Saltar al contenido principal

Perú pasa el Día Internacional de la Mujer con más retrocesos que avances en la lucha de género

En los últimos diez años, el Ministerio Público en Perú ha investigado más de 1.200 feminicidios en el país sudamericano.
En los últimos diez años, el Ministerio Público en Perú ha investigado más de 1.200 feminicidios en el país sudamericano. © Andina

Al igual que la gran mayoría de países en Latinoamérica, la nación sudamericana está marcada por sus casos de feminicidio y violencia sexual. Las deficiencias del Estado impactan en un sistema especialmente agresivo para niñas y mujeres.

Anuncios

Camila, una niña de 4 años, fue una de las víctimas más recientes de la violencia de género en Perú. Cuando la encontraron el pasado 1 de marzo, después de varias horas de reportarse su desaparición, estaba asesinada y presentaba signos de violación. Su agresor, un adolescente de 15 años que vivía en su vecindario, fue capturado por la Policía tres días luego del crimen.  

La violencia sexual y feminicida afecta a cientos de niñas y mujeres en Perú cada año. Solo en 2019, el Estado contabilizó 166 feminicidios, 570 tentativas de feminicidio y casi 17.000 casos de violencia sexual contra mujeres de todas las edades. Desde que empezó el 2020, 30 ya fueron asesinadas por ser mujeres y más de 1.500, fueron violentadas sexualmente.

¿Cómo ha respondido el Estado ante la creciente ola de violencia de género?

En los últimos años, el Estado peruano reguló nuevas fórmulas normativas con la consigna de reducir los casos de todos los tipos de violencia que afectan a las mujeres y a las niñas; desde la violencia psicológica hasta los feminicidios. En noviembre de 2015, el gobierno de Ollanta Humala promulgó la "Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar". La norma creó una “Comisión Multisectorial de Alto Nivel”, conformada por nueve ministerios, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Sin embargo, la cooperación institucional que se esperaba no se ha cumplido.

“Esa Comisión no ha sido operativa. Se supone que se tiene que reunir por lo menos dos veces al año de forma ordinaria y convocar a las y los representantes de los sectores comprometidos, pero eso no ocurre”, explicó Beatriz Ramírez Huaroto, investigadora y abogada por los derechos de las mujeres, a France 24. 

Para mayo de 2018, el Congreso de la República había incrementado la pena mínima para el delito de feminicidio, fijándola en 20 años de prisión efectiva, cuando antes era de 15. Y, tres meses después, el Ejecutivo emitió un decreto con rango de ley para eliminar beneficios procesales -como la reducción de condena por confesión sincera- a feminicidas y violadores. 

De acuerdo con el reporte actualizado al 2019 del Instituto Nacional Penitenciario, las cárceles a nivel nacional concentraban hasta 9.454 presos por violación sexual de menor de edad y 4.210 por violación sexual de persona adulta. Después del robo agravado, la violación sexual de menores es el delito por el que más personas van a prisión en Perú.

“La respuesta estatal ha sido limitada y bastante cortoplacista. Existen centros de atención que administra el Ministerio de la Mujer, se aumentaron las penas a los delitos, pero hay otro problema y es que no tenemos un sistema penitenciario preparado para resocializar y reeducar a las personas. Entonces, ¿qué estamos haciendo o qué está haciendo el Estado, además de encarcelar gente, para prevenir la violencia sexual y la violencia de género en su conjunto? Un esfuerzo tímido está viniendo desde el sector Educación con el enfoque de igualdad de género en la currícula nacional de educación básica, pero ¿qué más hay?”, señaló también para este artículo la jefa de Litigio Estratégico de la ONG Promsex, Gabriela Oporto Patroni.

La violencia de género no es un problema de salud mental

Tras el crimen de Camila y de otras menores durante la semana en Perú, el excongresista de la República, Jorge del Castillo, utilizó su cuenta de Twitter para exigirle al Gobierno de Martín Vizcarra la aprobación del reglamento de la Ley de Salud Mental, que fue promulgada en abril de 2019. 

Especialistas como Hugo Ñopo Aguilar, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), explican que la violencia de género es consecuencia de factores culturales y estructurales sociales, mas no de psicopatologías. 

“Esto no es un problema de salud mental. El violador, el agresor de mujeres, no es un ‘enfermo’. Es un hombre que se desenvuelve en una sociedad con cultura machista, que le ha dado privilegios que lo hacen sentir en capacidad y derecho de ‘poseer’ a las mujeres. La violencia de género tiene en su base las diferencias de poder que la propia cultura establece y que coloca a las mujeres en desventaja y en estado de vulnerabilidad sobre sus cuerpos”, dijo Ñopo para France24. 

ParaAdriana Fernández Godenzi, magíster en Psicología Comunitaria y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, el análisis es el mismo. Además, sostiene que categorizar erróneamente la problemática de la violencia de género alimenta el círculo para su impunidad.

“Sostener que hay trastornos mentales detrás de estos actos genera un mito que sigue haciendo que, como sociedad, no nos hagamos responsables de las dimensiones y consecuencias que tiene la violencia de género. Aquí la situación es que nuestras sociedades y familias están construidas en códigos rígidos de masculinidad y feminidad. Para la masculinidad, por ejemplo, está incorporada una expectativa de que el hombre tiene que ser fuerte y violento en muchos sentidos. Y es la sociedad quien no solamente permite esta violencia, sino quien también la termina por normalizar, fortalecer y hasta alentar”, señaló Fernández. 

El agresor puede estar en casa: más de la mitad de abusos a niñas son cometidos por miembros de su familia

De las estadísticas de 2019 del Ministerio de la Mujer peruano, también se desprende otro dato fuerte: de los 12.364 casos de violencia sexual en menores de edad (siendo 1.042 correspondientes a niños varones y 11.322 a niñas), el 51 % tuvo como principal agresor a un familiar o persona cercana de la propia víctima. 

La pequeña Camila fue asesinada en su vecindario, en el distrito de Independencia, en Lima, Perú. Su raptor y agresor fue un adolescente que vivía en la zona.
La pequeña Camila fue asesinada en su vecindario, en el distrito de Independencia, en Lima, Perú. Su raptor y agresor fue un adolescente que vivía en la zona. © RPP

“Es un perfil que se ha mantenido. Si bien también hay niños agredidos, son principalmente las menores mujeres las más afectadas. Eso dice dos cosas del sistema: primero, que las familias no son los espacios de seguridad que tradicionalmente nos imaginamos y que hay que problematizar la forma en que se hace familia en este país; y segundo, que esto debería llevar a una política de educación sexual integral en las escuelas para que niñas y niños identifiquen lo que les está pasando. Pero, ¿solo con educación sexual integral se lograría diagnosticar estos casos?”, indicó la especialista Beatriz Ramírez.

Para Ñopo,el foco en la desmitificación de la familia como espacio de seguridad indiscutible es necesario. No obstante, considera que sería complejo de ejecutarse desde el Estado. “Debería prevalecer la idea de intervenir en la interacción dañina dentro de las familias para proteger la integridad de los menores. Estamos identificando que parte importante del problema está dentro de nuestros hogares, donde hay personas que van a la escuela, pero también otras que ya salieron de la escuela. A las personas que van a la escuela se las puede todavía guiar con contenidos e instruir dentro de un enfoque de género. Pero, ¿qué hacer con los que ya egresaron? Ahí el sistema educativo queda de manos atadas”. 

Si la sexualidad suele ser un tabú entre las familias, mucho más la violencia sexual. Así lo explicó para este texto la psicóloga comunitaria Adriana Fernández: “No siempre hay una mirada central hacia generar discursos que ayuden a que ese espacio sea equitativo, comunicativo y de relaciones horizontales. La familia tiene mucho resguardo al hablar de estos temas; sobre todo cuando en ese ambiente o en esas relaciones influyen discursos religiosos o de modelo de familia tradicional”.

Denuncias desatendidas: cuando las autoridades ignoran la ley o su actitud machista desalienta a las víctimas 

En febrero de 2020, el caso de Solsiret Rodríguez, una joven activista cuyos restos fueron encontrados luego de tres años y medio de reportada su desaparición, renovó el foco sobre la negligencia u omisión policial frente a casos de mujeres desaparecidas. Desde el inicio del caso, los padres de la víctima venían reclamando sobre los comentarios con estereotipos de género con los que la Policía había dificultado y retrasado la formalización de la denuncia. Solsiret es una de tantas mujeres asesinadas a las que la primera autoridad les negó una atención inmediata y diligente.

Solsiret Rodríguez había desaparecido en agosto de 2016. La Policía minimizó la denuncia en un primer momento.
Solsiret Rodríguez había desaparecido en agosto de 2016. La Policía minimizó la denuncia en un primer momento. © Audrey Cordova Rampant / RPP

“No hay un proceso real que asegure que, a nivel nacional, las y los policías que reciben denuncias, que son oficiales y suboficiales en todo el país, conozcan realmente los cambios legales y las normas ya establecidas. Entonces es fácil desprender que, si no conocen las leyes, que en teoría son las que tienen el máximo nivel de publicidad, tampoco conocen los reglamentos o protocolos aprobados por decreto supremo o resolución ministerial. Me parece que hay ahí un gran pendiente que afecta a toda persona que recurre al sistema”, indica Ramírez. 

Para la abogada de Promsex, Gabriela Oporto, el ciclo que inicia con una mala primera atención policial ante denuncias y termina con agresores libres tras culminar sus condenas pero no necesariamente reformados tan solo perpetúa el sistema que vulnera la vida de las mujeres. Además, destaca que el problema es más grave con agresores menores de edad como el asesino de Camila. “¿Qué está haciendo el Estado con mirada al futuro, cuando -dentro de 10 años- el adolescente detenido (que será juzgado como menor infractor) esté libre. Los titulares de 2030 en Perú informarán sobre su liberación, pero ¿estará él preparado para regresar a la sociedad y la sociedad estará preparada para recibirlo? Las deficiencias estatales nos sugieren que no”. 

Boletines de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24

Página no encontrada

El contenido que solicitó no existe o ya no está disponible.