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Con cuatro leyes "antiabusos", Piñera busca transmitir un Chile más justo

Un manifestante sostiene la imagen presidencial de Sebastián Piñera, en una protesta contra el modelo económico de Chile, en Santiago, el 22 de octubre de 2019.
Un manifestante sostiene la imagen presidencial de Sebastián Piñera, en una protesta contra el modelo económico de Chile, en Santiago, el 22 de octubre de 2019. © Iván Alvarado / Reuters

Aún debe pasar por el Congreso, pero con esta nueva legislación el presidente chileno apunta a delitos financieros como el precio fijo de los productos más básicos, endureciendo las sanciones, tanto en multas como en años de cárcel. Así busca sofocar los ánimos de aquellos chilenos que piden un modelo económico y social igualitario.

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Desde octubre, la crisis social y Sebastián Piñera se miran de frente. Y en ese duelo, el presidente de Chile movió carta este viernes 13 de marzo con la propuesta de cuatro proyectos de ley que buscarían controlar y multar más ciertas injusticias y abusos económicos.

Es decir, estas legislaciones “antiabusos”, como las ha denominado su Gobierno, tendría como objetivo delitos financieros que irían desde la corrupción hasta el uso de información privilegiada, pasando por el fraude y la creación de carteles.

“En los últimos tiempos hemos conocido casos muy sensibles de colusiones y carteles en bienes tan importantes como los medicamentos, los pollos o el papel higiénico, que han perjudicado a la inmensa mayoría de los chilenos”, expresó el mandatario, en una comparecencia en el Palacio de la Moneda.

Hablando de colusiones, el Ejecutivo está haciendo hincapié en aquellas acciones o pactos entre personas o grupos que buscarían aprovecharse de un bien o una situación por medios fraudulentos. Y claro, a costa de un tercero, que aquí sería el pueblo chileno. Con un agravante: muchos delitos habrían sido sobre bienes de primera necesidad.

Leyes a favor de un endurecimiento de las sanciones

Ante este panorama, Piñera quiso dejar clara su “agenda antiabusos”: quienes hoy “abusan de su posición dominante en los mercados”, recibirán “muy severas” sanciones. Y es que, además de querer fijar los precios de los productos básicos, dichas leyes irían acompañadas de multas y un agravamiento de las penas de cárcel.

Así, los delitos de colusión aumentarían de los tres a los cinco años y un día, con un tope máximo de diez años. Mientras que las multas por uso de información privilegiada, fraudes o incluso alteración de documentos podrían llegar a multiplicarse por siete, hasta lo que ha tildado de 100.000 Unidades de Fomento o más de 3.400.000 dólares.

Sin contar con que esta propuesta legislativa aumentaría también el plazo de prescripción de los delitos electorales de dos a cinco años: “No hay razón alguna para que sigan existiendo privilegios injustificados para el mundo político”, declaró el presidente, en el poder desde 2018.

Para fiscalizar de forma más severa y eficaz estos delitos económicos, dichas leyes otorgarían más facultades y herramientas a la Fiscalía Nacional Económica, prometiendo proteger la identidad de aquellos “denunciantes” de los sectores público y privado que presenten pruebas de crímenes.

“Para combatir la corrupción, que sabemos que es el cáncer de las democracias, necesitamos mejores instrumentos, y el denunciante anónimo ha probado ser muy eficaz en las principales democracias del mundo”, concretó Piñera.

Un gesto del Gobierno ante las protestas

Hoy por hoy, toda esta información es un anuncio, ya anticipado el pasado 9 de diciembre, y que iniciará un proceso en el Congreso, donde Piñera ha rogado “una pronta tramitación”. Pero sobre todo es una pretensión, un gesto presidencial: el de calmar a un Chile que desde octubre está en pie y se moviliza en varias ciudades del país contra una clase política que ve corrupta e injusta.

Por eso este movimiento del Gobierno, con el objetivo de sofocar las demandas sobre desigualdad: “La inmensa mayoría de los chilenos queremos construir un Chile más justo, más equitativo, sin abusos ni privilegios, y con iguales oportunidades y dignidad para todos –se incluyó Piñera–. Ese es el potente mensaje de la voz de la gente que hemos escuchado en forma fuerte y clara”.

Archivo: Un grupo de personas se manifiesta en la Plaza Italia, el viernes 17 de enero, en Santiago (Chile).
Archivo: Un grupo de personas se manifiesta en la Plaza Italia, el viernes 17 de enero, en Santiago (Chile). © Elvis González / EFE

A inicios de marzo, el día 2, el presidente promulgó una ley, la Ley Gabriela, que amplía el marco legal del feminicidio, elevando las penas en los casos de violencia de género. ¿Le irá igual de bien a estos proyectos de ley, presentados en viernes 13? ¿Acercará a Piñera a quienes tiene enfrente desde octubre, que no es más que la sociedad chilena?

La fijación de unos precios manipulados desde la década de los 90 y los delitos financieros están entre las demandas de quienes han protestado por las injusticias sociales y económicas en Chile. Tanto por el precio justo, y no cerrado por algunos, de pañales y leche, como por el cambio completo de un modelo de país.

El próximo abril, los chilenos votarán sobre si reescribir la Constitución de la era de la dictadura de Augusto Pinochet, con una Carta Marga con protecciones más grandes hacia el consumidor. Según Piñera, estas medidas no serán las últimas.

Con EFE y Reuters

 

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