Inician monitoreo a residencias de ancianos en Uruguay tras brote de coronavirus

Una comisión público-privada de prestadores de salud inició este lunes un monitoreo permanente de las residencias de ancianos en Uruguay, luego de detectarse la semana pasada un brote de coronavirus en tres geriátricos, con 31 contagios y dos muertes.

El proceso incluirá un hisopado "general y progresivo" de los empleados y usuarios de todos los residenciales de ancianos del país sudamericano, que cuenta hasta este lunes con 606 casos y 15 fallecimientos por COVID-19, informó el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

De acuerdo a un informe citado por Delgado en una conferencia de prensa la noche del domingo, de los 1.208 residenciales de ancianos registrados en Uruguay, apenas 41 están habilitados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y 10 están en proceso de renovar su autorización. Unos 15.000 adultos mayores residen en estos hogares.

"Sabemos que además hay una cantidad importante que están en la informalidad", dijo el secretario de Presidencia.

Señaló asimismo que 208 residenciales se encuentran en "situación crítica" y otros 110 están "por debajo del respeto a los derechos humanos".

"Muchos residenciales de ancianos están en muy buenas condiciones, otros en muy malas. En algunos hay un director técnico cumpliendo las normas, en otros no. En unos hay personal suficiente, en otros no. En unos hay personal capacitado, en otros no. En algunos hay viejitos en condiciones muy buenas de alimentación, de salud, de higiene, y en otros muy críticos", graficó.

Ante este panorama, y "más allá del coronavirus", el gobierno profundizará el monitoreo de estos hogares con "una intervención permanente y directa", indicó Delgado.

El secretario explicó que la primera tarea de la flamante comisión será el hisopado y testeo generalizado a todos los residentes y funcionarios de las tres casas de ancianos en las que hay casos confirmados. Luego se seguirá con el resto de las residencias.

Delgado aseguró que en algunos casos se incumplieron los protocolos implementados por el MSP, que desde la declaración de emergencia sanitaria por coronavirus prohíben las visitas en estos hogares.

Por tal razón, indicó que se analiza la responsabilidad penal de los dueños de las residencias donde aparecieron casos.

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