Saltar al contenido principal

Defensores de DDHH son atacados en Colombia por chocar con intereses de empresas

Anuncios

Bogotá (AFP)

Decenas de líderes sociales y activistas han sido agredidos en Colombia no solo por grupos armados, sino también por oponerse a los intereses de grandes empresas, informó este miércoles el relator especial de la ONU sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos.

Ambientalistas, campesinos, negros e indígenas "sufren violaciones y abusos de sus derechos cuando defienden la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos", dijo Michel Forst en un informe presentado ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra.

Las agresiones ocurren cuando elevan su voz "frente a los intereses estatales y de actores no estatales, como empresas nacionales e internacionales", agregó.

Forst aseguró que entre 2015 y 2018 se registraron al menos 115 incidentes, "que incluyen actos de intimidación, estigmatización, criminalización, desplazamiento forzoso y hasta asesinatos de defensores en zonas con fuerte actividad empresarial".

Los líderes de comunidades indígenas y afrodescendientes, en particular, padecen "presiones de empresas nacionales e internacionales que explotan los recursos naturales en sus territorios", o cuando se oponen a los intereses de actores armados ilegales, agregó.

Aunque la violencia se ha aliviado desde el acuerdo de paz de 2016 que desarmó a las FARC, la otrora guerrilla más poderosa de América, Colombia aún vive un conflicto armado que la azota desde hace casi seis décadas.

Al menos 108 activistas fueron asesinados en 2019, según la ONU. La mayoría de las muertes ocurrió en zonas donde operan grupos armados involucrados con el narcotráfico. En 2018 hubo 115.

Según Forst, las cifras convierten a Colombia en la nación latinoamericana con más asesinatos de defensores de derechos humanos.

De acuerdo con la fiscalía, la mayoría de ataques a defensores provienen de grupos armados ilegales, financiados principalmente por el narcotráfico y la minería ilegal.

- Rechazo gubernamental -

El reporte de Forst fue duramente criticado por el gobierno conservador del presidente Iván Duque, que en días pasados consideró sesgado e impreciso el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que daba cuenta de abusos por parte de la fuerza pública.

"Las versiones sobre empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores, y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales" son "afirmaciones graves que se lanzan sin sustento en investigaciones verificadas", indicó la cancillería en un comunicado.

Entre 2015 y 2019, la ONG Business & Human Rights -que ofreció insumos al informe de la ONU- registró 181 ataques contra defensores "que trabajan en cuestiones empresariales". De esos, 72 fueron asesinatos.

Las agresiones equivalen al 9% del total mundial en ese campo.

La mayoría tuvo lugar en zonas en donde se llevan a cabo grandes proyectos de minería, hidrocarburos, ganadería o energías renovables.

Casi la mitad (44%) sucedieron en regiones donde operan cinco grandes empresas: las mineras Big Group Salinas (de origen venezolano), Cerrejón Coal (parte de Anglo American, BHP y Glencore) y AngloGold Ashanti (de Sudáfrica); la estatal Ecopetrol; y la compañía de servicios públicos Empresas Públicas de Medellín.

Forst se mostró preocupado por "la aparente conexión" entre la petrolera Frontera Energy, el ejército y la fiscalía colombianos en la "criminalización" de defensores de la tierra y el medioambiente en el este del país.

Frontera Energy resaltó el martes en un comunicado "su compromiso con la protección de los derechos humanos".

"La gran mayoría de las personas defensoras de los derechos humanos están en peligro, y su riesgo ha aumentado en los últimos tres años desde la firma del acuerdo de paz", concluyó el relator.

Página no encontrada

El contenido que solicitó no existe o ya no está disponible.