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La pelea política en Bolivia se reactiva por el nuevo plazo para llamar a elecciones

La Cámara de Diputados de Bolivia debate en La Paz el proyecto de ley para la convocatoria a elecciones dentro del plazo de 90 días, pese al brote de Covid-19, el 29 de abril de 2020.
La Cámara de Diputados de Bolivia debate en La Paz el proyecto de ley para la convocatoria a elecciones dentro del plazo de 90 días, pese al brote de Covid-19, el 29 de abril de 2020. © David Mercado / Reuters

El Gobierno interino de Jeanine Áñez buscará detener una ley aprobada por la mayoría opositora en el Parlamento que dispone la celebración interina de elecciones generales en un máximo de 90 días. El Ejecutivo acusa al Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales de ignorar los riesgos que supondría la realización de los comicios en medio de la pandemia del Covid-19.

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La aprobación en el Parlamento de una ley que establece un máximo de 90 días para celebrar las elecciones en Bolivia ha reactivado la pelea política entre el gobierno de la presidenta transitoria Jeanine Áñez, que ha rechazado la norma, y el Movimiento al Socialismo (MAS), del expresidente Evo Morales, que ha expresado su satisfacción por la decisión.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) debería llevar a cabo los comicios a más tardar el domingo 2 de agosto, aunque el Gobierno ha anunciado que presentará la próxima semana una demanda contra esa decisión congresal ante el Tribunal Constitucional.

En principio, las elecciones habían sido planificadas para el 3 de mayo, pero en marzo el cronograma fue suspendido debido a la crisis sanitaria causada por el cononavirus, que hasta ahora ha provocado en Bolivia 62 muertos y alrededor de 1.160 infectados.

El MAS recurrió a su mayoría en la Asamblea Legislativa para aprobar la normativa que fue promulgada por la presidenta del Senado, la masista Eva Copa. Esa decisión se produjo la noche del jueves, momentos después de que comenzaran protestas en varios lugares considerados bastiones del exmandatario.

Áñez se negó a firmar la norma alegando que fijar ese plazo constituía un “atentado gravísimo contra la salud” de los bolivianos debido a los riesgos de expansión del coronavirus durante el invierno que se espera desde junio.

“En Bolivia, el voto es obligatorio y obligar a que casi 6 millones de personas se movilicen por la calle en un solo día en plena pandemia, traerá miles y miles de contagiados y eso puede generar cientos de víctimas fatales”, advirtió la mandataria.

El Gobierno acusa al MAS de "ambición de poder" y Evo Morales contesta que el Ejecutivo interino defiende "su afán prorroguista"

El Gobierno interino acusó a Morales y al candidato presidencial del MAS, Luis Arce, de haber promovido la aprobación de la ley en el Congreso por “una ambición personal de poder”.

Al contrario, el exmandatario, que radica en Argentina, felicitó desde su cuenta en Twitter la unidad de los legisladores de su partido, después de que se conocieran disputas internas acerca de los plazos.

Ante las críticas del Gobierno, Morales replicó que “el régimen de facto demuestra nuevamente su afán prorroguista” porque, según dijo, la fecha está en los términos estudiados por el Tribunal Supremo Electoral y “el pueblo quiere que se recupere la democracia”.

Según el exmandatario, al Gobierno de Áñez “no le interesa la salud, le interesa asaltar al Estado”.

La promulgación de la norma en la Asamblea Legislativa fue precedida por algunas protestas con petardos de ciudadanos que están en cuarentena, quienes rechazan a la presidenta Áñez, según las convocatorias hechas en las redes sociales.

En paralelo, hubo manifestaciones en algunas zonas de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, y en los pueblos de Yapacaní y San Julián, en la región de Santa Cruz (este). Son localidades tradicionalmente seguidoras del exmandatario Morales.

Por eso, las autoridades acusaron al MAS de haber promovido las movilizaciones y haber provocado destrozos con piedras en un autobús que transportaba médicos en El Alto y en un puesto policial en Yapacaní.

La Policía realizó operaciones para impedir los bloqueos de ruta organizados en esos lugares.

El opositor Carlos Mesa cuestiona al MAS y a Áñez y reclama un "diálogo nacional"

El TSE había planteado que el plazo máximo para los comicios sea en septiembre, una propuesta defendida por el Gobierno debido a la posibilidad de que los contagios de coronavirus se disparen en el país entre junio y julio por las bajas temperaturas que se esperan con el invierno.

Según las encuestas conocidas hasta ahora, los candidatos con mayor preferencia son Arce, Áñez y el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), quien había disputado a Morales los comicios del 20 de octubre, los cuales finalmente fueron anulados por las denuncias de fraude.

Mesa criticó tanto al MAS como a Áñez y dijo que el país no puede entrar a una batalla política y que hoy más que nunca es imperativo “un diálogo nacional, un diálogo que construya unidad”.

Acusó al MAS de tener una actitud irresponsable y de generar caos con sus protestas y a Áñez de actuar como candidata, en lugar de que el Gobierno se convierta en un moderador de conflicto.

Morales renunció a la presidencia el 10 de noviembre pasado presionado por las Fuerzas Armadas tras una seguidilla de protestas urbanas que denunciaban el presunto fraude en los comicios. Los cuestionamientos fueron respaldados por un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), que afirmó que hubo manipulación en el proceso electoral.

Morales dejó la presidencia y en principio partió hacia México para tener asilo político después de que las Fuerzas Armadas y la Policía le retiraran su apoyo.

Áñez asumió la Presidencia el 12 de noviembre con el mandato de llamar a comicios, pero después, y en contra de lo que había prometido, se convirtió en candidata para terciar en la justa electoral.

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