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El Salvador: tensión constitucional tras enfrentamiento de Bukele contra el Parlamento

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tras irrumpir con militares en el Parlamento para discutir un préstamo que financie un plan contra las pandillas en San Salvador el 9 de febrero de 2020.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tras irrumpir con militares en el Parlamento para discutir un préstamo que financie un plan contra las pandillas en San Salvador el 9 de febrero de 2020. © Rodrigo Sura / EFE

Ante la negativa de los diputados de aprobar un préstamo por 109 millones de dólares, destinado al financiamiento de un plan de seguridad contra las pandillas, el presidente salvadoreño irrumpió en la Asamblea en compañía de militares y policías. 

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Nayib Bukele afronta la que sería su primera crisis política. El mandatario salvadoreño está inmerso en las tensiones desatadas tras su irrupción en el Parlamento, luego de que los diputados se negaran a aprobar un préstamo por la cantidad de 109 millones de dólares con el fin de financiar la tercera fase de un plan de seguridad, llamado Plan de Control Territorial, enfocado en el control de las pandillas. 

En una desafiante muestra de poder, el líder político ingresó a la Asamblea Legislativa rodeado por una fila de militares y policías y, según sus propias palabras, "amparado por un derecho divino", se sentó en el lugar del presidente del Parlamento y le ordenó a los presentes que iniciaran la sesión. 

Poco después de llevar a cabo una oración, Bukele abandonó el recinto y salió al encuentro con decenas de sus simpatizantes políticos, a quienes instó a mantener la presión sobre los legisladores a los que acusó de haber "roto el control constitucional". En un enardecido discurso Bukele aseguró que los congresistas "solo se sientan a aprobarse cosas para ellos mismos pero nunca para el pueblo salvadoreño". 

El mandatario, al que los opositores acusan de querer fomentar un golpe de estado, lanzó un ultimatum al legislativo: "Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo". Bukele ya había instado a la población a poner en práctica el artículo 87 de la Constitución que reconoce el derecho a la insurrección.

La Presidencia salvadoreña emitió un comunicado oficial en el que llama a la población a "mantener la calma" y calificó como un "obstáculo" la negativa a la aprobación de una medida que buscaría mejoras en las condiciones de seguridad nacional. 


De acuerdo con las cifras divulgadas por la Presidencia, durante el periodo que lleva Bukele en el poder, quien tomó posesión del cargo en junio de 2019, el índice de homicidios en la nación ha disminuido en un 58%. 

Tras el comunicado presidencial, la Cancillería de Costa Rica también reaccionó y, en otro pronunciamiento, llamó a conservar la institucionalidad y a promover el diálogo entre Bukele y los diputados a fin de mantener activa la división de poderes. 

La ola de confrontaciones comenzó el siete de febrero, cuando Bukele le pidió a la Asamblea que realizara una sesión especial para aprobar el desembolso del dinero, que hace parte de los fondos de financiamiento facilitados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

Los fondos, según la Administración de Bukele, estarían orientados a la compra de equipos como helicópteros, e incluso un buque, bajo el argumento de aumentar el pie de fuerza en la lucha contra la violencia que aqueja al territorio salvadoreño. 

Horas antes de irrumpir en la sede de la Asamblea, Bukele se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter, plataforma en la que advirtió que utilizaría sus "poderes constitucionales" y, posterior a la sesión, tachó de deshonestos a los diputados que no asistieron.

Solo 28 de los 84 diputados se presentaron a la sesión en la que el presidente se amparó en el artículo 167 de la Constitución, el cual reza que le corresponde al Consejo de Ministros "autorizar la erogación de sumas que no hayan sido incluidas en los presupuestos, a fin de satisfacer necesidades provenientes de guerra, de calamidad pública o de grave perturbación del orden". Ante la invocación, varios funcionarios le advirtieron que, en este caso, no hay motivos para citar ese concepto, dado que solo debía ser aplicado en situaciones de emergencia. 

Con EFE y medios locales

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