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Relevan a oficiales del Ejército de Colombia por espiar a periodistas y políticos

Soldados colombianos durante una presentación en Medellín, Colombia. 11 de febrero de 2020.
Soldados colombianos durante una presentación en Medellín, Colombia. 11 de febrero de 2020. © Joaquín Sarmiento / AFP

La revista colombiana Semana publicó una serie de pruebas en las que revela los detalles sobre cómo miembros del Ejército se valieron de la información personal de por lo menos 130 personas, entre ellos periodistas, políticos, sindicalistas e incluso exfuncionarios del Gobierno. Una docena de oficiales fueron desplazados de sus cargos.

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Una docena de oficiales del Ejército de Colombia fueron desplazados de sus funciones en medio de un escándalo por el espionaje a 130 personas, hechos conocidos en enero y revitalizados por las nuevas informaciones publicadas por un semanario de ese país.

"Hoy se apartarán del cargo y se retirarán del servicio activo once oficiales; asimismo, un brigadier general solicitó su retiro voluntario del servicio activo", aseguró el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en una rueda de prensa el viernes en Bogotá.

El funcionario evitó relevar nombres y cargos de los uniformados y subrayó que dejan sus puestos como resultado de unas investigaciones internas por el "empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar".

Esas pesquisas iniciaron en enero, luego de que la revista Semana publicara indicios y testimonios sobre las tareas de interceptación de teléfonos y correos electrónicos realizadas por agentes del Ejército, sin orden judicial y con aparentes fines políticos. Ese mismo semanario reactivó la polémica al difundir nuevos detalles sobre esos hechos.

Los hechos se registraron entre febrero y diciembre de 2019, periodo coincidente con el mandato del general Nicacio Martínez Espinel como jefe del Ejército, quien abandonó su puesto en diciembre "por motivos familiares", según indicó en aquél momento el presidente Iván Duque.

Precisamente, el mandatario, quien ha quedado en la mira por este nuevo-viejo escándalo en las fuerzas militares, aseguró en su cuenta de Twitter que "no toleraré a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley", por lo que "pedí a Carlos Holmes Trujillo, desde que llegó al Ministerio de Defensa, adelantar rigurosa investigación de labores de inteligencia de últimos 10 años".

"Tras instrucción dada al Ministerio de Defensa, destaco que investigaciones estén produciendo resultados. Reitero mi rechazo contundente a cualquier acción de seguimiento. Perfilar periodistas, políticos y funcionarios de Presidencia debe ser investigado a fondo y sancionado con severidad", agregó.

Una situación recurrente que mantiene en la mira al Ejército colombiano

Una situación que se repite año tras año. El seguimiento a trabajadores de medios de comunicación en Colombia no es algo nuevo. Entre las víctimas del espionaje por parte de las autoridades militares colombianas hay periodistas nacionales y extranjeros que cubren temas relacionados con el conflicto armado y la corrupción.

Varios nombres de las víctimas salieron a la luz, entre ellos el periodista de The New York Times, Nick Casey, el fotógrafo independiente Stephen Ferry y Lynsey Addario, quien ha trabajado para varios medios internacionales. Todos ellos son de Estados Unidos.

De Colombia, se reveló el seguimiento a la periodista María Alejandra Villamizar de Noticias Caracol, Ignacio Gomez, subdirector de Noticias Uno, Gina Morelo, editora de la unidad de datos de El Tiempo, Yolanda Ruiz, directora de RCN Radio, Daniel Coronell, columnista y presidente de noticias de Univisión, entre otros.

Una operación de espionaje informático ilegal

Según los datos revelados por Semana, el Ejército de Colombia se valió de una parte del dinero proveniente de una agencia de inteligencia extranjera, el cual es entregado a batallones de ciberinteligencia que pertenecen a las brigadas de inteligencia militar de Colombia.

Estos organismos reciben anualmente cerca de 400.000 dólares para adquirir equipos y herramientas informáticas para la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Sin embargo, entre febrero y diciembre de 2019, una parte del dinero fue utilizada para interceptar y monitorear ilegalmente a periodistas, defensores de derechos humanos, políticos, sindicalistas, oenegés, exfuncionarios del Gobierno y medios de comunicación independientes.

“Algunos (militares) se quedaban con una parte de ese dinero y fabricaban informes ficticios para legalizar esos recursos con los 'gringos'. Con lo que sobraba compraban los ‘software’ y demás herramientas para hacer esos trabajos especiales”, dijo a la revista Semana una de las fuentes militares.

Perfiles como el de Nick Casey salen a flote en este seguimiento ilegal, ya que el periodista denunció en mayo de 2019 en The New York Times que el Ejército colombiano había ordenado a la tropa incrementar los resultados operacionales, lo que ponía en riesgo la vida de civiles y hacía pensar en el regreso de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’.

Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó los seguimientos a periodistas colombianos y extranjeros. La organización colombiana hace parte de los perfiles recopilados por el Ejército, ya que es la creadora de un medio alternativo de información llamado Liga Contra el Silencio.

Los militares recolectaron información personal y detallada de todas sus víctimas, desde números de teléfono, nombres de amigos y familiares, hasta fechas de viajes, cuentas en redes sociales y datos de las personas que dan ‘likes’ a sus publicaciones.

Con EFE y medios locales

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