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Detrás del atentado contra el primer ministro de Sudán hay una profunda tensión política

La explosión de un carro bomba en la ciudad de Jartum afectó el vehículo en el que se transportaba el primer ministro de Sudán, Abdalla Hamdok, el 9 de marzo.
La explosión de un carro bomba en la ciudad de Jartum afectó el vehículo en el que se transportaba el primer ministro de Sudán, Abdalla Hamdok, el 9 de marzo. © Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

La explosión de un vehículo contra la comitiva de Abdalla Hamdok ocurre a los pocos meses de que iniciara un gobierno transicional compartido entre civiles y militares, y que reemplazó al derrocado Omar al-Bashir.

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Un coche bomba activado en Jartum, la capital de Sudán, al paso de la caravana del primer ministro Abdalla Hamdok, revivió la tensión en un país que apenas se repone de una de las crisis políticas más profundas de las últimas décadas.

El vehículo explotó el 9 de febrero mientras el mandatario iba a su oficina. Faisal Saleh, ministro de Información, sostuvo que en el ataque también se usaron armas de fuego y que un oficial de seguridad resultó levemente herido cuando se cayó de su moto. Hamdok salió ileso.

"Tengan la seguridad de que lo que sucedió hoy no se interpondrá en el camino de nuestra transición, sino que es un impulso adicional a la rueda del cambio en Sudán", publicó en su cuenta de Twitter el mandatario.

Y es que más que un atentado en su contra, lo que ocurrió este martes es una muestra de la fragilidad política que atraviesa Sudán luego de que en agosto de 2019 comenzara un gobierno de transición, compartido por civiles y militares, para llegar a la democracia y dejar atrás los 30 años de la mano dura del derrocado Omar al-Bashir, que llegó al poder por un golpe de Estado.

En medio de esa fragilidad es que Hamdok se refiere a que mantendrá los cambios que ha impulsado en los siete meses que lleva a la cabeza del gobierno sudanés. 

El gobierno de transición, un deseo de las protestas

La inestabilidad política viene mucho antes del atentado contra el primer ministro. Este país africano tuvo su punto de quiebre en diciembre de 2018, cuando miles de manifestantes salieron a las calles. Aunque había un descontento generalizado por la represión del gobierno de Al-Bashir y la corrupción, las protestas iniciaron cuando subió el precio de la comida y el petróleo y algunos bienes básicos comenzaron a escasear. La economía de Sudán ha estado en grandes aprietos desde 1993, cuando Estados Unidos lo declaró patrocinador del terrorismo y lo aisló de los mercados financieros del mundo con la imposición de un embargo comercial. 

Poco a poco los manifestantes se organizaron y, con el respaldo de 22 organizaciones civiles sudanesas, crearon las Fuerzas de la Libertad y el Cambio. Este grupo concentró la inconformidad en tres peticiones concretas: el fin del gobierno Al-Bashir, la creación de un gobierno de transición que los llevara a la democracia y que se acabara la violencia contra los manifestantes, que ya comenzaba a verse. 

Pero todavía estaban lejos de que se cumplieran sus expectativas, pues en abril de 2019 se recrudecieron los ataques de las fuerzas armadas contra los manifestantes. Esto impulsó todavía más las marchas y la presión de quienes pedían democracia, hasta que los militares derrocaron a Al-Bashir el día 11 de ese mes. 

Aún con esta movida política, el gobierno civil no llegó y, en cambio, los militares asumieron el poder. Los manifestantes llegaron al punto de armar carpas cerca del cuartel general de las fuerzas armadas en Jartum y dormir allí hasta que se cumpliera su deseo de transición. 

El punto crucial fue el 3 de junio de 2019. Ese día, las fuerzas de seguridad atacaron a los manifestantes en lo que se convirtió una masacre. Cerca de 240 personas murieron y testigos sostienen que varios uniformados torturaron y desaparecieron a decenas, según el informe de la ONG Físicos por los Derechos Humanos. 

En Sudán, militares y oposición pactaron un acuerdo constitucional final

La denuncia también apunta a que uno de los mayores responsables de la matanza fueron las Fuerzas de Apoyo Rápido, que eran dirigidas por el general Mohamed 'Hemedti' Hamdan Dagalo, el vicepresidente del Consejo Militar Transitorio que gobernó desde la salida de Al-Bashir. Este grupo contrainsurgente lo creó el gobierno sudanés en 2013 para combatir a los rebeldes en Darfur, donde según Human Rights Watch, se cometieron varios crímenes como quemar pueblos, violar mujeres y matar a civiles de manera indiscriminada.

La violencia de junio aceleró las conversaciones entre las Fuerzas de la Libertad y el Cambio y el Consejo Militar Transitorio, hasta que en agosto de 2019 pactaron una nueva Constitución que incluye novedades como compromisos explícitos de respetar los derechos humanos. El acuerdo, además, creó tres instituciones para liderar la transición hacia la democracia. La primera es un Consejo Soberano en el que seis civiles y cinco militares gobiernan hasta noviembre de 2022, cuando habrá elecciones presidenciales. La segunda es un Parlamento que represente a todos los sectores sudaneses y la tercera es un gobierno liderado por un primer ministro nombrado por civiles. Fue así cómo Abdalla Hamdok llegó al poder, con la promesa de cambio. 

Militares, inconformes con los cambios del nuevo gobierno

Respondiendo a las peticiones de los manifestantes que tumbaron a Al-Bashir, el nuevo primer ministro llegó con las intenciones de distanciarse de las políticas anteriores. Una de las decisiones más sonadas internacionalmente fue el pacto para entregarle a la Corte Penal Internacional (CPI) a las personas que busca desde 2010 por los crímenes cometidos en Darfur, y el nombre más relevante de la lista es el del expresidente Omar al-Bashir. La CPI acusa al mandatario por más de 10 cargos diferentes, incluyendo el genocidio de más de 400.000 personas. Esto lo convirtió en el primer presidente de la historia en ser requerido por la Corte, según los archivos del organismo judicial. 

A pesar de que la orden de arresto existe desde 2009, el exmandatario no ha acudido a La Haya porque la CPI no tiene una policía judicial que pueda capturarlo y, por eso, depende de que las autoridades de Sudán le ayuden a aprehender a los acusados; una ayuda que solo llegó con el gobierno de transición. 

Otra de las decisiones políticas de Hamdok fue sacar a los políticos que estuvieran relacionados con el antiguo gobierno. Creó el Comité de Remoción de Empoderamiento, que a principios de marzo de 2020 despidió a 109 embajadores y diplomáticos que habían sido nombrados por Al-Bashir o que tenían conexiones con él. El grupo también removió de sus cargos a ocho gerentes de bancos estatales y confiscó los activos del partido político del exgobernante.

Además, poco a poco, la economía sudanesa se está abriendo al mundo con decisiones como las del Parlamento de Alemania de reanudar las relaciones financieras, después de haber estado congeladas durante 30 años. 

Sin embargo, estos cambios no significan que todo esté solucionado en Sudán. El desempleo está en 22,1%, una cifra que no se veía desde antes de la llegada al poder de Al-Bashir, según el Fondo Monetario Internacional. Y en lo político, las tensiones continúan. Muchos militares se resisten a la llegada de los civiles al poder, en parte porque otra de las medidas que tomó el gobierno de transición fue reestructurar la fuerza pública, varias unidades de inteligencia militar y las contrainsurgentes Fuerzas de Apoyo Rápido.

Varios uniformados despedidos aseguran que el gobierno de Hamdok no les dio las indemnizaciones justas y por eso hicieron una revuelta a mediados de enero de este año, en la que cerraron el aeropuerto de la capital sudanesa y paralizaron varias calles de la ciudad con una revuelta armada. 

Aunque se desconocen los autores del atentado contra el primer ministro sudanés, el hecho ocurre en medio de estas tensiones políticas y económicas que aún terminan en Sudán.

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