La pandemia hace brillar las pésimas condiciones de las cárceles latinoamericanas

Los familiares de los reclusos rezan en las afueras de la penitenciaría de Los Llanos luego de que un motín estalló dentro de la prisión dejando a decenas de muertos mientras la enfermedad por coronavirus (COVID-19) continúa en Guanare, Venezuela, 2 de mayo de 2020.
Los familiares de los reclusos rezan en las afueras de la penitenciaría de Los Llanos luego de que un motín estalló dentro de la prisión dejando a decenas de muertos mientras la enfermedad por coronavirus (COVID-19) continúa en Guanare, Venezuela, 2 de mayo de 2020. © Freddy Rodriguez \ Reuters

Hacinamiento, motines, abusos de derechos humanos y la llegada del Covid-19 son algunos de los ingredientes que afectan gravemente la situación de los reclusos en las cárceles de América Latina.

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El más reciente incidente grave en una cárcel de América Latina ocurrió el pasado 1 de mayo en la penitenciaria de Los Llanos, en Venezuela. Según las autoridades hubo un intento de fuga, según organizaciones de derechos humanos una masacre a plena luz del día: 47 reclusos resultaron muertos.

Y no fue un hecho extraordinario en una región donde los centros de reclusión son escenarios de las peores infracciones a los derechos humanos: los presos acuden a motines y protestas en medio de este clima por la pandemia del coronavirus. Y los incidentes que se saldan con muertos se repiten en Colombia, Perú, México, El Salvador, entre varios otros.

La situación llegó a oídos de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Su portavoz, Rupert Colville, manifestó que "los problemas estructurales preexistentes, como el hacinamiento crónico y las condiciones antihigiénicas, junto con la falta de acceso adecuado a la atención médica, han permitido la rápida propagación de Covid-19 en muchas instalaciones".

Y es que el brote ya llegó a varios centros penitenciarios sin que estos tuvieran planes para manejar este tipo de emergencias y la demora en las soluciones ha hecho que los episodios de violencia se vuelvan más comunes.

Casos comunes en toda América Latina

Uno de los hechos más preocupantes sucede en una cárcel colombiana, al sur del país. En el Centro Penitenciario de Villavicencio más de 500 reclusos tienen casos confirmados por Covid-19 y esperan su suerte en medio del hacinamiento que llega a más del 90% en esa prisión.

En el mismo país, dos semanas atrás, un motín de presos en la cárcel Modelo de Bogotá resultó con el saldo de 23 muertos tras la intervención de las fuerzas de seguridad el pasado 21 de marzo. Los reclusos protestaban ante el riesgo por la llegada de la pandemia al interior de la prisión. En Colombia, otras cuatro cárceles tienen internos positivos para Covid-19.

Los internos en la prisión de Puraquequara son vistos en el techo durante un disturbio luego de un brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en Manuas, Brasil, 2 de mayo de 2020.
Los internos en la prisión de Puraquequara son vistos en el techo durante un disturbio luego de un brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en Manuas, Brasil, 2 de mayo de 2020. © Bruno Kelly\ Reuters

El 27 de abril, otro motín, esta vez en Perú, terminó con nueve muertos.

Intentos de fuga similares se han presentado en Argentina, México y Brasil. En este último país, que además es el que presenta más víctimas fatales por la pandemia en la región (más de 8.000), el incidente en la cárcel de Manaos se solucionó tras horas de negociación con los reclusos que tenían retenidos a varios funcionarios de la prisión.

"La escala y gravedad de los incidentes mencionados parece indicar que en algunos casos los Estados no han adoptado las medidas adecuadas para prevenir la violencia en las instalaciones de detención y que los agentes estatales habrían cometido violaciones del uso de la fuerza en su intento por recuperar el control de dichas instalaciones", agregó Colville.

La ONU pide liberación sin impunidad

La salida que plantea las Naciones Unidas pasa por liberaciones masivas para reducir los niveles de hacinamiento. Piden primero liberar a los grupos de presos más vulnerables: adultos mayores, mujeres embarazadas, menores de edad.

También espera que esas medidas se amplíen a otros reclusos "como la liberación de otras categorías de presos que cumplen sentencias cortas por delitos no violentos, así como niños y personas detenidas por delitos de inmigración".

La oficina de Bachelet también pide que cesen las detenciones arbitrarias, una medida que ha sido una constante en las naciones latinoamericanas según denuncian las organizaciones de derechos humanos.

“Las personas detenidas arbitrariamente, sin base jurídica suficiente, o por delitos incompatibles con el derecho internacional, así como todos los encarcelados por ejercer sus derechos humanos, incluida la expresión de opiniones discrepantes, también deben ser liberados”, concluyeron.

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