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América Latina intenta proteger a los más vulnerables por Covid-19 pero no siempre lo logra

Un voluntario carga ayudas para las familias pobres en Río de Janeiro, Brasil, el 27 de marzo de 2020.
Un voluntario carga ayudas para las familias pobres en Río de Janeiro, Brasil, el 27 de marzo de 2020. © Pilar Olivares / Reuters

Los planes de los gobiernos en la región van desde bonos de dinero hasta nuevos impuestos para que los más ricos ayuden a contener el golpe económico de los más pobres. Pero todos los programas en la práctica tienen falencias y despiertan críticas. 

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Pobres, migrantes, indígenas y trabajadores informales son algunos de los que están en la primera línea de afectados por la crisis social que genera la pandemia del Covid-19 y que se agrava más en el contexto desigual de América Latina. Por eso, varios gobiernos están creando programas o fortaleciendo antiguas medidas socio-económicas para protegerlos. O al menos así lo aseguran los presidentes. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha contabilizado más de 200 medidas económicas en toda la región y explica que estas están dedicadas a tres tipos de auxilios: para proteger a los trabajadores, ayudar a las pequeñas y medianas empresas, y para reducir el impacto en los pobres. 

La siguiente es una radiografía de las medidas más importantes que han tomado los gobiernos latinos para garantizar el bienestar de los más vulnerables y lo que hay detrás de las promesas grandilocuentes, que en la práctica prueban sus dificultades para proteger los más necesitados.

América Latina ante el Covid-19, ¿Cómo enfrenta la región el desafío de la pandemia?

Un impuesto a los más ricos: la idea que ronda en Argentina y Ecuador

Son solo proyectos en discusión que los congresos tienen que aprobar primero para que sean vigentes. Pero aún así las propuestas para ponerle impuestos a los más ricos ha levantado polvaredas en Argentina y Ecuador, donde los gobiernos de izquierda y derecha, respectivamente, respaldan la iniciativa. 

En Argentina, el proyecto lo propuso la bancada oficialista Frente de Todos y el gobierno de Alberto Fernández lo apoya. La idea es que quienes tengan un patrimonio por encima de 3 millones de dólares, es decir el 1% de los contribuyentes, paguen un impuesto adicional, según Carlos Heller el director del proyecto. Aún no se sabe de cuánto sería el gravamen ni qué se haría con el dinero recolectado. 

Pero el debate apenas comienza pues incluso sin conocerse los detalles, la iniciativa parlamentaria ya está siendo criticada. Quienes se oponen dicen que lo importante es mejorar el flujo económico y garantizar el funcionamiento de las empresas. La oposición del Gobierno, por su parte, dice que la solución está en que los trabajadores estatales se bajen el salario, a lo que Fernández replica que sus funcionarios “no tienen fortunas” y “viven de sus sueldos”.

A diferencia de Argentina, en Ecuador fue la Presidencia a cargo del presidente Lenín Moreno la que propuso un modelo de impuestos. La intención es que las empresas que ganan más de un millón de dólares al año den un 5% de su ingreso para los comercios pequeños y medianos. 

Además, los trabajadores también deberán aportar y la cuota comienza desde 2 dólares para quienes tienen un ingreso mensual de más de 500 dólares. Ahí empieza el dilema porque el sueldo básico en Ecuador es de 400 dólares, por lo que la mayoría de ciudadanos tendrían que aportar, sean ricos o no, como dijo a France 24 Carlos de la Torre, exministro ecuatoriano de Economía y Finanzas. 

El otro problema de la propuesta gubernamental es que todavía no se ha presentado formalmente al Congreso y, por ende, no se conocen muchos detalles como en qué se invertirá el dinero recaudado. “Queda un espacio oscuro sobre si ese dinero podría ir a necesidades inmediatas como el pago de la deuda externa o los sueldos de los funcionarios”, sostuvo el exministro, quien también critica que el fondo lo vaya a manejar una junta de notables donde estaría la Iglesia Católica.

Bonos: la ayuda económica que se repite en Perú, Venezuela y El Salvador

La economía mundial está en aprietos por cuenta del Covid-19 y América Latina también se contagió. Lo que pueden hacer los gobiernos para que las finanzas nacionales no colapsen es ayudar a las empresas para que no quiebren y no tengan que despedir a sus trabajadores, garantizar el funcionamiento del sistema financiero para que los créditos fluyan y hacer todo lo posible para que la economía dentro de las familias no se desplome, como lo señaló a France 24 Jorge González, economista y exministro de Trabajo en Perú. 

Es por eso que una de las medidas más recurrentes de los presidentes latinoamericanos es dar bonos a los más pobres. El problema está en cómo se eligen los beneficiarios, cómo garantizar que estos no se expondrán al virus saliendo a las calles a reclamar el auxilio y de dónde sale el dinero para financiarlos. 

En Perú, el presidente Martín Vizcarra prometió un bono quincenal de 380 soles, que son poco más de 100 dólares, y aseguró que lo daría a más de tres millones de familias pobres, incluyendo a 800.000 trabajadores informales que dependen del día a día. 

Personas sin hogares esperan a recibir medicamentos en Plaza de Acho, en Lima, Perú, durante la pandemia por Covid-19, el 31 de marzo de 2020.
Personas sin hogares esperan a recibir medicamentos en Plaza de Acho, en Lima, Perú, durante la pandemia por Covid-19, el 31 de marzo de 2020. © Sebastian Castañeda / Reuters

González apunta que el sistema tiene dos problemas. El primero es que no es fácil identificar a los trabajadores informales, que en el país son alrededor del 70% de la fuerza laboral. Eso en la práctica ha dificultado que el dinero llegue únicamente a quienes más lo necesitan y en muchas ocasiones lo reciben empleados que no viven del ingreso diario. 

El segundo inconveniente, de acuerdo al exministro González, es el que bono solo tiene en cuenta a los pobres. “También hay que fijarse en la población que no es pobre porque en un shock como el de ahora hay muchas personas que fácilmente pueden caer en la pobreza, como un taxista que no trabaje en mes y medio por el aislamiento”, agregó. 

El mismo modelo de bonos lo aplican países como Venezuela y El Salvador, a pesar de tener dirigentes tan opuestos ideológicamente. Bajo el gobierno de Nicolás Maduro, se reparten bonos con diferentes nombres, como ‘Marzo de Lealtad’, ‘Disciplina y Solidaridad’ y ‘Quédate en casa’, que en teoría benefician a 15 millones de venezolanos

Cada uno de ellos recibe 450.000 bolívares, que es el ingreso mínimo actual pero que con la devaluación de la moneda venezolana son seis dólares que en Venezuela alcanzan solo para cuatro kilos de carne

La administración salvadoreña de Nayib Bukele, por su parte, da un bono de 300 dólares y el rasero para elegir a los 1,5 millones de beneficiados es que consuman menos de 250 kilovatios de energía eléctrica al mes y que cumplan otros requisitos, como estar registrados en bases de datos del Gobierno de poblaciones vulnerables y que no coticen a seguridad social. 

El gobierno dice que el auxilio compensará el paro laboral y así los comerciantes informales saldrán beneficiados. Pero en la práctica, algunos de los beneficiarios ni son informales ni son pobres

Además, la entrega del dinero aumentó el riesgo de contagio por coronavirus para muchos. La página oficial donde se dice quiénes son los beneficiarios colapsó desde un día antes de que se comenzara a repartir el dinero, lo que hizo que cientos de personas salieran a las calle en plena cuarentena a agolparse frente a las oficinas donde podrían preguntar por lo subsidios. Ante esto, el presidente reconoció errores en su cuenta de Twitter.

Colombia, Brasil y México: desde dineros directos hasta medidas anteriores

El gobierno de Iván Duque aplica un modelo similar al de los bonos solo que consigna directamente el dinero en dos programas diferentes. Uno que ya existía antes de la pandemia y está ramificado en diferentes beneficios para adultos mayores, víctimas y jóvenes, entre otros. Pero ante las afectaciones económicas del Covid-19, el gobierno de Iván Duque aumentó los pagos

La segunda iniciativa, llamada Programa de Ingreso Solidario, es un fondo para entregar 160.000 pesos colombianos (cerca de 40 dólares) a tres millones de familias de escasos recursos que no estaban en ninguno de los beneficios anteriores. 

Tan solo un día después de que este plan comenzara a funcionar, aparecieron las denuncias. Congresistas de la oposición mostraron anomalías en las bases de datos para definir a quién le daban los beneficios. Los destinatarios del dinero incluían a personas muertas o el mismo número de identificación con nombres diferentes. La Registraduría de Colombia encontró que cerca de 16.000 identificaciones que estaban en el programa no existían realmente.

La financiación en Brasil es del triple que la colombiana, pues el gobierno de Jair Bolsonaro prometió transferir mensualmente 120 dólares a trabajadores informales por lo menos durante tres meses. 

También hay otras medidas como financiar a familias de bajos recursos y pagar salarios de emergencia. Pero una que marca la diferencia respecto a las acciones de otras administraciones latinoamericanas es la que prometió el exministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, antes de ser despedido por Bolsonaro. 

El entonces funcionario se comprometió a financiar desde el Ministerio un hospital de campaña con 200 camas en Manaos, la capital de Amazonas, y dedicarlo solo a los indígenas contagiados con coronavirus. Esta fue la respuesta ante la creciente preocupación que desataron los primeros casos confirmados dentro de las etnias a principios de abril y el colapso del hospital público más grande de la ciudad enfocado a tratar los pacientes por Covid-19. 

Pero desde entonces quedaron sin resolver las preguntas de cuándo comenzaría la construcción, cuánto podría costar y cómo se financiaría; dudas que se profundizan ahora que Mandetta no está en el Ministerio. 

En México, una de las primeras medidas del presidente Andrés Manuel López Obrador fue adelantar los dineros de jubilación para los adultos mayores y desembolsarles el pago de cuatro meses. 

Luego, el 5 de abril, el mandatario presentó su plan de reactivación económica que fue duramente criticado porque, como lo muestra el adelanto de las pensiones, continúa con los mismos programas sociales que venía implementando antes de la pandemia, sin que estos protejan a las nuevas personas que se están quedando sin empleos, como lo dice el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

López defiende a capa y espada la austeridad fiscal y es su argumento para no endeudarse durante la crisis económica en tiempos de pandemia. Viri Ríos, analista política mexicana, escribió una columna en The New York Times en la que critica que la política social del presidente para enfrentar el coronavirus es equivocada y mediocre.

“Equivocada porque los programas no atienden a los nuevos desempleados pobres e informales que surgirán como consecuencia de la Covid-19. Y mediocre porque parece asumir que en crisis anteriores el Estado se ha endeudado sin beneficiar a los pobres y que aumentar la deuda hoy sería igual de inefectivo”, aseguró. 

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