La receta "antineoliberal" de López Obrador frente a la crisis económica por el Covid-19

El 17 de marzo de 2019, Andrés Manuel López Obrador declaró “formalmente el fin de la política neoliberal”. Aseguró que a partir de entonces quedaba abolido ese modelo y su “política económica de pillaje, antipopular y entreguista”. De ahí que el plan de acción anunciado un año después, el 22 de abril, en plena crisis económica ligada a la pandemia de Covid-19, “se aleja de lo que se ha hecho siempre cuando se presentan crisis económicas, lo que se hacía durante el periodo neoliberal”.

La estrategia del presidente mexicano, que presentó esa mañana de miércoles a manera de decreto, no generó sorpresas, ni en propios ni en extraños. En resumen, se trata de la misma receta: “Austeridad republicana”. ¿Qué implica? Recortar 25 por ciento los salarios de los “altos funcionarios” (de subdirector para arriba), quitarles su aguinaldo (a pesar de ir contra la ley), eliminar 10 subsecretarías del gobierno, y no ejercer 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y suministros, entre otras disposiciones, para lograr ahorros.

Además, aseguró AMLO, no se despedirá a nadie, pero tampoco se contratará personal.

El plan consiste también en entregar tres millones de créditos “dirigidos a la población más necesitada y a la clase media”, de poco más de 1.000 dólares (25.000 pesos mexicanos), y en crear dos millones de nuevos empleos, aunque no dijo cómo ni en qué sectores, en un entorno en el que, por el contrario, se han perdido miles de empleos. 

El mandatario aseguró que lo anterior permitirá proteger al 70 por ciento de las familias mexicanas, equivalente a 25 millones de hogares, sobre todo a los pobres y a los integrantes de las clases medias.

Una parte importante es que en el decreto anunciado, y contrario a lo que varias voces sugerían, no solo no se cancelan, sino que se mantienen sus proyectos de obras de infraestructura prioritarios: la refinería de Dos Bocas, el nuevo aeropuerto en Santa Lucía y el Tren Maya.

Representantes del sector empresarial, legisladores de oposición, analistas económicos y todos aquellos que exhortaban al titular del Ejecutivo a otorgar apoyos a las pequeñas y medianas empresas, que solicitaban exenciones o al menos prórrogas fiscales o que sugerían recurrir a las líneas de crédito de organismos financieros internacionales y ampliar el gasto público, simplemente se quedaron con las ganas. Ninguna de esas medidas fue adoptada por López Obrador.

Por el contrario, días antes la Secretaría de Hacienda anunció que inyectaría 2.700 millones de dólares adicionales a Petróleos Mexicanos a través de un estímulo fiscal, a fin de liberar recursos a Pemex y que pueda realizar inversiones en exploración y extracción de hidrocarburos. Esto en un contexto en el que los precios del crudo han caído estrepitosamente, llegando incluso a situarse el barril de la mezcla WTI en números negativos. 

El plan “no dimensiona el tamaño de la crisis”

La hora de ruta dada a conocer por López Obrador “no va a ser suficiente, pues no dimensiona la fuerza con cual la crisis está afectando a la gente, esta es una crisis de magnitudes históricas, no se parece a lo que vimos en 2008 ni en el 94 ni en el 82, porque no es una crisis financiera sino de demanda, es decir la gente no está teniendo ventas y no está haciendo compras. Entonces eso requiere medidas más necesarias y más urgentes”, considera Viridiana Ríos, investigadora del Wilson Center en Washington, D.C. y doctora en gobierno por la Universidad de Harvard, donde es docente.

El pasado 3 de abril, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señaló que “México tiene acceso a líneas de crédito flexibles del Fondo Monetario Internacional y es uno de los países que tiene espacio para poder ampliar su caja de herramientas y realmente creo que es importante hacerlo”.

Sin embargo, para Viridiana Ríos, especialista en economía regional, la razón por la cual López Obrador no quiere aumentar el gasto es porque no quiere incurrir deuda, percibe la deuda como algo negativo, como algo que termina siendo pagado por la mayoría de los mexicanos por muchas generaciones y que termina ayudando solamente a unos pocos, lo cual –reconoce– ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Sin embargo, acota la experta, hay otras formas de usar la deuda: López Obrador podría crear una plataforma sin precedentes en términos del uso de la deuda para apoyar a los más pobres, con transferencias en efectivo a los trabajadores informales y personas por debajo de la línea de pobreza, pues sus programas asistenciales no son suficientes, ya que cubren a 22 millones de beneficiarios, en un país con 52 millones de pobres.

Otra vertiente del uso de esa deuda serían apoyos a la microempresa, “pero que no sean créditos, que sea dinero líquido, bajo la condición de no reduzcan sus plazas laborales, es decir que lo usen para pagar sus nóminas, ahorita no tienen flujo de efectivo”.

José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que si López Obrador no recurre a la línea de crédito del FMI, es porque hay ciertos “peligros”.

Los países que han solicitado empréstitos para paliar la crisis económica derivada del Covid-19, por ejemplo Colombia –señala– , lo hacen a través del artículo 4 de la carta del Fondo, que establece que el país contrayente se compromete durante un lustro a modificar sus políticas, acorde con una liberalización de la economía, y esto no lo quiere López Obrador, porque para el caso de México eso implicaría una apertura hacia servicios encaminados al 5G, que es la apuesta del FMI para los siguientes cinco años.

El Banco de México interviene

El martes 21 de abril, el Banco de México (Banxico) anunció un conjunto de medidas para apoyar al sistema financiero que implican un monto por hasta 750.000 millones de pesos, esto es más de 30.000 millones de dólares.

El organismo autónomo precisó en un comunicado que con ello se busca promover un comportamiento ordenado de los mercados financieros, fortalecer los canales de otorgamiento de crédito y proveer liquidez para el sano desarrollo del sistema financiero, esto ante la pandemia del Covid-19.

Entre las acciones emprendidas, el Banxico destaca la de proveer recursos a instituciones bancarias para canalizar créditos a micro, pequeñas y medianas empresas y a personas físicas afectadas por la pandemia.

Asimismo, dar facilidad de financiamiento a instituciones de banca múltiple garantizada con créditos a corporativos, para el financiamiento de las empresas.

José Ignacio Martínez Cortés, analista económico de la UNAM, señala que si bien fueron muy celebradas las acciones de Banxico, hay un "pero". Y es que dentro del monto anunciado, 250.000 millones de pesos (10.200 millones de dólares) van destinados a facilitar créditos para empresas y personas físicas, a través de la banca comercial, y es ahí donde está el "pero": "Lo pongo en dos vertientes: la persona que perdió su empleo en esta crisis, automáticamente ya no tiene respaldo para pagar ese crédito, pues se ciñe a las políticas y requisitos del banco comercial. Banco de México no precisa que esos 10.200 millones de dólares deben otorgarse en créditos ‘a la tasa de referencia del banco central’, de modo que el banco comercial puede aplicar su propia tasa”.  

Las medianas empresas, desprotegidas

Martínez Cortés advierte que el sector empresarial de los medianos negocios queda totalmente a la deriva. El país –refiere– tiene 6.309.200 establecimientos, desde la tortillería de la esquina hasta la planta de Ford. De estos, 4,1 millones están entre micro y pequeña empresa y 1.500.300 son medianas. 

Pero a diferencia de los grandes corporativos y consorcios –explica el especialista de la UNAM–, que tienen una figura que se llama Tesorería y que entra a inyectar recursos a una de las empresas del grupo que lo necesite, la pequeña y mediana empresa se va a la quiebra si no tiene liquidez. 

Entonces están desprotegidas porque los créditos que otorga el Gobierno no son para ellos y tampoco cumplen ahora los requisitos para acceder a un crédito de la banca comercial. De tal suerte que para mayo estas empresas ya no tendrán liquidez, ni para pagar sus nóminas.

La especialista del Wilson Center, Viridiana Ríos, apunta que los 30.000 millones de dólares que inyectó Banxico coincide en que se trata de un mecanismo macro, que va destinado a los bancos para que ellos puedan ampliar la disponibilidad de créditos o no quedar sin fondos en caso de que las personas no puedan continuar pagando sus créditos.

Pero no apoya a la gente más vulnerable, a los que están en el comercio informal; en México el 30 por ciento de las personas no están bancarizadas, entonces ese apoyo no llega a ellos más que de forma muy indirecta.

Hacienda pone bonos de deuda

Si bien el Gobierno de López Obrador se ha negado a recurrir a la línea de crédito con el FMI, donde sí decidió entrar es a la deuda en el mercado. A la par de las medidas de gobierno –y pese a la baja de la calificación soberana que Moody’s S&P y Fitch Ratings aplicaron a México recientemente–, la Secretaría de Hacienda colocó bonos por 6.000 millones de dólares en una oferta de deuda en tres partes, es decir, con vencimiento a 5, 12 y 31 años.

"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público concluyó una operación de financiamiento en el mercado de dólares, la cual no representa endeudamiento adicional a los límites de endeudamiento neto establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 aprobados por el Congreso", indicó Hacienda en un comunicado el 22 de abril.

“Esta es la colocación de bonos con mayor demanda en la historia del Gobierno federal, sobre todo en los instrumentos de mayor plazo como lo fueron el de 12 y 31 años”, señaló la dependencia.

Arturo Herrera, el secretario de Hacienda con quien López Obrador ha mostrado su desacuerdo en varias ocasiones, informó vía Twitter que la demanda fue de casi 28.000 millones de dólares (4,7 veces mayor al monto ofertado).

Y mientras los planes de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) surten efecto, es cada vez más común ver reclamos a las afueras de Palacio Nacional, de gente que ha perdido sus empleos o que está a punto de la quiebra, como restauranteros, meseros, operadores turísticos, trabajadores de la construcción o taxistas.