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Congreso de El Salvador aprueba controversial ley de reconciliación para crímenes de guerra

Con pancartas, algunos ciudadanos entraron al Congreso para expresar su rechazo a la normativa. 26 de febrero de 2020.
Con pancartas, algunos ciudadanos entraron al Congreso para expresar su rechazo a la normativa. 26 de febrero de 2020. © José Cabezas

Antes de que fuera aprobada, el presidente Nayib Bukele aseguró que no refrendaría la iniciativa, que calificó de "amnistía encubierta a criminales de guerra".

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La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles, 26 de febrero, una ley de reconciliación que serviría como marco para juzgar los crímenes ocurridos durante la guerra civil del país, ocurrida entre 1980 y 1992, que finalizó con alrededor de 75.000 fallecidos y al menos 8.000 desaparecidos.

La Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional fue avalada con 43 votos a favor, 11 en contra, y una abstención, el resto de los legisladores no acudió a la sesión plenaria extraordinaria que había sido convocada por el presidente del Parlamento, Mario Ponce, diputado del Partido de Concertación Nacional, PCN, una formación de centro-derecha.

El legislador había indicado previamente, en una entrevista con la Agencia EFE, que para elaborar el proyecto de ley "se tomó la propuesta de las víctimas, que tenía 84 artículos, y el documento que elaboraron diputados de una subcomisión de la Asamblea que contenía 40 artículos".

Sin embargo, la normativa cuenta con un amplio rechazo entre los ciudadanos y los defensores de derechos humanos. Incluso el presidente Nayib Bukele ha mostrado su oposición tajante y antes de ser avalada, había asegurado que no la refrendaría porque la consideraba una "amnistía encubierta a criminales de guerra".

A través de un comunicado, la Presidencia confirmó que Bukele vetará la iniciativa al determinar que "no es un proyecto que garantice los principios de verdad, reparación y justicia", que además es considerada "excluyente pues no recoge los aportes y planteamientos de las víctimas" y que "no se considera legal, justa, ni orientada a los derechos humanos de los salvadoreños".

 

¿Por qué es polémica la ley?

Entre las críticas se encuentra que las penas para las personas responsables e involucradas en crímenes de guerra o de lesa humanidad podrían reducirse sustancialmente o cumplirarse fuera de establecimientos carcelarios argumentando razones de salud o edad.

Una de las mayores polémicas alrededor de la normativa se presenta porque el texto indica, en el artículo 66, que los jueces pordrán reducir hasta a una cuarta parte las penas a imponer "previo a haber escuchado a las víctimas y si la persona procesada cumple con cualquiera de las siguientes condiciones: reconozca expresamente su grado de participación, pida perdón y colabore con el esclarecimiento de los hechos".

El presidente de la Asamblea indicó al respecto que si "el victimario confiesa tendrá el derecho a la reducción de la pena, de lo contrario seguirá un proceso normal". 

Según expertos y opositores, la ley, además, no cumple con lo establecido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que dio dos prórrogas a los diputados de la Comisión Política del Congreso, encargada del estudio y análisis de la ley, para crear un instrumento que garantizar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, la reparación de las víctimas y la provisión de los recursos necesarios para responder a las necesidades de verdad y justicia.

El diputado independiente Leonardo Bonilla, aseguró que la norma "no cumple con los criterios establecidos por la Sala de lo Constitucional" y al tiempo que el parlamentario Juan José Martell, del partido Cambio Democrático destacó que para redactar el texto no se produjo "una verdadera participación y consulta a las víctimas, por lo que se les está dando la espalda a estas persona que seguirán reclamando justicia" ya que "en la práctica no cumple con el acceso a la verdad, a la justicia y a la reconciliación".

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional: la ley "es una burla"

Por su parte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, resaltó que la normativa aprobada es una burla a la sentencia de la Sala de lo Constitucional y también a las distintas resoluciones "de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo, ignora el legítimo reclamo de las víctimas a la justicia".

La legislación fue aprobada faltando un poco más de un día para que se cumpliera el plazo de la segunda prórroga otorgado por la Corte Suprema de Justicia, luego de que en 2016, la sala de lo Costitucional anulara una ley de amnistía que se había adoptado en 1993 e impedía juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armando.

Con EFE y Reuters

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