Covid-19: ¿se sacrificará la ecología en nombre de la reactivación económica?

Archivo: Jóvenes manifestantes, el 24 de mayo de 2019, en Estrasburgo, le piden a la clase política que actúe contra el calentamiento global.
Archivo: Jóvenes manifestantes, el 24 de mayo de 2019, en Estrasburgo, le piden a la clase política que actúe contra el calentamiento global. © Frédérick Florin / AFP

Se libra la batalla por la influencia entre los empresarios que quieren flexibilizar las limitaciones ambientales para favorecer la reactivación económica y los que militan por un plan de reactivación enfocado en la transición ecológica.

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Mientras esperan una toma de posición clara por parte del Gobierno o de Emmanuel Macron sobre el peso que tendrá la transición ecológica en el plan de reactivación económica, los actores económicos y los defensores del medio ambiente tratar de inclinar la balanza a su favor. 

El Movimiento de Empresas de Francia (Medef) y la Asociación Francesa de Empresas Privadas (Afep) recientemente abogaron por una pausa en algunas de las normas ambientales futuras a causa de la crisis del coronavirus, reveló el miércoles 22 de abril el periódico 'Canard Enchaîné'. 

El mensaje firmado por el sindicato patronal, el 3 de abril, dirigido a la ministra de la Transición Ecológica Élisabeth Borne, y publicado en su totalidad el jueves 23 de abril por el periódico 'Journal du Dimanche', solicita, entre otras cosas, una “moratoria” sobre los decretos de aplicación de la ley del 10 de febrero contra el desperdicio y a favor de la economía circular. 

Esta ley prevé en particular la inclusión de nuevos sectores en el principio contaminante-pagador, la prohibición para las grandes superficies o para las plataformas en línea de destruir los productos no alimentarios que no se hayan vendido para 2022 o la supresión de los envases plásticos en las comidas rápidas, para 2023. 

En una nota, la Afep también se enfoca en la reglamentación europea y exige, por ejemplo, que “se aplace un año” la revisión de la directiva sobre las emisiones industriales de CO2. 

“No se está pensando en moratoria”

Contactado por France 24, el ministerio de la Transición Ecológica confirmó haber recibido estas peticiones, y declara estar “atento a las preocupaciones de todos los actores en esta difícil época”. “Se están considerando ajustes en el calendario según cada caso para tener en cuenta el periodo de confinamiento que imposibilitó la realización de algunos trabajos de consultoría o de preparación previos a la implementación de algunas medidas”, respondió el gabinete de Élisabeth Borne. 

Sin embargo, “no se está pensando en moratoria, no se están poniendo en duda los objetivos y las medidas ecológicas del Gobierno, bien sea que estén previstas para la ley de energía y clima, para la ley de orientación de las movilidades o incluso para la ley de economía circular”, asegura el ministerio. 

Élisabeth Borne hace parte de los diecisiete ministros del Medio Ambiente europeos signatarios de un llamado para que los planes de reactivación en la Unión Europea tengan en cuenta los problemas relacionados con el medio ambiente y el clima. “Debemos resistir a la tentación de recurrir a soluciones a corto plazo para responder a la crisis actual pues tienen el riesgo de encerrar a la UE en una economía basada en las energías fósiles durante décadas”, afirma el texto publicado en la página web climatechangenews.com.

Pero más allá de las grandes declaraciones de base, los primeros indicios concretos enviados por el Gobierno no parecen ser muy favorables a un “mundo después” muy diferente del “mundo antes” de la crisis sanitaria. 

En el marco del proyecto de ley de finanzas rectificativo, los diputados votaron el 18 de abril por una ayuda de 20.000 millones de euros para recapitalizar una cierta cantidad de empresas consideradas estratégicas, entre las cuales se encuentran los gigantes industriales franceses de los sectores de la aeronáutica y del automóvil como Airbus, Air France o Renault.

“Un fracaso de la política y de la palabra de Emmanuel Macron”

Para Greenpeace Francia, Amigos de la Tierra y Oxfam Francia, esta ayuda “se asemeja a un cheque en blanco para los grandes contaminadores de los sectores aéreo, automovilístico y petrolero”.

Estas tres ONG lamentan que la ayuda financiera ofrecida por el Estado no haya sido sometida a un plan de transformación compatible con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, que los obligan en particular a “reducir drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero”. 

“Es un fracaso de la política, de la democracia y de la palabra de Emmanuel Macron, quien pretende ‘transformar el capitalismo’ y afirma que el día siguiente no será igual al día anterior”, se lamenta Clément Sénéchal, de Greenpeace Francia, en un comunicado. 

El Gobierno se defiende, resaltando que se adoptó una reforma propuesta por Bérangère Abba, diputada del partido La República En Marcha (LREM,) cuyo objetivo es “una política ambiental ambiciosa”, según las palabras del ministro de la Economía Bruno Le Maire. Este último le pide a las empresas ayudadas por el Estado “que integren objetivos de responsabilidad social, para la sociedad y el medio ambiente en su estrategia, en particular relacionados con la lucha contra el cambio climático y con el respeto del Acuerdo de París”. 

“El problema de esta reforma es que no está aportando nada que ya no exista. No hay ningún compromiso adicional, ninguna limitación suplementaria y no se pide nada a cambio”, afirma el diputado Matthieu Orphelin, contactado por France 24. 

El Alto Consejo por el Clima pide “una reactivación verde, no gris”

Matthieu Orphelin, antiguo miembro de la mayoría presidencial y exportavoz de la Fundación Nicolas Hulot propuso, por su parte, una reforma con limitaciones. Aunque rechazada, pedía que “todo apoyo de fondos para las grandes empresas esté condicionado a la implementación, en los doce meses siguientes a su obtención, de una estrategia interna de reducción de su huella ecológica”. 

“A diferencia de la reforma adoptada, nosotros le pedíamos resultados concretos a las empresas a mediano plazo, con un plan de acción y compromisos claros”, explica Matthieu Orphelin. “Y en caso no aplicar ese plan, las empresas se verían obligadas a devolver la ayuda financiera. Es muy diferente de lo que se adoptó. Es imposible no darse cuenta de la gran diferencia que hay entre las declaraciones hechas por Bruno Le Maire y la realidad del texto”.

Una opinión al parecer compartida por el Alto Consejo por el Clima (HCC por sus siglas en francés) que publicó el martes 21 de abril, un informe sobre la crisis del Covid-19 con 18 recomendaciones para que la “reactivación sea verde, no gris”. 

El HCC, instancia independiente creada en 2018 por Emmanuel Macron para evaluar las políticas públicas de la lucha contra el calentamiento global, supervisa al Ejecutivo para que no se cometa el mismo error que en 2008, cuando el plan de reactivación favoreció las actividades contaminantes. En particular, recomienda, retomando casi textualmente la reforma de Matthieu Orphelin, que las ayudas presupuestarias y los estímulos fiscales para las colectividades y las empresas estén “claramente sujetos a la adopción explícita de planes de inversión y de perspectivas compatibles con la estrategia de desarrollo bajo en carbono”. 

Actualmente, el proyecto de ley de finanzas rectificativo está siendo revisado en el Senado. Una reforma que retoma los mismos términos propuestos por el HCC y por la reforma propuesta por Matthieu Orphelin, que fue rechazada en la noche del miércoles 22 al jueves 23 de abril. 

 

Este artículo fue adaptado de su original en francés

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