran a los cotizantes si los fondos rentan negativamente. Esta reforma sería adicional a la ya aprobada en diciembre, con la que se espera aumentar hasta en un 50% las pensiones más bajas.

Según le dijo a este medio Manuel Bengolea, asesor de inversiones, la propuesta del Gobierno "representa un cambio sustancial en dos frentes. Abre la posibilidad de introducir la modalidad de reparto financiado con recursos de los trabajadores y no de impuestos generales, y se abre a que otras entidades además de las actuales AFP administren las cuentas individuales de los trabajadores".

 

 

Por su parte, Diego Rosas considera que aunque la propuesta incorpora elementos de solidaridad, en cuanto que parte de la nueva cotización iría a un fondo común, "la crítica que se plantea es que si bien se orienta hacia un sistema mixto, sigue siendo preponderantemente de capitalización individual".

Las AFP, en el centro del debate pensional

Aldo Madariaga considera que se trata de una reforma que habría servido 10 años atrás, ya que incluye "cosas bien básicas, bien fundamentales", pero es insuficiente en el contexto actual. El académico califica de "mezquino" el hecho de "plantear una reforma que no ataca el corazón del sistema y que ha sido una demanda sentida desde hace años". Y la razón por la que el corazón del sistema no se toca, ni en esta ni en las reformas previas, es "la industria" que se creó alrededor de las AFP, señala Madariaga.

Los fondos privados "manejan una cantidad de recursos que es casi igual a todo lo que produce el país en un año". Estos recursos tienen que invertirse, "una parte en el extranjero y el grueso se pone nacionalmente, en la Bolsa. Lo que significa que los fondos de pensiones son una forma muy barata de financiamiento para los grandes grupos económicos", señala Madariaga.
 

Un hombre de manifiesta en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones, en Santiago, Chile, el 15 de noviembre de 2019.
Un hombre de manifiesta en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones, en Santiago, Chile, el 15 de noviembre de 2019. Archivo-REUTERS/Pilar Olivares

Según la Fundación SOL, a febrero de 2019 el monto en los fondos de pensiones, administrados por AFPs era de 212.860 millones de dólares (el PIB de Chile en 2018 fue de 298.000 millones de dólares). De ese total, el 58,4% se invierte en instituciones que operan en Chile, tanto de capital nacional como extranjero. De acuerdo con este reporte, las instituciones financieras son las que más reciben inversiones de los fondos de pensiones, con el Banco de Chile (Grupo Luksic), Santander (transnacional) y BCI (Grupo Yarur) encabezando la lista.

"Es una cantidad enorme de recursos que alimenta una industria, que alimenta las finanzas de las empresas más lucrativas, a un costo muy bajo, con un riesgo muy bajo y sin ninguna injerencia. Es muy difícil en ese escenario, para cualquier fuerza política, cambiar el sistema porque hay muchos intereses creados", concluye Madariaga.

Bengolea considera que este es tan solo "otro eslogan utilizado por los políticos para explicar el porqué han fracasado en dar soluciones consistentes y creíbles al problema de la previsión" y maneja cifras muy diferentes: "A diciembre de 2019, el 44% de los fondos manejados por las AFP están invertidos en el exterior. En acciones de empresas chilenas, las AFP mantienen el 8,4% del total de la cartera, con lo cual su influencia no es mucha". Para el asesor y columnista, el verdadero problema radica en "la informalidad y precariedad del mercado del trabajo", así como en la incapacidad de los políticos de "presentar una solución óptima".

Por su parte, Carmen no duda en calificar el sistema de "penoso, injusto". Está convencida de que las propuestas actuales "son soluciones de parches que están tratando de alguna manera poder arreglar un poco las pensiones solidarias". Pero el problema de fondo, asegura, "requiere de cambios mucho más profundos".

 

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