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Sin casos confirmados de Covid-19, El Salvador emprende drásticas acciones para afrontar pandemia

Una mujer carga rollos de papel higiénico este viernes en San Salvador, El Salvador el 13 de marzo de 2020.
Una mujer carga rollos de papel higiénico este viernes en San Salvador, El Salvador el 13 de marzo de 2020. © EFE / Rodrigo Sura

Pese a que El Salvador aún no cuenta con ningún caso sospechoso de Covid-19, en un lapso menor a 48 horas, el presidente Nayib Bukele decretó una serie de medidas para evitar la presencia del virus en el país centroamericano: desde la prohibición del ingreso al territorio a toda persona de nacionalidad extranjera, hasta una solicitud de declaratoria de "Estado de Excepción en todo el territorio nacional" y de suspensión de algunas garantías constitucionales. El Salvador se encuentra entre los más de 70 países que aún no han reportado ningún caso de Covid-19.

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La cascada de anuncios hechos por Bukele dio inicio el 11 de marzo, pocas horas después de que el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, calificara como pandemia al coronavirus Covid-19.

Minutos después del anuncio de la OMS, el presidente salvadoreño decretó alerta naranja para prevenir el ingreso y potencial contagio del virus en el país. Cinco horas más tarde, el mandatario anunció el lanzamiento de un Decreto Ejecutivo para declarar "cuarentena en todo el territorio nacional".

El Decreto establece, entre otras cosas, la suspensión de todas las actividades escolares públicas y privadas durante 21 días, la prohibición de entrada al territorio salvadoreño de todo extranjero que no sea diplomático o residente, y la aplicación de una cuarentena de 30 días a todas aquellas personas que ingresen al territorio salvadoreño por cualquier vía.

Tras el lanzamiento del decreto, centros escolares y universidades a nivel nacional anunciaron la suspensión de clases por 21 días. Mientras tanto, las aerolíneas que funcionan en el Aeropuerto Internacional continuaron recibiendo viajeros sin tener claro el procedimiento para su retorno o para su ingreso a cuarentena, lo que implicó que decenas de personas, nacionales y extranjeras, permanecieran por horas en las salas de espera sin certeza de los pasos a seguir, pues estos no habían sido comunicados por las autoridades. 

El anuncio también generó alarma entre la población residente en El Salvador, la cual abarrotó los supermercados para abastecerse de víveres y artículos de primera necesidad, como si se tratase de una catástrofe de las dimensiones de un terremoto o huracán. 

Las autoridades de salud confirmaron que un total de 350 personas que ingresaron a territorio salvadoreño fueron enviadas a albergues destinados para las cuarentenas, más no detallaron el número de personas que permanecían dentro del aeropuerto, ni la cantidad de viajeros, nacionales y extranjeros, que llegaron al país tras la emisión del decreto.

Medidas improvisadas y precariedad en albergues destinados a la cuarentena

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), Apolonio Tobar, calificó de "improvisación" las medidas tomadas por el Gobierno para atender la pandemia. Luego de realizar una visita al Aeropuerto Internacional, Tobar señaló que las personas que aterrizaron en el país fueron detenidas en un solo salón sin contar con información sobre los procedimientos a los que serían sometidas.

Asimismo, representantes de la institución que acompañaron el recorrido, aseguraron que el gobierno no ha comunicado los protocolos a implementar de llegar a confirmarse un caso de Covid-19 en el país, ni las medidas de prevención a implementar en materia de salud para evitar un posible contagio.

Mientras las autoridades mantenían silencio sobre las características de los albergues designados para la cuarentena, las redes sociales comenzaron a inundarse de denuncias de hacinamiento, escasez de agua y alimentación y falta de atención médica hechas por ciudadanos enviados a dichos recintos.

En las fotografías y videos compartidos en Twitter criticando las condiciones de los albergues se observan personas durmiendo en el suelo, servicios sanitarios rebasados, menores de edad con equipo de protección inadecuado y deficientes condiciones de limpieza en las instalaciones.

Por otra parte, familiares de las personas en cuarentena dijeron no haber podido establecer comunicación con sus parientes, quienes, afirmaron, no han sido provistos de alimentación adecuada ni cuentan con recursos suficientes para protegerse de un posible contagio.

"No estamos en contra de que el presidente quiera prevenir, estamos a favor de proteger a la población salvadoreña, pero se está diciendo que las personas se iban a poner en cuarentena de forma aislada. Si no se ha comprobado que no hay contagiados y los tienen juntos, ¿cómo piensan prevenir contagios? Y las condiciones son paupérrimas, no hay papel higiénico en los baños, ni siquiera les han proporcionado jabón (…) La única prueba que se les realizó en el aeropuerto fue un termómetro en la frente, ¿dónde están esas pruebas de las que dijeron que iba a haber abasto?", denunció Diana A., una de las decenas de personas que esperaba información de su pariente en cuarentena, en las afueras del albergue ubicado al oriente del país.

Ante las quejas externadas por la ciudadanía, la comisionada presidencial, Carolina Recinos, expresó que los albergues "no son hoteles 5 estrellas, pero tampoco están en el suelo". De acuerdo con la comisionada, los albergues "tienen alimentación, atención médica, seguridad" y otra serie de condiciones para sobrellevar la cuarentena.

A la fecha, según cifras oficiales más de 400 personas han sido remitidas para pasar la cuarentena en un albergue, ubicado en el departamento de Usulután, que cuenta con una capacidad máxima para 400 ocupantes.

De alerta roja a Estado de Excepción

Este viernes, el presidente Nayib Bukele ordenó subir la alerta a roja, a la vez que publicó un tuit solicitando a la Asamblea Legislativa "decretar Estado de Excepción en todo el territorio nacional y se suspendan las garantías constitucionales mencionadas en el Art. 29".

La solicitud alertó a organizaciones de derechos humanos, ya que la aplicación del Artículo 29 de la Constitución implicaría la suspensión de garantías constitucionales como el derecho a la libertad de expresión, libre circulación, privacidad de la correspondencia, entre otros.

Al respecto, el presidente Bukele aclaró, a través de su cuenta de Twitter, que "la propuesta de decreto enviada por el Gobierno no incluye la suspensión de la libertad de expresión, ni la de prensa, ni la de la libre difusión del pensamiento, así como tampoco autoriza al Estado a abrir correspondencia".

El decreto con la solicitud fue entregado a la Asamblea Legislativa y se encuentra a la espera de aprobación con 56 de 84 votos.

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