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Los niños armados en Guerrero y la incapacidad del Estado mexicano para garantizarles su seguridad

Vista general de un grupo de menores armados que fue presentado por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), en la localidad de Chilapa de Álvarez en el estado de Guerrero (México).
Vista general de un grupo de menores armados que fue presentado por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), en la localidad de Chilapa de Álvarez en el estado de Guerrero (México). © José Luis de la Cruz / EFE
9 min

El mundo vio con horror cómo una policía comunitaria en Guerrero, México, adiestraba a un grupo de niños y adolescentes en el uso de armas para "luchar contra el crimen". Varios de ellos, huérfanos tras un ataque armado de un grupo criminal y ante el miedo de robos o secuestros, dicen sentirse más seguros empuñando un arma que un cuaderno. ¿Por qué se llegó a este extremo?

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Apenas logra sostener el arma encima de su hombro. Mientras otros niños de su edad no quitan el dedo del control de la consola de videojuegos, este pequeño fija su índice en el gatillo del rifle que carga con dificultad.

La comunidad de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, en la montaña del estado sureño de Guerrero, fue escenario de imágenes como esta, que dieron la vuelta al mundo en la última semana de enero. 19 niños de entre seis y 15 años fueron mostrados en público portando armas y con el rostro cubierto por paliacates. Son, algunos de ellos, hijos de los 10 músicos asesinados en la vecina población de Alcozacán, municipio de Chilapa, a manos del grupo criminal denominado 'Los Ardillos', el pasado 18 de enero.

Esta zona es, desde hace años, azotada por la violencia de las organizaciones que se disputan el control del trasiego de droga en la región, 'Los Ardillos' y 'Los Rojos'.

La matanza de aquellos músicos obligó, de acuerdo con los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), a adiestrar a los menores y dotarlos de armamento para que pudieran, dicen ellos, defenderse de un eventual ataque de grupos armados, pues el Gobierno, tanto el local, como el estatal y el federal, no ha podido garantizarles su seguridad.

Las imágenes provocaron una cascada de reacciones de distintos sectores, la mayoría de inquietud y rechazo, desde la Organización de las Naciones Unidas y defensores de derechos humanos, hasta del Gobierno estatal y federal. 

López Obrador rechaza las imágenes y la policía comunitaria reclama la inacción del Estado

En una primera reacción, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los grupos criminales, a falta de sicarios y por desesperación, estaban reclutando a los niños y jóvenes.

Tres días después calificó, en su conferencia de prensa del 31 de enero, como "una vergüenza" lo ocurrido con los niños, en la zona con presencia de la CRAC.

"Eso de formar niños con armas y tomar un video es un acto prepotente, no tiene nada que ver con la bondad ni siquiera con el poder, porque el poder es humildad. Esas actitudes, esos desplantes de prepotencia no sirven, no se consigue nada. Hacen ruido en las redes sociales, vergüenza les debería de dar hacer eso, no se les va aplaudir por eso", mencionó.

Al respecto, Bernardino Sánchez, dirigente de la CRAC-PF (Pueblos Fundadores), responde: "Yo le preguntaría al presidente qué es más vergonzoso; preparar a los niños para que se defiendan o soltar a sicarios, como pasó el 8 de enero, que (elementos policiacos) agarraron a un sicario y lo soltaron, gente preparada que tiene un sueldo fijo. Para nosotros es más vergonzoso que los del Gobierno, que tienen el poder de preparar a la Guardia Nacional, están soltando delincuentes".

En entrevista con France 24, el dirigente de la policía comunitaria acusa que en Ayahualtempa hay 40 niños de secundaria y 20 de preparatoria que no pueden asistir a clases. "El Gobierno dice que los niños deberían estar en la escuela pero cómo si no hay maestros. Dijo el gobierno que van a mandar maestros pero no han llegado, los jóvenes ya están listos".

De acuerdo con Bernardino Sánchez, los profesores no quieren desplazarse a las escuelas porque tienen temor de atravesar veredas controladas por los criminales.

Redim: no es justificable "que los niños sean involucrados en hechos de violencia"

Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), reconoce que esta realidad no se puede disociar del "contexto de guerra en el que estamos desde hace 13 años, en el que la estrategia de seguridad ha fracasado y ha generalizado la violencia armada en el país, un país donde hay 13 millones de armas circulando".

En entrevista, Pérez agrega que la población en distintos puntos de México, no solo donde operan las policías comunitarias, está recurriendo a tomar las armas para defenderse ante la incapacidad del Estado de brindar seguridad y la altísima corrupción de los cuerpos policiacos oficiales.

No obstante, el especialista advierte que "este contexto no es de ninguna manera justificación para que los niños sean involucrados en hechos de violencia" y señala que es obligación del Estado intervenir de forma articulada. Pérez resalta que han invitado, por canales directos y públicos, a los dirigentes de la CRAC a que desistan de estas prácticas que, reconoce, buscan sobre todo llamar la atención, pero constituyen delitos, como corrupción de menores. Ello sin menoscabar el daño que se hace a los niños por meterlos en una lógica de violencia armada, lo cual incluso representa un crimen de lesa humanidad.

La Redim Advierte que la masacre de los músicos es la tercera matanza en un año en esa zona, por lo que existe el riesgo de que los niños adquieran un sentido de venganza. A estos menores, dice, hay que atenderlos "con todos los programas sociales disponibles y ayudarlos a reelaborar estos hechos de violencia cruda que han vivido".

En ese sentido, la diputada federal Rosalba Valencia Cruz, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, señala en entrevista con este medio que revisarán el tema, ahora que comenzó el periodo de sesiones y seguramente vendrán iniciativas de reformas legales para garantizar que este tipo de situaciones no ocurran.

"Haremos todo lo que tengamos que hacer en materia de legislación para proteger a la niñez", asegura la diputada.

Mientras los legisladores y los funcionarios de los tres niveles de Gobierno actúan de manera coordinada, en la montaña de Guerrero los dirigentes de las policías comunitarias sostienen que prefieren mantener a los niños "entretenidos" con el adiestramiento (que no quiere decir que se incorporen a las filas de la CRAC), antes que verlos enrolándose en las drogas y "anden en grupitos fumando marihuana".

Cuando lleguen los maestros, los niños volverán al salón de clases, reitera Bernardino Sánchez.

Los profesores aún no llegan, pero eso sí, 11 días después del asesinato de los 10 músicos indígenas, autoridades de los tres niveles de gobierno instalaron una Mesa Regional de Seguridad, en la que se aseguró que efectivos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, mantendrán operativos en la zona. Una escena que se repite cada que repunta la criminalidad en esta zona de Guerrero, con miles de asesinatos y otras tantas desapariciones… desde hace más de una década.

 

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