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Los ‘buitres’ de la pandemia: bancos y vendedores de mascarillas en la mira en Italia

Personas hacen una fila con mascarillas y respetando la distancia social en un mercado de Turín, el 4 de mayo de 2020.
Personas hacen una fila con mascarillas y respetando la distancia social en un mercado de Turín, el 4 de mayo de 2020. © Massimo Pinca / Reuters

En medio de la crisis desatada por el Covid-19 en el país europeo, se han acumulado denuncias contra entidades bancarias y comercializadores de protectores faciales por el intento de aprovechar la emergencia para sus propios beneficios.

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Toda crisis tiene sus 'buitres'. En el caso de la pandemia del Covid-19 en Italia, el segundo país con más muertes tras Estados Unidos, las principales denuncias se han centrado sobre todo en dos sectores, señalados por sus opacos comportamientos durante la epidemia: los vendedores de mascarillas y los bancos. 

Las primeras denuncias contra estos últimos, las entidades bancarias, llegaron sin hacer mucho ruido con las medidas iniciales del Gobierno italiano para paliar la catástrofe económica sufrida por ciudadanos y empresas, a causa del confinamiento masivo y forzoso que Italia decretó en marzo.

Ejemplo de ello fue la aprobación en abril de un decreto que autorizó la concesión a las empresas italianas de préstamos avalados por el Estado, cuyo fin último era el de esquivar una ola de bancarrotas en la fase de la post-pandemia.

No obstante, el plan ha funcionado hasta ahora a medio gas, algo que cada vez más políticos y asociaciones de defensa de los clientes bancarios también achacan a las resistencias de los bancos en hacer llegar este dinero a quienes solicitaron las ayudas.

Claudio Mancini, diputado del Partido Demócrata (PD), incluso denunció, en una audiencia parlamentaria del 22 de abril, el caso de un banco que ofrecía préstamos integralmente avalados por el Estado italiano a tasas de interés excesivas.

“El Gobierno optó por vehicular las ayudas a los ciudadanos y a las empresas a través del sistema bancario, pero, sobre todo en el comienzo de la crisis, hubo resistencias por parte de los bancos: préstamos ofrecidos a intereses demasiado altos, retrasos, problemas con la documentación”, explicó Mancini, en diálogo con France 24.

“Gracias a la presión política que hemos hecho, ahora esta situación ha mejorado con respecto al comienzo, pero todavía existe el riesgo de que [los bancos] se aprovechen de las quiebras”, agregó Mancini.

La complicada relación entre Estado y bancos para vehiculizar las ayudas

Y él no es el único con este temor. Carla Ruocco, presidenta de la comisión parlamentaria que vigila a los bancos en Italia, el organismo que también integra Mancini, recientemente advirtió haber recibido reclamaciones por parte de empresas que están teniendo dificultades en acceder a las ayudas económicas otorgadas por el Gobierno italiano.

“Las quejas que hemos recibido de ciudadanos y empresas son muchas”, se quejó la diputada Ruocco, en declaraciones a la prensa italiana. “En primer lugar, [se ha denunciado] la dificultad de acceso a estos créditos por parte de empresas sanas; esto es, empresas que están en un momento de dificultad y no han podido pagar a sus proveedores”, añadió Ruocco, miembro del Movimiento 5 Estrellas (M5S).

En un encuentro público del pasado sábado 2 de mayo, también la subsecretaria de Trabajo, Francesca Puglisi, lo dijo sin rodeos. “No está funcionando la relación con el sistema bancario”, afirmó al quejarse por una situación que, en cambio, los bancarios dicen que se debe a “una legislación jurídicamente muy compleja”, tal como aseveró la Asociación Bancaria Italia (ABI).

El problema es que, para hacer frente al colapso económico generado por el encierro en Italia, cuyo PIB podría contraerse un 10% este año por la pandemia según la patronal Confindustria, el Gobierno italiano ha intentado blindar su ya frágil economía, cuyo verdadero motor son las pequeñas y medianas empresas (92% del total de las compañías activas en Italia).

Además del daño a su tejido socioeconómico, uno de los motivos ha sido que en Italia se teme que las mafias se puedan aprovechar de las dificultades de las empresas, infiltrándose allá donde la crisis pega más fuerte.

“Cuando una empresa legal entra en quiebra, la mafia se acerca a los empresarios como un socio, ésa es su fuerza”, ha denunciado el escritor Roberto Saviano, en un reciente encuentro con un grupo de corresponsales de medios extranjeros, entre ellos este medio. 

Ya ahora, “los usureros, dirigidos por la mafia, están prestando dinero para luego disponer de personas, votos, favores”, añadió Saviano.

El sobreprecio en la venta de mascarillas, otro de los abusos en medio de la crisis

Otras, aún más ácidas, han sido las polémicas sobre aquellos acusados de especular con los precios de las mascarillas o cubrebocas. Aunque no todos los comerciantes de estos productos hayan tenido malos comportamientos, algunos consumidores denunciaron haber pagado hasta 16 euros una de estas protecciones.

En estas circunstancias, el comisario extraordinario para la emergencia, Domenico Arcuri, pidió que se fijara un límite de precio para las mascarilla de tipo quirúrgico, una medida que fue autorizada en los últimos días de abril y limitó en 0.50 céntimos de euro el coste de estos tapabocas.

No obstante, en la inmediatez, la respuesta de algunos proveedores y distribuidores ha sido protestar y oponerse a la iniciativa.

“No podemos vender las mascarillas a un precio inferior a nuestros costes”, se quejó el Grupo Crai, que incluso anunció su intención de retirar de la venta sus stocks de cubrebocas. 

“En los primeros días de la crisis el precio de las mascarillas subió de 8 céntimos a 5 euros. El coste de producción es de 5 céntimos según nuestros estudios, por lo que está claro que había que limitar la ganancia”, se defendió, por su parte, Arcuri. 

No ha sido la única polémica ocurrida en torno a este (ahora altamente rentable) mercado. Otro ha sido el caso de algunas instituciones, como la administración de la región del Lacio, que compró partidas de mascarillas defectuosas o que nunca han llegado.

De ahí que ya sean varias las fiscalías italianas, entre ellas las de Bari (sur), Milán (norte) y Roma (centro), las que se han puesto manos a la obra, y han abierto indagaciones para investigar a este mercado.

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