España: dudas y temores tras el regreso parcial de la actividad económica no esencial

Desde el pasado lunes 13 de abril la actividad económica no esencial fue reabierta parcialmente en España. Lejos de significar el fin del confinamiento, la decisión del Gobierno implica volver al escenario de las dos primeras semanas bajo estado de alarma, régimen que entró en vigor el 15 de marzo.

Es decir, salir de la "hibernación económica" en la que vivía España desde el 30 de marzo, cuando se decretó el paro de los sectores económicos que no fueran esenciales. Sin embargo, permanecerán cerrados centros educativos, de ocio, culturales, deportivos y locales de restauración entre muchos otros negocios que no suministran productos de primera necesidad.

La decisión ha sido recibida entre incertidumbre y críticas desde que el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la anunció el pasado 9 de abril durante la sesión parlamentaria en la que se votó la segunda prórroga del Estado de Alarma.

Hasta los socios de Gobierno han dejado ver su desacuerdo con la medida. El portavoz del partido Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, pidió al presidente que se atreviera a rectificar si se detectaba que la vuelta a la producción se traducía en un nuevo aumento de contagios. Efecto que no podrá analizarse dentro de unos días, cuando podría detectarse un aumento en las nuevas personas sintomáticas.

Para este 14 de abril, España contabiliza 172.541 contagios y 18.056 muertes, lo que la ubica entre las primeras tres naciones más afectadas del mundo según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

Distintos presidentes autonómicos, como el catalán Quim Torra o la madrileña Díaz Ayuso, han expresado su inconformidad ante la decisión del Gobierno central. Los líderes temen un repunte de los casos en sus comunidades, que son precisamente las más afectadas.

Por otro lado, la discrepancia con la medida es unánime entre la izquierda. Coinciden en que afectará principalmente a la clase trabajadora, que en buena parte tiene empleos irrealizables de manera telemática. Las críticas han llegado desde la izquierda en la oposición hasta la izquierda aliada parlamentaria del Gobierno e incluso desde la cuenta de Twitter del vicepresidente Pablo Iglesias.

De momento, no peligra la coalición del Ejecutivo, pero esta medida ha evidenciado la división en el seno del Gobierno sobre el camino a tomar para hacer frente a la emergencia social desencadenada por la crisis sanitaria. Como sucedió a la hora de discutir los detalles sobre las moratorias de pagos de hipotecas y alquileres o sobre la rapidez con la que debe presentarse el Ingreso Mínimo Vital, en la alianza ejecutiva se perfilan dos posturas. 

Por un lado, la económicamente ortodoxa, liderada por la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y por la de Hacienda, María Jesús Montero. Desde allí abogan por no implementar medidas que empeoren la situación económica y dificulten la posterior recuperación. Por otro lado, los ministros de Unidas Podemos se presentan más propensos a intentar paliar las desigualdades materiales incrementadas por la irrupción de la pandemia a través de ayudas. 

El Ejecutivo ha defendido en varias ocasiones que las decisiones gubernamentales no se rigen por otras presiones que las del comité científico. En la comparecencia del domingo 12 de abril, Pedro Sánchez defendió que "la decisión política la tomo yo, el mando único y las autoridades delegadas, pero en base al criterio de los expertos".

Incertidumbre ante el significado de "nueva normalidad"

Ante la expectativa de millones de ciudadanos confinados, en la sesión parlamentaria del 9 de abril, el presidente del Gobierno anunció la vuelta a "una nueva normalidad" (sin definir el concepto) a partir del 26 del mismo mes, cuando termina la segunda prórroga del Estado de Alarma.

Sin embargo, el líder del Ejecutivo no descartó futuras prórrogas y aseguró que la normalidad plena no se restablecerá hasta que el mundo disponga de una vacuna, tiempo que el Imperial College Covid-19 Response Team estima de entre 12 y 18 meses. 

El equipo británico concluía en un informe del 16 de marzo que reducir el contacto interpersonal es la única manera viable de gestionar la pandemia, mientras no se consiga una vacuna y el virus continúe circulando. 

Los autores del informe proponen dos vías: la de la supresión y la de la mitigación. Ambas opciones suponen una reducción del contacto humano, en mayor o menor grado. La más drástica, la supresión, conlleva el peligro de un rebrote cuando el confinamiento se relaja. La segunda implica aceptar que los contagios y los fallecimientos van a reducirse, pero no a pararse.

Sea como sea, el informe alerta del reto de mantener la distancia social y de gestionar sus impactos.