9,5 millones de mujeres no podrían acceder a un aborto seguro en 2020 por la pandemia

Volver la interrupción voluntaria del embarazo un servicio esencial en los países en vía de desarrollo es una cuestión de vida o muerte, especialmente en tiempos de coronavirus. Por esto abogan dos de las instituciones más reconocidas en materia de derechos reproductivos: el Charity Marie Stopes International (MSI) y el Instituto Guttmacher. 

No es una exageración. Esta última puso en términos más palpables las consecuencias que traería reducir tan solo un 10% el acceso a abortos seguros en los países de ingresos más bajos: 28,000 muertes maternas se producirían. Esto equivaldría a dos veces la muerte de la población de Malibú, que tiene 12.777 habitantes, solo que todas ellas serían mujeres. 

Además, reducir este servicio llevaría a la práctica clandestina de tres millones de abortos y dejaría a unas 15 millones de mujeres asumiendo embarazos no deseados, lo que podría abultar aún más la estadística de prácticas clandestinas y muertes, según su más reciente estudio.

Pero esta es solo una tímida proyección de lo que podría suceder en realidad, ya que algunos expertos predicen que en medio de la pandemia de Covid-19, estos servicios se verían reducidos hasta en un 80%, dijo Elizabeth Sully, investigadora científica del Instituto Guttmacher.

"Necesitamos actuar ahora de manera preventiva antes de comenzar a ver este tipo de impactos", dijo Sully a la Fundación Thomson Reuters.

Acceder al aborto seguro en tiempos de pandemia: una tarea casi imposible

Si ya es difícil abortar de manera segura en tiempos no excepcionales, hacerlo en medio de una pandemia resulta una tarea casi imposible. Y el caso de Irlanda del Norte, es el mejor ejemplo.

Mientras el Gobierno local se resiste a practicar procedimientos legales, gratuitos y seguros, las mujeres deben tomar un ferry en un viaje de unas ocho horas para poder acceder al servicio, sorteando los cierres, el confinamiento y además, el virus. 

Por eso estas organizaciones están abogando por evitar que se cierren estos centros. Principalmente buscan que el aborto seguro se vuelva un servicio esencial, para que permanezca abierto todo el tiempo, especialmente cuando el confinamiento ha llevado que casi todos los países tengan que prescindir de sus servicios no fundamentales. Además que cuente con el personal necesario para garantizarlo. 

Colombia y El Salvador serían los países más afectados por estos recortes en América Latina

La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) informó que más de 5.600 de sus clínicas y proveedores de atención, que representan el 14% del total, habían cerrado en 64 países debido al nuevo brote de coronavirus.

Entre los países más afectados se encuentran Colombia y El Salvador pero también Pakistán, Uganda, Sudán y Alemania. 

Si estos cierres continúan, se materializarán las proyecciones que trazó la organización benéfica Charity Marie Stopes International (MSI), que proporciona servicios de anticoncepción y aborto en 37 países y que calcula que 9,5 millones de mujeres y niñas perderían el acceso a servicios de aborto durante este año debido a la pandemia.

Pero no solo se trata de acceder a estos servicios, sino que los gobiernos tracen alternativas para que las mujeres puedan acceder a ellos. En India, por ejemplo, aunque el gobierno decretó que el aborto era un servicio esencial desde el 14 de abril, varias semanas después de que estableció el confinamiento para detener la propagación del virus, varias mujeres dijeron que no estaban seguras de cómo llegarían a los centros de salud con el transporte clausurado. 

Con Reuters