Tras dos años de protestas la justicia no responde a víctimas en Nicaragua

Madres y familiares de manifestantes antigubernamentales encarcelados muestran carteles con imágenes de sus hijos y familiares encarcelados, en la Iglesia de San Miguel Arcángel en Masaya, Nicaragua, el jueves 14 de noviembre de 2019.
Madres y familiares de manifestantes antigubernamentales encarcelados muestran carteles con imágenes de sus hijos y familiares encarcelados, en la Iglesia de San Miguel Arcángel en Masaya, Nicaragua, el jueves 14 de noviembre de 2019. © Alfredo Zúñiga / AP

Las protestas en Nicaragua contra el gobierno de Daniel Ortega cumplen dos años. La represión del Ejecutivo contra los manifestantes y la oposición ha caracterizado este tiempo, en el que las familias de las víctimas del Estado no han recibido ni una sola respuesta. El Gobierno, por su parte, denunció que estas protestas querían efectuar un golpe de Estado y niegan el número de víctimas que registran las organizaciones internacionales. 

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Luego de iniciadas las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y su posterior represión que dejó un saldo de 327 muertes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, las víctimas se aferran a los recuerdos y continúan exigiendo justicia.

“El estado de Nicaragua no tiene ni la más mínima voluntad de dar respuesta a nuestras denuncias. El estado de Nicaragua ni siquiera reconoce que ellos han asesinado a jóvenes por simplemente salir a las calles con una bandera a protestar por sus derechos”, afirma Tamara Morazán, hermana de Jonathan Morazán, un estudiante de 21 años que murió de un disparo en la cabeza cuando participaba de la marcha del 30 de mayo.

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Para la abogada Yonarqui Martínez, en Nicaragua el sistema de justicia obedece a “lineamientos políticos” y no a las leyes del país. Según ella “después de dos años los procesos continúan siendo procesos amañados, procesos inventados, existe mucha culpabilidad para inocentes y continúa la tortura siendo un mecanismo de entrevista de la policía nacional, continúan fallando los jueces conforme a lineamientos políticos”.

El gobierno denunció que las protestas eran un intento de golpe de estado de la oposición del país y que pretendían desestabilizar el país.

 

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