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Reforma de pensiones en Francia: a la vista una guerra de desgaste en la Asamblea Nacional

Diputados franceses participan del primer día de debate de la reforma pensional en el pleno de la Asamblea Nacional, en París, el 17 de febrero de 2020.
Diputados franceses participan del primer día de debate de la reforma pensional en el pleno de la Asamblea Nacional, en París, el 17 de febrero de 2020. © Christophe Archambault / AFP

Después de un paso infructuoso por un comité especial, el proyecto de reforma de pensiones es sometido a debate por el pleno del Parlamento francés desde este lunes 17 de febrero. La batalla entre la mayoría oficialista y la oposición promete ser intensa.

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Un nuevo paso para la reforma de las pensiones. Después de superar un comité especial, el texto comenzó su tratamiento en el pleno de la Asamblea Nacional este lunes 17 de febrero. Bajo la presión de la calle, con gremios movilizados desde el 5 de diciembre, los diputados llegarán al corazón de este proyecto altamente sensible que busca crear un "sistema universal" de jubilación por puntos, según la fórmula del Gobierno.

Frente a una mayoría determinada a sacar adelante uno de los proyectos emblema de la Administración de Emmanuel Macron, la oposición tiene la intención de hacer todo lo posible para evitar que la reforma se lleve a cabo.

Desde la izquierdista La Francia Insumisa hasta la ultraderechista Agrupación Nacional, pasando por el Partido Socialista y los Republicanos, todos los partidos de oposición cuestionan el futuro sistema de pensiones que pretende instalar el Gobierno y advirtieron que el texto no pasará "como una carta al correo".

Informe desde París: Propuesta de reforma pensional llega este 17 de febrero a la Asamblea Nacional

De momento están programados quince días de debate, u 84 horas en total. France 24 ofrece una visión general de los diversos desafíos de cara a las discusiones que se realizarán en el hemiciclo del Palais Bourbon.

El llamado de Emmanuel Macron a la unidad

Durante una recepción en el Palacio del Elíseo el martes 11 de febrero, Emmanuel Macron instó a los cerca de 300 diputados del oficialista La República en Marcha (LREM), aliados a los 46 del Movimiento Demócrata (MoDem), a "unirse" y "vender esta reforma, que es una reforma de Justicia". Lo que una fuente parlamentaria tradujo: tendremos que "asegurarnos de que no sobresalga ni una cabeza".

Las reuniones internas se han multiplicado para explicar y también para despejar las dudas. "Estamos muy alineados y convencidos del significado de esta reforma", prometida en 2017, insiste Marie Lebec, primera vicepresidenta del grupo LREM en la Asamblea, que espera "un debate sustantivo" con la derecha y la izquierda.

Pero hay un primer inconveniente para este deseo de unidad: dos pilares del Comité de Finanzas de la Asamblea, Émilie Cariou y Laurent Saint-Martin, han presentado en los últimos días una serie de preguntas al primer ministro Édouard Philippe sobre "la viabilidad financiera de la reforma", especialmente en vista de la compensación otorgada a ciertas profesiones.

Los diputados se ven privados en parte de estas preguntas porque son los interlocutores sociales, reunidos en la conferencia de financiación, quienes esperan encontrar en abril medidas para lograr el equilibrio financiero del sistema de pensiones en 2027.

Algunos no dudan en dar a conocer pistas de lo que piensan para "presionar a la conferencia". Así, Matthieu Orphelin (ex-LREM), aliado con Jean-François Cesarini, figura del ala izquierda de la mayoría, Sacha Houlié e incluso Aurélien Taché, sugieren un aumento en la contribución solidaria para los ingresos muy altos.

Supuesta obstrucción de la oposición

El objetivo del presidente de la Asamblea Nacional, Richard Ferrand, es votar el proyecto de ley antes de las elecciones municipales del 15 y 22 de marzo. Pero los tres grupos de izquierda -Partido Socialista, Partido Comunista Francés y La Francia Insumisa- que denuncian un "amateurismo culpable" del Gobierno y asumen la idea de obstruir la reforma, prevén más enmiendas sobre una moción de referendo el lunes, e incluso una moción de censura, medidas que ralentizarán los debates.

En total, se presentaron 41.000 enmiendas, incluyendo 23.000 por parte del partido de Jean-Luc Mélenchon. Los comunistas también depositaron 13.000 y los socialistas más de 700. Aunque lejos del récord de la Quinta República, logrado en 2006 por el plan de privatización de Gaz de France, con 137.449 enmiendas, el texto de la reforma subió al segundo lugar.

Los rebeldes, comunistas y socialistas también planean presentar una moción de referendo. Esto se usa para pedirle al presidente de la República que presente un proyecto de ley de referendo. Debe ser firmado por al menos una décima parte de los miembros de la Asamblea, o 58 diputados, para ser presentado.

Si se vota, la discusión se suspende y la moción se transmite de inmediato al Senado, que debe dictaminar dentro de los 30 días. Pero incluso adoptado por las dos Cámaras, es solo una propuesta de referendo hecha al presidente, quien es libre de aceptarla o rechazarla.

La izquierda también ha anunciado su intención de presentar una moción de censura contra el proyecto del Gobierno. Para ser impulsada, dicha iniciativa también debe reunir 58 firmas entre los 577 diputados.

La moción de censura permite a la Asamblea "cuestionar la responsabilidad" del Gobierno y derribarlo si es votada por mayoría absoluta, es decir, al menos 289 votos. Sin embargo, tal moción casi no tiene posibilidad de ser adoptada, pero para la oposición es un medio de interpelar al Gobierno.

Progreso en materia de derechos familiares, nada nuevo sobre la dureza del trabajo

El bono de pensión se asigna automáticamente a las madres, la pensión de reversión se prorratea para las exesposas de un pensionista fallecido. El Gobierno dio a conocer, el viernes 14 de febrero, los "desarrollos" que pretende llevar a su reforma de pensiones en términos de derechos familiares y matrimoniales para que "realmente puedan beneficiar a las mujeres".

"Se presentarán varias enmiendas en sesión pública en la Asamblea Nacional, a partir de la próxima semana", anunciaron las secretarias de Estado Sibeth N'Diaye (portavoz del Gobierno), Marlène Schiappa (Igualdad entre mujeres y hombres), Christelle Dubos (Salud y Solidaridad) y Laurent Pietraszewski (Pensiones).

Sin embargo, la Administración aún no se ha movido sobre el tema de la dureza del trabajo, algo que lamenta el secretario general de la CFDT, Laurent Berger, el único representante sindical a favor de la transición a un sistema de pensiones de puntos.

Los diputados "entendieron, creo, que el proyecto tal como está hoy, si no incluye elementos de trabajo arduo, no sería justo", advirtió el líder sindical en una entrevista en el 'Journal du Dimanche'. Un punto "fundamental", continuó, sigue siendo la cuestión de "la reparación para aquellos en un trabajo difícil: deben poder retirarse antes".

¿Avanzará el tema en la Asamblea Nacional? Al notar el punto muerto entre el Ejecutivo y los interlocutores sociales, los diputados de la mayoría, liderados por Martine Wonner, miembro del ala social de LREM, anunciaron que presentarían enmiendas para ese efecto.

Con AFP

Este artículo fue adaptado de su original en francés

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