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El abril que marcó un antes y un después en Nicaragua

Un grupo de manifestantes reclaman contra el Gobierno de Daniel Ortega en Masaya, Nicaragua, el 29 de junio de 2018.
Un grupo de manifestantes reclaman contra el Gobierno de Daniel Ortega en Masaya, Nicaragua, el 29 de junio de 2018. AFP

Se cumplen dos años del inicio de las protestas que hicieron estallar el termómetro social en Nicaragua. Un reclamo contra reformas al sistema de seguridad social desembocó en una serie de manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega. El estallido, que el Ejecutivo sandinista cataloga de intento de golpe de estado, dejó cientos de muertos y detenidos y miles de desplazados.

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Se cumplen dos años de aquel 18 abril de 2018 cuando en Nicaragua comenzó a crecer una inquietud social que cambiaría el rumbo de sus habitantes. El malestar provocado por años de controvertidas reformas democráticas -que llevaron a Daniel Ortega a mantenerse en la silla presidencial durante 3 periodos consecutivos y colocar a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidente, así como a varios familiares o allegados en relevantes puestos de gobierno- terminó convirtiéndose en meses de manifestaciones y posterior represión que dejaron muestras inéditas de violencia, con un saldo de más de 300 muertos y miles de heridos.

Ese día sucedieron muchas cosas que interrumpieron un largo periodo sin violencia después de la guerra civil de los años ochenta. Unos ancianos que protestaban por reformas al sistema de seguridad social fueron agredidos por miembros del partido sandinista; más tarde, otro grupo opositor y periodistas que daban cobertura a la pequeña manifestación por la misma reforma también sufrieron una embestida y fueron asaltados por motorizados identificados con el gobierno; pero la inflexión llegó al caer el sol, en una de las avenidas principales de Managua y en hora pico, cuando universitarios plantaron cara a otro grupo de choque sandinista

En un informe posterior, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) detalló que las protestas que iniciaron ese día “no fueron producto de acontecimientos aislados sino de años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana, cerrando espacios, cooptando instituciones públicas y concentrando el poder en la figura presidencial compuesta por Ortega y Murillo”

Y es que en Nicaragua casi nadie se atrevía a protestar porque al terminar el primer grito o colocar una pancarta aparecían policías o grupos afines al gobierno para intimidar o disuadir cualquier voz no alineada con el discurso oficial de “bienestar” y “desarrollo” económico promovido por el gobierno sandinista. Esto, según el GIEI, “fue generando y acumulando un descontento social” que detonó en las protestas de 2018.  

Una de las consecuencias de aquel movimiento de abril fue que en 2018, considerado uno de los más violentos en la historia moderna del país centroamericano, se produjo un éxodo de más de 100 mil personas por razones políticas o económicas, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

“Casi dos años después del comienzo de una seria crisis política y social en Nicaragua, más de 100 mil personas se han visto forzadas a huir y buscar asilo a causa de la persecución y las violaciones a los derechos humanos reportadas”, detalló Acnur en un reporte en enero de 2020 y agregó que la mayoría de los desplazados, unas 77 mil personas, se encuentran en el vecino Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y países de Europa. 

Pero no es la única cifra alarmante que dejó ese abril. En su momento, las cárceles del país se colmaron de manifestantes detenidos y las salas judiciales trabajaron para enjuiciar a opositores, acusados en su mayoría de “terrorismo”, “perjuicios al Estado”, “asesinato” “crimen organizado”, “robo” y “uso de armas restringidas”, entre otros delitos graves. Hasta 700 “presos políticos” se contabilizaron en aquellos tiempos posteriores a las protestas y su liberación fue y ha sido la principal demanda en los periodos de negociación entre oposición y gobierno. En la actualidad, movimientos opositores afirman que 75 personas siguen detenidas por razones políticas.

Irlanda Jerez: “Enfrentamos una crisis social, política, económica, sanitaria y humanitaria”

La comerciante Irlanda Jerez da cuenta de esas detenciones. Tras su participación en las protestas y luego de hacer una convocatoria pública a la desobediencia civil, su vehículo fue interceptado por policías cuando salía de una conferencia de prensa el 18 de junio de 2018. Ese día escuchó a los oficiales confirmar por teléfono a sus superiores que la habían capturado y reconocido por fotografías. Irlanda fue trasladada a celdas del Auxilio Judicial, una prisión ubicada en el centro de la ciudad y conocida localmente como “El Chipote”, sitio donde el antiguo dictador Anastasio Somoza trasladaba a opositores para interrogarlos y torturarlos. 

“Cuando crucé esa puerta, mi vida cambió”, recuerda Irlanda. Ese fue el primero de los 329 días que estuvo en la cárcel. Según su relato, fue interrogada durante horas sobre su participación en las protestas, además de haber sido obligada a desnudarse y recibir agresiones físicas y verbales.

Su primera noche, en la celda 37, conoció a decenas de opositores que estaban detenidos y reconoció a otros líderes sociales. “Llegaban 10, 20, 50  y hasta 100 personas. No alcanzaba para nadie más”, rememora. Después de varios días, fue trasladada a una cárcel de mujeres, donde fue recibida con júbilo por otras presas políticas y comunes que la reconocieron por sus constantes apariciones en televisión, en las que convocaba a derrocar a Daniel Ortega. 

Irlanda nació en el Caribe nicaragüense a inicios de los años ochenta en una familia de comerciantes. En ese entonces, Ortega era un joven guerrillero que asumía la dirección de Nicaragua tras la victoria del movimiento armado sandinista en contra de Anastasio Somoza. Los primeros recuerdos de la infancia de Irlanda son las visitas a su padre, Ronaldo Jerez, a las cárceles de Puerto Cabezas, donde fue apresado varias veces porque el gobierno lo acusaba de ser opositor.

Desde niña, Irlanda aprendió a no doblegarse, cuando los maestros la reprendían por exponer en clase sobre la guerra que vivía la Nicaragua de entonces o la situación de presos políticos como su padre. Aunque ella no participó en partidos políticos, fue activa en procesos ciudadanos como la exigencia de elecciones transparentes y apoyó candidaturas de oposición a Ortega.

“Nacer y crecer en una dictadura te hace ser una persona que ama la vida. Siempre concebí Nicaragua como lo que Dios me había regalado y voy a defenderla”, enfatiza.

La activista opositora al Gobierno de Daniel Ortega, Irlanda Jerez, comparte con otros exiliados nicaragüenses durante una visita a Costa Rica
La activista opositora al Gobierno de Daniel Ortega, Irlanda Jerez, comparte con otros exiliados nicaragüenses durante una visita a Costa Rica © Jorge Hurtado / France 24

Su primer encuentro con la justicia local fue en 2016, cuando abrieron un proceso por falsificación de documentos y fraude contra la empresa de exportaciones familiar que dirigía y retuvieron su mercadería durante todo un año. Según ella, el caso fue fabricado como represalia por apoyar una campaña del no voto en el país. Iniciadas las protestas en 2018, Irlanda articulaba a comerciantes de los principales mercados populares y organizaba nacientes grupos de oposición para buscar una salida a la situación que vivía el país. “Sentí que tenía la oportunidad de reclamar lo que nunca pudimos reclamar”, recuerda. 

En la cárcel, Irlanda continuó su liderazgo y las autoridades no perdían el foco sobre ella por considerarla “terrorista” o “golpista”, como la llamaron con frecuencia. Detalla que durante 6 meses, vio el sol apenas en tres ocasiones y fue golpeada múltiples veces, lo que denunció a eurodiputados durante una visita en enero de 2019. “No es posible que en Nicaragua los terroristas sean más que los del (autodenominado grupo) Estado Islámico en Siria e Irak juntos”, declaró aquella vez de forma irónica Stelios Kouloglou, diputado del Parlamento Europeo. 

El Gobierno de Ortega mantiene la teoría del golpe de estado

Luego de iniciadas las negociaciones con la oposición en mayo de 2018, el Gobierno de Nicaragua denunció que la ruta planteada por la disidencia sobre adelantar los comicios y otras reformas electorales pretendían derrocar al gobierno por un “golpe de estado”.

Denis Moncada Colindres, Canciller de Relaciones Exteriores, declaró en ese momento que “la agenda (de la negociación) al verla en su forma concentrada nos lleva a un solo punto: el diseño de una ruta para un golpe de estado, la ruta para cambiar el gobierno de Nicaragua al margen de la Constitución, al margen del ordenamiento jurídico”. 

Esta versión la sostuvo los meses siguientes en foros internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). El mandatario nicaragüense afirmó que agencias de cooperación americana destinaban fondos al “plan golpista” e, incluso, acusó al clero católico, que intentaba mediar en el conflicto. "Me dolió que mis señores obispos tuvieran esa posición de golpistas, se descalificaron entonces como mediadores", declaró Ortega frente a sus seguidores en junio de 2018. 

A finales de ese año, el Gobierno de Nicaragua confiscó los bienes y destituyó de su personería jurídica a nueve ONGs por presuntamente “financiar” el golpe de estado. Asimismo, confiscó los medios de comunicación Confidencial y Esta Noche, que dirige el periodista crítico Carlos Fernando Chamorro, y el canal 100% Noticias, apresando a sus directivos por más de seis meses, acusados de provocación, proposición y conspiración para cometer “actos terroristas”. 

“El gobierno y sus interlocutores oficiales nos insisten en la tesis de que hubo un golpe de Estado violento, actos terroristas, y, sobre todo, una agresión externa. No creemos en esta hipótesis. Nos parece especulativa y partidista. No está sustentada en ninguna prueba”, declaró entonces el eurodiputado Ramón Jáuregui. 

El presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), Leonardo Torres, sostiene a France 24 que abril de 2018 cambió las cosas “para mal” y que el malestar social “fue canalizado por jóvenes universitarios y no universitarios, pero grupos de interés políticos, se pusieron al frente de esto y eso degeneró en una violencia sin control”.

El directivo rememora que los primeros encuentros entre el gobierno y la oposición -televisados en cadena nacional y mediados por la Conferencia Episcopal de Nicaragua- resultaron “un fracaso”. 

El dirigente gremial recuerda que en 2018 “las redes sociales fueron debidamente planificadas, pretendiendo hacer una revolución ‘rosa’, no la que mi generación conoció en 1979”. “Esta fue una de redes sociales, aunque sí hubo muertos”, detalla. Según él, “había ONGs que trabajaron el liderazgo político con jóvenes que fueron capacitados en estos temas”, es decir, en la organización de revueltas. 

Para Torres, dos años después de iniciadas las protestas, “tenemos un país polarizado y vamos por el tercer año de recesión continua”. “No hay economía que pueda resistir 3 años de recesión económica”, apunta.

El Banco Mundial reveló recientemente que prevé una caída del 4,3% del PIB de Nicaragua para 2020 a raíz de la pandemia de Covid-19, que profundizaría la crisis económica generada arrastrada desde 2018. Actualmente, Conimipyme prepara una propuesta emergente de alivio y recuperación económica para pequeñas empresas.

Lograr la unidad, el desafío de la oposición en Nicaragua

Dolly Mora, una joven feminista que estuvo en las protestas del 18 de abril, afirma que desde entonces su vida cambió. Al convertirse en una líder juvenil de oposición ha sido perseguida, asediada e incluso expulsada de la universidad pública con otros 144 estudiantes disidentes al gobierno. 

Según ella, dos años después de ese abril, la situación de los nicaragüenses se desarrolla bajo “un contexto complejo, no solo por la crisis de salud mundial, sino porque aquí en Nicaragua hemos tenido una embestida de parte del régimen”. “Hay un estado policiaco constante que ha venido en escalada. La protesta ha ido mermando pero no ha dejado de estar”, advierte.

La universitaria admite que la unidad opositora “está costando un poco porque es tan diversa (la oposición) que a veces pareciera que cada uno quiere que su agenda sea primero”. “Nosotros seguimos insistiendo que hay una agenda primaria, universal: libertad, justicia y democracia”, afirma.

Para Irlanda Jerez, quien intenta articular la oposición en el exterior, el gran reto disidente local es superar las “ambiciones personales”. “Algunos, aunque sean oposición a la dictadura, no concuerdan con nuestros objetivos. Allí es donde estamos distanciados”, asevera.

Entre los principales grupos de oposición se encuentra la Unidad Nacional Azul y Blanco, que aglutina a más de 50 organizaciones sociales, movimientos y colectivos. Por su parte, la Alianza Cívica, reconocida por el gobierno en los últimos diálogos, está vinculada a grupos económicos, sociales y centros de pensamiento. Estas dos grandes agrupaciones han convocado a una Coalición Nacional que busca hacer frente a Ortega en las próximas elecciones, donde también incluyeron a partidos políticos de oposición que cuentan con poco respaldo popular.

Dora María Téllez: "La población nicaragüense vive bajo asedio"

Al ser consultado sobre la oposición, el directivo Leonardo Torres asegura que en el país “hay una oposición, pero está lejos de ponerse al frente y de gozar con el apoyo de la población”, y descarta que exista adelanto de elecciones, aunque coincide en que “hay que llamar a reformas electorales” este año. 

“Sé que la gente se siente frustrada, desgastada, decepcionada de muchas personas, inclusive puede haber decepción de mi parte. Sin embargo, esto es un maratón cívico y tenemos que administrar correctamente nuestra fuerza y nuestra resistencia para poder llegar a la meta”, admite Irlanda.

Por su parte, Dolly Mora manifiesta que “la oposición tiene un gran reto al frente y es organizar esta coalición que sea lo más incluyente posible, lo más diversa posible, pero que además sea una alternativa real al poder”. 

El segundo aniversario del inicio de las protestas está marcado por la llegada de la pandemia del Covid-19 al país, el único en la región que no ha cerrado sus fronteras ni restringido la movilidad de sus habitantes. Por el contrario, el gobierno insiste en continuar con las actividades regulares.

Grupos opositores, estudiantes y familiares de las víctimas han invitado a conversatorios y conciertos digitales para conmemorar lo que denominan el inicio de la “lucha cívica”. Los sucesos han marcado tanto a los nicaragüenses que en este país, no hay conversación que no incluya un antes y un después de abril de 2018. 

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