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La ONU y Colombia se enfrentan por los asesinatos de los defensores de la paz

Un partidario de la Fuerza Alternativa Revolucionaria Común (FARC) sostiene una vela durante una vigilia en memoria de los ex guerrilleros de las FARC asesinados después del acuerdo de paz con el gobierno, en Bogotá, Colombia, el 25 de febrero de 2020.
Un partidario de la Fuerza Alternativa Revolucionaria Común (FARC) sostiene una vela durante una vigilia en memoria de los ex guerrilleros de las FARC asesinados después del acuerdo de paz con el gobierno, en Bogotá, Colombia, el 25 de febrero de 2020. © Luisa Gonzalez / reuters

El informe sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia tiene a la Organización de Naciones Unidas enfrentada con el Gobierno de Iván Duque, que lo califica de "inexacto". El Comité Internacional de la Cruz Roja se sumó a la alerta y dice que “vivir sin miedo” en el país sudamericano es una deuda pendiente.

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Esta vez fue en Ginebra donde el relator especial de la ONU para los Derechos Humanos, Michael Frost, denunció que Colombia es el lugar donde más activistas son asesinados en América Latina.

Al menos 324 líderes sociales murieron entre 2016 y 2019 según las conclusiones de una visita realizada por Frost a territorio colombiano a finales de 2018. Conclusiones que esperaba nutrir con una segunda visita en 2019, que no pudo realizarse porque no hubo un acuerdo con el presidente Iván Duque.

En 2018, Frost se reunió con los defensores de derechos humanos y activistas del acuerdo de paz, que le manifestaron su preocupación por los asesinatos, que dicen son sistemáticos. Muchos de los activistas cumplen una importante labor en la defensa de puntos básicos acordados entre el Gobierno colombiano -entonces a la cabeza del expresidente y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos- con la extinta guerrilla de las FARC en La Habana, como la sustitución de cultivos ilícitos, la defensa de derechos de minorías o la restitución de tierras despojadas por grupos paramilitares y guerrillas durante el conflicto.

Frost agregó que el alto número de asesinatos de activistas, la impunidad, así como la estigmatización y la criminalización de éstos son los tres rasgos más inquietantes de la situación que pudo observar durante la misión oficial. 

Las cifras fueron controvertidas por los  funcionarios del Gobierno y por los sectores que lo respaldan, que incluso llegaron a pedir la salida de la organización del país. Emilio Archila, principal encargado de las actividades de implementación de los Acuerdos de Paz del Gobierno Duque, dijo que Frost no estaba “bien informado” sobre lo que pasaba en el país.

La ministra del Interior, Alicia Arango, no solo puso en dudas las cifras de la ONU sino que aseguró que en Colombia: “mueren más personas por robo de celulares”. La polémica comparación levantó criticas en un país donde por lo menos, según las cifras más moderadas, más de 300 líderes sociales han sido asesinados desde 2016.

La ONU en Colombia contestó que “continuará afianzando el diálogo respetuoso y apoyando al país en la construcción de un futuro próspero y en paz”.

Las cifras de la discordia

Mas allá del cruce de declaraciones, el Gobierno colombiano ha salido en defensa de su trabajo en un panorama más bien sombrío para los defensores de Derechos Humanos.

Según el informe de Frost, entre 2016 y 2019 hubo 324 casos de asesinatos de líderes y defensores, las cifras son el resultado del contraste de tres fuentes distintas, la Defensoría del Pueblo de Colombia, la organización civil Somos Defensores y las propias de la ONU.

Para el Gobierno, lo más destacable es que entre el 7 de agosto de 2018 y el 7 de agosto de 2019 los homicidios de los defensores de Derechos Humanos se redujeron en un 24 %.

Otro punto que preocupa a la ONU, es la tasa de impunidad. Según las cifras de la Fiscalía, solo en el 11 % de los casos ha habido sentencias condenatorias. Para el Gobierno, ese indicador no se puede medir solo por las sentencias sino por los avances en el proceso de investigación. Según ellos, entre 2016 y 2019 la Fiscalía de Colombia avanzó en un 50 % de los casos.

Por último, Frost señaló que por lo menos hay 70 casos de líderes judicializados por protestar contra actividades de multinacionales en algunas regiones del país. La Casa de Nariño rechazó las acusaciones y dijo que el informe de la ONU no presentaba evidencias y que era "subjetivo y parcial".

El director de Human Rights Watch rechazó la reacción del Gobierno colombiano:

 

La violencia en Colombia, más allá de las cifras

La ONU no es la única que denuncia el empeoramiento de la situación humanitaria en el país cafetero. El Comité Internacional de la Cruz Roja es contundente: "a pesar del acuerdo de paz, vivir sin miedo es una deuda pendiente en Colombia”.

Uno de los indicadores más graves es el del crecimiento de los desplazamientos forzados y el confinamiento. Durante 2019, por lo menos 25.000 personas huyeron de sus hogares y otras 27.000 se quedaron en estado de confinamiento, sin poder salir por la amenaza de la disputa entre grupos ilegales.

Gráfica de aumento del desplazamiento forzado en Colombia
Gráfica de aumento del desplazamiento forzado en Colombia © France24

El director en Colombia del CICR, Christoph Harnish, dijo que “el panorama es más complejo que el del año pasado. Los grupos armados están más fragmentados y el conflicto tiene nuevas dinámicas que se expresan de manera distinta en cada territorio. Esta realidad dificulta el diálogo que tenemos con todos los actores armados para promover el respeto de las normas humanitarias y hace más difícil la protección de la población civil”.

Colombia firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) en 2016 para terminar un conflicto que dejó cerca de 260.000 muertos. Pero una nueva espiral de violencia se ha abierto paso ante la lentitud de la implementación de los mismos, el asesinato de exguerrilleros que firmaron la paz, la incapacidad del estado de ocupar los territorios que dejó la guerrilla y el crecimiento de los cultivos de coca.

En el país andino permanecen activos varios grupos vinculados con el narcotráfico, disidencias que no se acogieron al acuerdo y la guerrilla marxista Ejercito de Liberación Nacional (ELN).  Esos grupos buscan ganar la disputa por los territorios que abandonaron las FARC.

Con Reuters, EFE

 

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