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En Colombia, la búsqueda de desaparecidos del conflicto está en riesgo por la pandemia

Publicación de la imagen por parte de la oficina de prensa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de expertos que excavan en un cementerio en Las Mercedes, al sur de Colombia el 14 de diciembre de 2019
Publicación de la imagen por parte de la oficina de prensa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de expertos que excavan en un cementerio en Las Mercedes, al sur de Colombia el 14 de diciembre de 2019 © JEP-AFP

En los cementerios de Colombia hay miles de cuerpos sin identificar que podrían ser víctimas del conflicto armado, seres queridos de personas que llevan décadas en su búsqueda. La pandemia del Covid-19 puede afectar a este proceso.

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Colombia todavía sufre las primeras fases de la pandemia, tiene poco más de cuatro mil personas contagiadas y 196 muertos confirmados, pero las autoridades prevén un escenario difícil de víctimas fatales en las próximas semanas. Una situación que pone en riesgo uno de los objetivos del proceso de reconciliación y búsqueda de la verdad tras los acuerdos de la Habana en 2016: la búsqueda de desaparecidos.

Ante esa eventualidad, tanto líderes de víctimas como la entidad del Estado, creada en esos acuerdos de paz para encontrar a los más de 80.000 desaparecidos que dejó el conflicto armado, manifiesta su preocupación por los riesgos que plantea el proceso de preservación de cuerpos sin identificar en medio de un eventual crecimiento de las víctimas fatales por la pandemia.

Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, pidió a las autoridades locales garantizar el cuidado de esos cuerpos y de los lugares donde están, “existen por lo menos 26.000 cuerpos en 426 cementerios del país, y no son todos. Los cementerios tienen condiciones poco adecuadas de conservación y son escasas de documentación. Este es un problema y la pandemia lo que hace es mostrar los riesgos adicionales”.

Según cifras del Ministerio del Interior, en Colombia hay 26.395 cuerpos no identificados, en 426 cementerios de todo el país. Estos restos, huellas indelebles de lo que fue una guerra de más de 50 años entre la guerrilla marxista de las FARC y el Estado Colombiano, están esparcidos en osarios, bóvedas de los camposantos y muchas veces mezclados unos con otros.

Cada resto óseo es un fragmento de memoria y de la verdad que buscan todavía miles de familias que son víctimas de una guerra que dejó más de 220.000 muertos. De hecho, el MOVICE y 27 organizaciones civiles víctimas de desaparición forzada, emitieron un comunicado público en rechazo a la decisión de la Procuraduría, el ministerio público en Colombia, que ordenaba inhumar los cadáveres sin identificación para abrir espacio en caso que se necesitara por el número de víctimas del Covid-19

Para el MOVICE este acto busca sepultar de un plumazo la posibilidad de identificar esos cuerpos y encontrar así un pedazo de verdad que lleve a descubrir que pasó con sus seres queridos.

“Es a todas luces irracional, innecesaria, desproporcionada y vulneratoria del derecho inalienable de miles de familias de personas desaparecidas y de víctimas de desaparición forzada a la identificación, entrega de sus seres queridos, y el derecho a conocer la verdad sobre lo sucedido con las personas que han padecido la desaparición forzada”, concluye la organización.

Monzón, que ve el trabajo de su unidad comprometido, también alertó sobre esa decisión, “ahora lo que dice la Procuraduría es que todos los cuerpos que se encuentren en morgues deberán ser inhumados, entonces uno se alarma después de todo el esfuerzo que hemos hecho para intentar encontrar a los desaparecidos. Y ahora, por la pandemia, corre el riesgo de volver a generarse confusiones, mezclas o disposición poco adecuada de los cuerpos; es un riesgo para alcanzar la verdad y la memoria sobre dónde están los desaparecidos”.

Marcha del 8 de marzo, Bogotá Colombia
Marcha del 8 de marzo, Bogotá Colombia © AFP

“Ellos mueren el día que nosotros los dejemos de buscar”

Lucía Osorno es una de las caras conocidas en la búsqueda de los desaparecidos en Colombia, es vocera del MOVICE y lleva más de 30 años buscando a Pedro Nel, su hermano desaparecido el 13 de mayo de 1989.

Su hermano era un líder sindical vinculado a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en el suroeste de Antioquia. Desde los 16 años se vinculó a un comité gremial que buscaba mejoras en las precarias condiciones de trabajo en el campo colombiano.

Su trabajo, como el de cualquier sindicalista en Colombia, lo llevó a convertirse en objetivo militar de fuerzas que veían a los movimientos sindicales como aliados o cómplices de las guerrillas marxistas. Empezó a recibir amenazas, incluso desde el mismo ejército de Colombia, acusado por organizaciones de derechos humanos de actuar en connivencia con grupos paramilitares.

El 13 de mayo de 1989, Pedro iba con su compañera hacia una vereda del municipio de Bolívar, Antioquia. Fue detenido por el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Colombiana y nunca más se supo de él. Su compañera apareció muerta y violada al otro día sobre la vía.

Lucía, desde entonces, alternó su trabajo como secretaria en una empresa. con el de activista en búsqueda de su hermano. “La voz de ellos somos nosotros, los familiares. Ellos mueren el día que nosotros los dejemos de buscar, el día que dejemos de pelear por los sueños de ellos, el día que uno diga ‘me rindo’, ese día ellos mueren”, dijo en un foro sobre desaparecidos en el 2019.

Ahora ve con preocupación que el Estado aproveche la situación de la pandemia para borrar las pistas que permitan encontrar el destino de Pedro Nel. “Si en los días normales el Estado no se hace cargo de los cadáveres, imagínese en este momento tan difícil en el que estamos”.

Osorno concluye: “es muy urgente para nosotros que aceleren la búsqueda, llevamos décadas sin respuesta. Y lo que se está demostrando es que el Estado quiere aprovechar la pandemia.”

Las cifras del Centro de Memoria Histórica dicen que entre 1970 y 2015 hubo en Colombia 60.630 desaparecidos, un delito que no cesa. Medicina Legal registró 17 desaparecidos diarios en 2018, los grupos paramilitares y los agentes del Estado serían los responsables del 54% de las desapariciones que han ocurrido en ese país.

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