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2019, un año violento para los Derechos Humanos en Colombia

Un partidario de la Fuerza Alternativa Revolucionaria de lo Común (FARC) sostiene una vela durante una vigilia en memoria de los ex guerrilleros de las FARC asesinados después del acuerdo de paz con el Gobierno, en Bogotá, Colombia, el 25 de febrero de 2020.
Un partidario de la Fuerza Alternativa Revolucionaria de lo Común (FARC) sostiene una vela durante una vigilia en memoria de los ex guerrilleros de las FARC asesinados después del acuerdo de paz con el Gobierno, en Bogotá, Colombia, el 25 de febrero de 2020. © REUTERS/Luisa Gonzalez

Los asesinatos de indígenas, líderes sociales, entre ellas mujeres, y exguerrilleros de las FARC que se acogieron al proceso de paz con el Gobierno preocupan a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), en su reporte anual sobre Colombia.

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La violación de Derechos Humanos en Colombia, un flagelo que no cesa aún en la era del posconflicto con la exguerrilla de las FARC, que fue la mayor del país y la más antigua de América Latina.

El 26 de febrero, en Bogotá, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) denunció que, en lo corrido de 2019, un total de 108 líderes sociales fueron asesinados, un leve descenso con respecto a 2018 cuando se registraron 115 casos.

“En los 108 casos de asesinatos documentados, el 75 % ocurrió en zonas rurales, el 86 % en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional, el 91 % en municipios con tasas de homicidios que indican la existencia de violencia endémica y el 98 % en municipios caracterizados por la presencia de economías ilícitas y del ELN, de grupos violentos y de grupos criminales", aseguró en rueda de prensa Alberto Brunori, representante en Colombia de ACNUDH.

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Según la ONU, la situación se registra en medio de una espiral de violencia en algunas zonas del país por disputas territoriales entre disidencias de las FARC, el autodenominado Ejército de Liberación Nacional, ELN, y carteles de droga, que buscan el control de cultivos ilícitos.

La violencia contra los líderes sociales se ha convertido en un tema importante para el Gobierno del presidente Iván Duque, quien se ha enfrentado a frecuentes críticas de la comunidad internacional, organizaciones no gubernamentales y activistas de derechos humanos, que lo acusan de no hacer lo suficiente para detener los asesinatos.

Paralelamente, el partido político creado por excombatientes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) denunció en enero el asesinato de sus integrantes a más de tres años de haber firmado un acuerdo de paz con el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.
 

Aumenta en casi un 50 % los asesinatos contra mujeres activistas

La organización defensora de los derechos humanos explicó que, de los 108 asesinatos registrados en 2019, 15 fueron cometidos contra mujeres, líderes activistas, lo que representa un incremento de casi el 50 %, con respecto a 2018.

"Estamos alarmados de que en 2019 los asesinatos de mujeres defensoras de los derechos humanos aumentaron cerca del 50%", dijo Alberto Brunori.

"La implementación rápida y efectiva de un programa integral de garantías para mujeres líderes y defensoras de derechos humanos podría ser una herramienta importante para la prevención y protección contra asesinatos y ataques", agregó.
 

Uso excesivo de la fuerza y asesinatos contra indígenas

Asimismo, ACNUDH denunció "15 casos de presuntas privaciones arbitrarias del derecho a la vida cometidas por miembros del Ejército y la Policía", de los cuales 13 ocurrieron por el uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza y dos fueron ejecuciones extrajudiciales, según Brunori.

Archivo-La policía antidisturbios es vista durante una protesta  de maestros contra el Gobierno, en Bogotá, Colombia, el 21 de febrero de 2020.
Archivo-La policía antidisturbios es vista durante una protesta de maestros contra el Gobierno, en Bogotá, Colombia, el 21 de febrero de 2020. © REUTERS/Luisa González

Por esta razón, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió una reestructuración de la policía antidisturbios, ESMAD.

"Se observó con preocupación que la Justicia penal militar continuó solicitando la jurisdicción sobre estas investigaciones. En algunos casos, la Fiscalía incluso remitió los casos a la Jurisdicción Penal Militar", detalló.
Recordó que, según "las normas y estándares internacionales", la Jurisdicción Penal Militar "no debe investigar, juzgar y sancionar a los responsables de presuntas violaciones de los derechos humanos", debido a que es competencia de la Justicia ordinaria.

La ONU también señaló que al menos 66 miembros del pueblo indígena Nasa, entre ellos 13 de sus autoridades, fueron asesinados en 2019, en el departamento del Cauca, suroeste del país.

Por su parte, el Gobierno colombiano señala que, aunque el número de asesinatos debería ser cero, estos se han reducido desde la llegada de Iván Duque a la presidencia, en agosto de 2018. Duque responsabiliza de estos crímenes a miembros del ELN y a las disidencias de las FARC.

Sin embargo, la ONU indica que en 2019 se reportaron 36 masacres, definidas como asesinatos de más de cuatro personas, lo que representa la cifra más alta de los últimos cinco años.

Con Reuters y EFE

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